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Cilia Flores, esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, habla con los medios en Caracas, Venezuela. 12 de enero de 2016. Dos sobrinos de la primera dama de Venezuela acusados de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos dicen que temieron por sus vidas, después de ser arrestados en un hotel de Haití el año pasado cuando pensaron que estaban siendo secuestrados por sus vínculos políticos. REUTERS/Marco Bello

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Por Nate Raymond

NUEVA YORK (Reuters) - Dos sobrinos de la primera dama de Venezuela acusados de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos dicen que temieron por sus vidas, después de ser arrestados en un hotel de Haití el año pasado cuando pensaron que estaban siendo secuestrados por sus vínculos políticos.

Franqui Francisco Flores de Freitas, de 30 años, y Efrain Antonio Campo Flores, de 29, presentaron un escrito el viernes en una Corte Federal de Manhattan con el que buscaron suprimir declaraciones a las autoridades estadounidenses después de su arresto.

La presentación en la corte es la primera vez en que los sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, comentan su arresto en noviembre pasado y la investigación en Estados Unidos.

En declaraciones en primera persona, los hombres dijeron que durante una reunión en una habitación de hotel en Puerto Príncipe, Haití, unos 20 hombres fuertemente armados sin identificación visible ingresaron al cuarto y los secuestraron.

"Considerando mi relación familiar con altos miembros del Gobierno venezolano, creí que éramos blancos potenciales de un esquema extorsivo u otro intento violento como represalia contra mi familia y mi país", dijo Campo Flores.

Recién varias horas después de ser puestos en un avión, las autoridades se identificaron como parte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y les informaron que habían sido acusados, dijeron los hombres.

Agregaron que les advirtieron de que enfrentarían hasta una condena de prisión perpetua si no cooperaban. Los abogados de ambos dijeron que hablaron con los agentes sin entender totalmente el derecho estadounidense a permanecer en silencio. Sus letrados quieren que esas declaraciones sean suprimidas.

Un portavoz del fiscal de Manhattan Preet Bharara, cuya oficina está manejando el caso, no quiso hacer comentarios.

El caso, que surgió a partir de una operación encubierta de la DEA, es una de varias investigaciones de autoridades estadounidenses que han asociado a personas vinculadas con el Gobierno venezolano con el tráfico de drogas.

(Reporte de Nate Raymond en Nueva York; Editado en español por Lucila Sigal)

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