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Imagen de archivo de los efectos de un sismo y posterior maremoto en Talcahuano, Chile, mar 4, 2010. Un tribunal chileno acogió el jueves una salida extrajudicial para un grupo de ex funcionarios que actuaron con negligencia al no ordenar la evacuación inmediata de zonas costeras tras un tsunami que azotó al país hace seis años. REUTERS/Mariana Bazo

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SANTIAGO (Reuters) - Un tribunal chileno acogió el jueves una salida extrajudicial para un grupo de ex funcionarios que actuaron con negligencia al no ordenar la evacuación inmediata de zonas costeras tras un tsunami que azotó al país hace seis años.

Una fiscalía, con el beneplácito de una jueza, llegó a un acuerdo con los seis imputados para indemnizar por un total de 235 millones de pesos (unos 345.000 dólares) a los familiares de 104 personas que murieron por el maremoto que se produjo tras un devastador sismo el 27 de febrero de 2010.

"Se aprueba la suspensión condicional del procedimiento por cumplirse con los requisitos legales para ello, validándose la salida alternativa como excepción al principio de legalidad de promover y perseguir la persecución penal", dijo la jueza Carolina Gajardo.

La magistrada precisó que el acuerdo económico reviste un carácter sancionatorio en que se reconoce la culpabilidad de los imputados, pero donde no hubo dolo.

Dada la intachable conducta anterior de los acusados, la jueza determinó que no sería conveniente ni para los imputados ni para los familiares de las víctimas ir adelante con un juicio oral en que probablemente no habría sanciones de cárcel, por lo que apoyó una salida abreviada.

El 27 de febrero de 2010, un poderoso terremoto de magnitud 8,8 y posterior tsunami azotaron a la zona central y sur de Chile. En total, 521 personas murieron como consecuencia de los dos desastres naturales, según estimaciones oficiales.

Entre los imputados en la causa figuraban Patricio Rosende, ex subsecretario del Ministerio de Interior del primer gobierno de Michelle Bachelet, además de la ex jefa de Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) Carmen Fernández y funcionarios de la Armada.

Junto con el acuerdo indemnizatorio, la jueza Gajardo solicitó a los involucrados que ofrezcan disculpas públicas a los familiares de las víctimas.

"Este terremoto no sólo produjo un colapso total en nuestras capacidades de comunicación y reacción, sino que develó nuestra precariedad como Estado (...) La tristeza por las consecuencias de esta catástrofe que cambió la vida de todos son imborrables y el dolor me acompañará por siempre", dijo Rosende en su mensaje.

"Fui vocero de la precariedad del Estado y desde el primer día he asumido las consecuencias del rol que me tocó desempeñar", agregó.

Los familiares y abogados de las víctimas se mostraron igualmente decepcionados e insatisfechos por la salida extrajudicial que fue adoptada.

"Es un fallo aberrante (...) aquí hubo incumplimiento de deberes militares", dijo el abogado Raúl Meza, abogado de las víctimas.

(Reporte de Antonio de la Jara, con contribución de Felipe Iturrieta. Editado por Patricio Abusleme)

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