Solicitantes de asilo devienen indocumentados
Mientras que el número de solicitantes de asilo disminuye, aumenta el de las personas sin autorización de estancia en Suiza.
En su lucha contra el fenómeno de la clandestinidad, contrario a la dignidad humana, la Cruz Roja Suiza organiza en Berna una conferencia.
Durante el encuentro, realizado este martes, se puso de manifiesto el deterioro de las condiciones de vida de las personas carentes de los documentos requeridos para una estancia legal en Suiza y que, por ende, no tienen acceso a los servicios sanitarios, o tienen un acceso restringido.
Para Jürg Schertenleib, de la Organización Suiza de Ayuda a los Refugiados (OSAR), el incremento en el número de personas que vive en el país en forma clandestina obedece al hecho de que cada vez se hace más difícil obtener una autorización de estancia.
En su opinión, la decisión gubernamental de suprimir la ayuda social a los solicitantes de asilo rechazados ha contribuido también a la precarización de esos sectores.
Hasta ahora, sólo el 18% de los solicitantes de asilo rechazados ha pedido la ayuda humanitaria, precisó Jürg Schertenleib para agregar que el resto se mantiene gracias a trabajos “al negro” (sin autorización) o merced a la ayuda de familiares.
Armonizar los sistemas
Para poner término a esa situación, Jürg Schertenleib estima necesario que los países europeos acepten un mayor número de refugiados. Asimismo, dice que tendría que armonizarse, a un nivel aceptable, el sistema de asilo de los diversos países, amén de que los retornos deberían llevarse a cabo en un marco de seguridad.
Durante la conferencia de este martes, los representantes de la OSAR y de la Cruz Roja establecieron un balance poco positivo de la situación de esos inmigrantes tras el endurecimiento de las reglamentaciones en materia de asilo y de extranjeros, en abril del 2004.
La OSAR solicitó inclusive una investigación independiente al respecto.
Derechos también para los indocumentados
Los llamados ‘sin papeles’ también tienen derechos, como lo establece una docena de acuerdos internacionales, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló Franck Düvell, de la organización PICUS, que se ocupa de la cooperación mundial a favor de los inmigrantes clandestinos.
Empero, continuó, los derechos de los indocumentados no son respetados por la simple razón de que esas personas se encuentran en situación irregular y las autoridades no las conocen, o bien, en algunos casos, porque las legislaciones nacionales no respetan los acuerdos de carácter internacional.
El derecho a la salud, inalienable
Franck Düvell se refirió asimismo a las dificultades que enfrentan esas personas para acceder a los servicios de salud, que es un derecho inalienable.
El doctor Hans Wolff, del Hospital Universitario de Ginebra (HUG), responsable de un equipo interdisciplinario creado en 1996 y que se ocupa de unos 3000 pacientes por año, destacó, por su parte, que la directiva oficial que obliga a las empresas aseguradoras a aceptar a los ‘sin papeles’, no ha modificado la situación en Suiza.
Se estima que nueve de cada 10 indocumentados carecen de seguro médico. E inclusive, aquellos que lo poseen vacilan en emplearlo ante el temor de ser repatriados. El miedo de ser descubiertos es permanente entre ellos.
Estabilidad precaria
La mayoría de las personas sin documentos vive, con frecuencia, muchos años en una situación de “estabilidad precaria”, indicó por su parte Pierre-Alain Niklaus, responsable del servicio de asesoría para los ‘sin papeles’ de Basilea.
La gran mayoría de las personas en situación clandestina procede de América del Sur y buena parte son mujeres, puntualizó para enfatizar que una situación semejante requiere de mucha energía y creatividad.
swissinfo y agencias
El movimiento suizo a favor de las personas indocumentadas pide que los sindicatos lancen un referéndum contra la Ley sobre los Extranjeros que se contrapone a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Demanda que Suiza ratifique la Convención de la ONU sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y de los miembros de su familia.
Pretende que los sindicatos asuman la responsabilidad de los 200.000 trabajadores ‘al negro’ (de manera irregular).
Estos últimos laboran sobre todo en los sectores de la agricultura, la hotelería, la limpieza de los hogares, y obtienen salarios inadecuados.
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