Víctimas de guarimbas piden justicia desde Suiza
La declaración estadounidense de Venezuela como “amenaza para la seguridad nacional” levantó una ola de rechazo en América Latina. Entre las causas esgrimidas por Washington, “los abusos en respuesta a protestas antigubernamentales”. Víctimas de tales manifestaciones testimonian en la sede de la ONU y en conferencia pública en Ginebra.
“¿Qué mosca le picó a la administración de Barack Obama?”, inquiere ‘Le Temps’ (14.03). En momentos en que se recrudece la acción del Estado Islámico y la crisis ucraniana “la formulación alarmista del decreto presidencial parece contradecir la realidad del peligro que podría representar Venezuela”, anota el diario suizo.
El 9 de marzo, el mandatario estadounidense declaró una “emergencia nacional” frente a Venezuela por la “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior”.
La medida fue recibida con sarcasmo: “Quien diga que Venezuela puede ser una amenaza para EE UU tiene que estar pasado de manija (orate)”: José MujicaEnlace externo, ex presidente uruguayo; y con preocupación: La declaración “es un formalismo que siempre ha usado ese país para realizar embargos económicos y una posterior intervención militar”: Adolfo Pérez EsquivelEnlace externo (Premio Nobel de la Paz 1980).
Elecciones bajo tensión
Las elecciones legislativas, previstas para este 2015 y en la que se renovará todo el Parlamento, tendrán lugar “llueve, truene o relampaguee”: Nicolas Maduro.
“Es el mejor escenario para que se confronten las dificultades”: Ernesto Samper, secretario de Unasur.
Los comicios tendrán lugar en un clima de fuerte tensión en Venezuela con los irresueltos problemas derivados de la escasez, la inflación y la delincuencia que alimentan las protestas callejeras.
La decisión de Maduro (31.01) de permitir el uso de armas de fuego durante las manifestaciones generó nuevas crispaciones, sobre todo porque días antes un joven de 14 años había sido muerto por el disparo de un policía durante un enfrentamiento entre contestatarios y fuerzas del orden.
Acusado de participar en la intentona golpista denunciada el mes pasado y que contemplaba ataques aéreos contra instalaciones del Estado, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma fue arrestado el 19 de febrero.
Sin embargo, su detención, lo mismo que la de Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular (quien se entregó a la policía el 18.02.14), han sido condenadas dentro y fuera de Venezuela.
Tras la declaración de Venezuela (09.03) como “amenaza para la seguridad” de EE UU, Maduro solicitó “poderes extraordinarios” ; es decir, la facultad de gobernar por decreto en los casos vinculados con la defensa del país.
Asimismo, la medida de Washington provocó una vigorosa corriente de solidaridad con Venezuela en la región. Los países de Unasur calificaron la medida de intervencionista y exigieron su supresión.
Pero, sobre todo, detonó una serie de protestas en América Latina, “donde el intervencionismo estadounidense de las administraciones Nixon y Reagan está grabado en las memorias”: ‘Le Temps’.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)Enlace externo consideró el decreto de la Casa Blanca como “una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”.
Contra “actos significativos de violencia”
La ordenEnlace externo de Obama enfoca a aquellos “involucrados en acciones o políticas que debiliten los procesos o institutos democráticos; actos significativos de violencia o conductas que constituyan un serio abuso o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014”, entre otros.
Sanciona a siete miembros del Gobierno y exige la liberación de “presos políticos”, incluido Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición.
Pero, ¿qué pasó en 2014? Familiares de personas que perdieron la vida durante las protestas viajaron a Europa para dar testimonio.
En Ginebra se reunieron con el Alto Comisionado de la ONU para los DD HH, Zeid Ra’ad Al Hussein; con representantes de la comunidad internacional y con el público suizo en una conferencia en la que el diputado Carlo Sommaruga transmitió a los deudos la solidaridad de los parlamentarios socialistas.
Igualmente, el presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja helvética destacó la importancia de encuentros semejantes que permiten la difusión de informaciones no publicadas, o muy escasamente, por la prensa.
¿Manifestaciones pacíficas?
“El 18 de febrero de 2014 fue el peor día de mi vida. A las 11.15 de la noche llamaron a mi esposo para que garantizara los servicios asistenciales a una mujer que había sido herida y se estaba agravando. Al acudir, su auto colisionó a causa de una trampa puesta por los manifestantes. Murió instantáneamente”.
Detalló Nairobi González que cuando fue a buscar el cadáver de su marido, los contestatarios le cerraron el paso. “Les dije que mi esposo había muerto, que era fiscal. Entonces los ataques se volvieron contra mí e intentaron incendiar mi auto”.
En el encuentro con el público (13.03) participaron también Luis Durán, padre de un joven degollado por una guaya (alambre) cuando se dirigía del trabajo a su casa; Carmen Labrador, cuyo hermano fue asesinado por un francotirador cuando volvía de visitar a un familiar, y Cristobal Corneilles, de la ONG ‘Sur-Derechos Humanos’.
“Se ha pretendido que fueron manifestaciones pacíficas reprimidas brutalmente, pero fueron manifestaciones violentas”, denunció este último. “Nunca se había visto que lanzaran bombas incendiarias contra una guardería o contra choferes de autobuses”.
Una convocatoria “irresponsable”
Estas historias se inscriben en el marco de la violencia desatada entre febrero y junio de 2014, tras de que a las pacíficas protestas estudiantiles contra el crimen, el desabasto y la inflación, se sumara la convocatoria lanzada por líderes de la oposición, encabezados por Leopoldo López, para ganar las calles y forzar así “La salida” (el derrocamiento) de Nicolás Maduro.
El llamado se tradujo en una serie de ataques a infraestructura, vías públicas e instituciones educativas, sanitarias y de distribución de alimentos, además de sedes de Gobierno, incluido el Ministerio de Vivienda, donde opera una guardería infantil en la que se hallaban 94 menores.
Los manifestantes instalaron en las calles “guarimbas” (barricadas), guayas y trampas con piedras y objetos punzocortantes ocultos con basura. Francotiradores se apostaron en azoteas y dispararon a transeúntes y a personas que intentaban despejar el paso.
La convocatoria se saldó con 43 muertos (una decena por trampas y guarimbas, y el resto por armas de fuego, incluidos nueve elementos de seguridad), y más de 800 heridos, algunas mutilados, amén de millonarias pérdidas materiales.
La justicia venezolana culpa a Leopoldo López de instigación a la violencia y está siendo procesado. Su detención generó protestas en Venezuela, en foros internacionales y en diversos países, incluido Estados Unidos, que la consideran como un asunto meramente político.
Para los miembros del Comité, la convocatoria de López “fue una irresponsabilidad” cuando ya en 2013, el exhorto del derrotado aspirante presidencial Henrique Capriles a “descargar la arrechera” (cólera) por el resultado electoral había culminado con el asesinato de una decena de personas.
Los instigadores de la violencia deben responder por sus actos, reclamó Nairobi González:
“En mi mente y en mi corazón tengo clavada la imagen de mis hijos (7 y 9 años) cuando les dije que no volverían a ver nunca a su padre… Es un dolor íntimo que hago público para exigir justicia”.
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