¿Podrá seguir recaudando los impuestos la Confederación?
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es la principal fuente de ingresos de la Confederación, seguido del impuesto federal directo (IFD): juntos representan casi dos tercios del total de ingresos. El pueblo suizo es convocado el 4 de marzo para decidir si renueva para otros 15 años la autorización a la Confederación de su recaudación.
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Autorizar a la Confederación a cobrar el impuesto federal directo (IFD) y el impuesto sobre el valor añadido (IVA) para otros 15 años: ésta es la decisión que deberá tomar el pueblo suizo el 4 de marzo. En juego están casi dos tercios del caudal fiscal. Sin embargo, esta votación no ocasiona ni la más mínima incertidumbre: nadie lucha contra el decretoEnlace externo.
Son dos de los principales recursos financieros de la Confederación: en 2016, el IFD y el IVA han aportado a las arcas federales algo más de 43 500 millones de francos, lo cual equivale a casi el 65% de los ingresos.
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Con ocasión de la presentación del Nuevo Régimen Financiero (NOF 2021Enlace externo), y con vistas a la votación popular del 4 de marzo, el ministro helvético de Finanzas, Ueli Maurer, ha sido claro: sin estos dos impuestos la Confederación tendría que ponerse de rodillas. Solo “con un tercio de los ingresos, sencillamente, ya no nos sustentaríamos financieramente”.
Solo el plazo sería nuevo
El NRF 2012 no comporta ningún cambio en los dos impuestos: ni subidas, ni reducciones. No se vota sobre los tipos impositivos del IFD y del IVA, sino sobre el principio —anclado en la Constitución— de que la Confederación pueda recaudarlos, aunque en plazos determinados: hasta el año 2035. Luego, el Gobierno tendrá de nuevo que pedir autorización.
Se trata de un principio ampliamente consolidado. Se encuentra inscrito en la Constitución federal desde hace ya casi 60 años, y, reiteradamente, el pueblo y los cantones siempre han avalado su renovación.
Que se encuentre firmemente arraigado en la mentalidad colectiva lo demuestra el hecho de que ambas cámaras federales hayan aprobado por unanimidad la propuesta gubernamental de prolongar el plazo por otros 15 años.
En el Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento federal) se ha debatido brevemente sobre la oportunidad, ya sea de reducir a diez años el nuevo plazo, como lo propuso la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora), o bien de anular el plazo temporal y, de esta forma, conceder definitivamente a la Confederación la facultad de recaudar ambos tributos, como lo deseaban socialistas y verdes. Sin embargo, ambas propuestas no han recibido ningún apoyo, más allá de los partidos que lo han propugnado. Al final, nadie se opuso a la prórroga de 15 años. En cuanto a la cámara de los cantones, no ha habido ningún debate: los senadores dieron inmediatamente su beneplácito unánime.
La madre de todas las catástrofes
Al principio, también el Gobierno prefirió suprimir el plazo. Efectivamente, si se tiene en cuenta la importancia vital de estos ingresos, hubiese sido para la Confederación más oportuno garantizar su continuación.
Sin embargo, en la consulta preliminar se vio que casi todos los partidos eran contrarios. El Ejecutivo renunció, pues, a presentar una propuesta de ley que no hubiese alcanzado una mayoría en el parlamento. Mientras que, por el contrario, el NRF 2021 sí logró un apoyo sin fisuras.
Tratándose de una enmienda constitucional, el nuevo plazo debe someterse obligatoriamente a votación popular, y para su aprobación se requiere de la doble mayoría de votos, tanto de los votantes como de los cantones.
Todos los partidos recomiendan votar ‘sí’, y también los cantones —que cobran el 17% del total del impuesto federal directo— defienden al unísono el voto a favor. Ni siquiera en la ciudadanía se han levantado voces contrarias a este propósito. Todo apunta, pues, a un gran éxito.
Pero si el 4 de marzo, en contra de todas las expectativas, saliera un no de las urnas, ¿qué pasaría? “Sería la madre de todas las catástrofes”, espetó Ueli Maurer en la rueda de prensa. El ministro añadió que “no existe ningún plan B”: sería imposible encontrar fuentes de ingresos alternativas tan caudalosas o hacer recortes de esta envergadura, además en plazos tan breves. A partir del 1º de enero de 2021, la Confederación ya no podría desempeñar la mayoría de las propias tareas.
Caso único en el mundo
Por remota que pueda parecer esta hipótesis en el contexto actual, el hecho de que el Estado deba pedir a la ciudadanía, en plazos reiterados, el permiso para continuar imponiendo tasas es, por lo menos, singular, además de potencialmente arriesgado. Es un “caso único en el mundo” que deja “sin palabras” a los ministros de Hacienda de otros países cuando el tesorero de la Confederación les explica los procedimientos suizos, reconoce el propio Ueli Maurer.
Esta peculiaridad se debe al sistema de la democracia directa suiza, agregó el ministro. “El pueblo es soberano y me parece justo pedirle autorización para poder continuar recaudando impuestos.”
Según el tesorero de la Confederación, someterse cada 15 años al examen de la situación es un ritmo “razonable”. De esta manera se establece un diálogo que refuerza el sentido de responsabilidad del Estado y de la ciudadanía.
Provisionalidad desde hace más de un siglo
La temporalidad de la autorización para recaudar impuestos también tiene sus raíces históricas en el federalismo. Cuando nació el Estado federal en 1848, la Confederación, que a la sazón tenía competencias muy limitadas, solo podía cobrar derechos aduaneros, mientras que la recaudación de los impuestos directos sobre la renta y el patrimonio era un derecho exclusivo de los cantones.
La primera vez que la Confederación recaudó impuestos directos fue en 1916, y lo hizo solo por un período de dos años como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero con el tiempo, estos impuestos extraordinarios se hicieron cada vez más frecuentes. Desde el año 1958 están inscritos en la Constitución federal, aunque siempre por un período limitado. El impuesto sobre el que se votará el 4 de marzo significaría la novena prorrogación.
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Una revolución fiscal para lograr el giro energético
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Subir los precios de los combustibles y los carburantes para reducir el consumo de energías fósiles. Es lo que proponen los Verdes Liberales en una iniciativa que quiere sustituir el IVA por un impuesto energético. Casi todos los demás partidos se oponen al proyecto.
Cambio climático, contaminación atmosférica, efectos dañinos para la salud y el medio ambiente: las energías fósiles – petróleo, gas, carbón – causan graves problemas, con los que cargarán las futuras generaciones. En Suiza, el debate sobre el giro energético comenzó hace treinta años. Sin embargo, el 66% del abastecimiento energético del país aún proviene de fuentes fósiles, mientras las nuevas energías renovables – sol, viento, biogás – representan apenas el 2%.
En 2011, tras el accidente nuclear de Fukushima, el Gobierno decidió elaborar una nueva Estrategia Energética 2050, que prevé mejorar la eficiencia energética y desarrollar las fuentes renovables para prescindir progresivamente de la energía atómica y reducir el consumo de fuentes fósiles. Este paquete de medidas – que se ha sometido al Parlamento – constituye un paso en la buena dirección, pero su aplicación avanza a paso de tortuga, a juicio de los Verdes Liberales (VL).
Con la iniciativa Reemplazar el IVA por un impuesto sobre la energía, el partido de centro propone una revolución del sistema fiscal para acelerar el giro energético. Según el texto, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) deberá sustituirse en el plazo de cinco años por un gravamen sobre la producción y la importación de energías no renovables. Este nuevo gravamen llevará a un fuerte encarecimiento de los carburantes y los combustibles fósiles, por lo que favorecerá el ahorro energético y aumentará la competitividad de las energías limpias.
Iniciativa de los Verdes Liberales
En texto estipula que se suprima el impuesto sobre el valor añadido (IVA) el plazo de 5 años. En su lugar, se aplicará un gravamen sobre la producción o la importación de energías no renovables.
La recaudación de este impuesto deberá corresponder inicialmente a los ingresos del IVA durante el quinquenio precedente a su supresión. Luego, los ingresos se calcularán para que correspondan a un porcentaje fijo del Producto Interior Bruto.
Para evitar distorsiones de la competitividad internacional, la ley puede contemplar excepciones para los sectores industriales que consumen mucha energía e introducir un impuesto sobre la energía gris, que pesaría principalmente sobre las importaciones.
El 5% de los impuestos recaudados se utilizarían para reducir las primas del seguro médico de las clases con ingresos bajos u otras medidas de desgravación en su favor.
IVA, un impuesto equivocado
“En el marco de la nueva estrategia energética se discuten miles de propuestas de decretos, impuestos, subvenciones. Con nuestra iniciativa podemos resolver de un solo golpe todos estos problemas. Un impuesto energético reduciría, además, la menor carga administra respecto al IVA que pesa no solo sobre el Estado, sino también sobre más de 300 000 empresas”, explica Martin Bäumle.
Según el presidente de los VL, el nuevo gravamen permitirá, entre otras cosas, reducir más rápido la dependencia energética del extranjero. Cada año, Suiza gasta más de 13 000 millones de francos para comprar petróleo y gas que provienen en gran parte de países inestables. El fomento de las energías renovables, en cambio, dará un empujoncito a la industria helvética de las energías limpias (cleantech) y generará un valor agregado, así como miles de puestos de trabajo en el país.
“El IVA es un impuesto concebido de modo erróneo. Afecta al valor añadido que han creado nuestras empresas. Y afecta a la innovación, o sea, justo uno de los puntos fuertes de nuestra economía. Es mucho más sensato introducir en su lugar un impuesto que grave las energías no renovables importadas de regiones lejanas”, subraya Bäumle.
Turbulencias económicas
La iniciativa no cuenta con el aval del Gobierno, que recomienda al pueblo que la rechace. El Ejecutivo está convencido de que no se podrá reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 sin aumentar los precios de las energías fósiles. Para compensar los ingresos del IVA, estimados en cerca de 23 000 millones de francos al año, los gravámenes sobre los carburantes y los combustibles de origen fósil deberían fijarse a un nivel demasiado alto: la gasolina, por ejemplo, aumentaría al menos 3 francos el litro.
Así, el nuevo sistema fiscal penalizaría los hogares con ingresos bajos y restaría competitividad internacional a las empresas suizas. Para evitar distorsiones de competitividad, la iniciativa contempla excepciones para los sectores industriales que más energía consumen. Según el Gobierno, sin embargo, el impuesto energético amenaza con provocar “turbulencias económicas” a corto y medio plazo.
El Consejo Federal se niega a suprimir el IVA, que constituye la principal fuente fiscal del Estado (35%) y garantiza unos ingresos estables. Para fomentar el giro energético, el Gobierno prevé introducir a partir de 2012 un sistema de incentivos que prevé un gravamen sobre las energías fósiles cuya recaudación se distribuirá a los hogares y las empresas. Este proyecto, aunque aún incierto, provocará seguramente luchas encarnecidas entre los grupos parlamentarios.
Impuestos energéticos
En Suiza ya se han aplicado gravámenes para alcanzar los objetivos en materia de política climática y energética.
La Confederación cobra un impuestos CO2 sobre la producción y la importación de combustibles fósiles. Un tercio de la recaudación se destina a financiar un programa de ahorro energético y el resto se distribuye a la población.
Desde hace muchos años se habla de introducir un impuesto análogo sobre los carburantes de origen fósil. Una propuesta que hasta ahora ha rechazado el Parlamento, donde la derecha tiene mayoría.
También se gravan los costes de transporte de la energía eléctrica para costear el suministro de electricidad producida a partir de fuentes renovables, el tráfico pesado, así como los aceites minerales.
Financiación no duradera
La iniciativa de los VL ha cosechado algún que otro apoyo de sus ‘primos’ de izquierda, el Partido Ecologista (Verdes), promotores de una propuesta análoga que fracasó rotundamente (77%) en las urnas en 2001. Según los otros partidos, el gravamen energético representa una solución inviable. Considera arriesgado que la fuente de ingresos de un Estado dependa de una fuente – las energías fósiles – que se pretende reducir gradualmente.
Según la derecha y el centro, el impuesto energético constituye, además, una amenaza para el futuro de la plaza industrial y un obstáculo a la movilidad. “Suiza va muy avanzada en lo que se refiere a las medidas para reducir las emisiones de CO2 que prevé el Protocolo de Kioto. No podemos ir aún más lejos que los demás países con nuevos impuestos energéticos. Solo debilitarían nuestra economía y apenas tendrían efectos sobre el clima”, sostiene Albert Rösti, diputado de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora).
La izquierda defiende el IVA por razones de índoles social, entre otras. “El encarecimiento de las energías fósiles es indispensable para lograr un giro energético y medioambiental, pero debe hacerse en el marco de un sistema de incentivos. Sería peligroso privar al Estado de una fuente fiscal sólida como el IVA, que sirve para financiar parte de la seguridad social”, sostiene Eric Nussbaumer, diputado socialista.
Penalizar el despilfarro
“Ha llegado el momento de actuar, pero tal vez vayamos 20 años por delante de los demás partidos”, afirma Martin Bäumle en respuesta a las críticas. “No cabe duda de que un gravamen sobre la energía puede garantizar una financiación duradera al Estado: si se reduce el consumo de carburantes y combustibles fósiles, bastará con aumentar la tasa impositiva. Y si dentro de 100 años desaparecieran las energías fósiles, no sería un problema gravar las demás fuentes, que también dañan el medioambiente, aunque en menor medida. Siempre necesitaremos energía”.
“Además, nuestra iniciativa no tendrá repercusiones negativas para las empresas y los hogares, ya que el aumento de los precios de los carburantes y los combustibles se compensará con la supresión del IVA. Solo se penalizará a quienes consumen mucha energía de origen fósil”.
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