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Votación del 18 de mayo


Pederastas… ¿nunca más deben trabajar con niños?


Por Clare O'Dea


Un osito de peluche´, símbolo de la inocencia de los niños víctimas de pederastia. (Keystone)

Un osito de peluche´, símbolo de la inocencia de los niños víctimas de pederastia.

(Keystone)

La iniciativa que quiere prohibir a los culpables de pederastia volver a trabajar con niños es posiblemente el tema más emotivo que votan los suizos el 18 de mayo. La cita en las urnas es la culminación de 10 años de campaña detonada por un caso registrado en Biel.

La iniciativa, que respalda sobre todo la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) y los demócratas cristianos (PDC, centro), causó encendidos debates parlamentarios el año pasado. Los adversarios prefirieron mantenerse cautos y silenciosos, porque ningún partido quiere ser acusado de defender a los pederastas.

A mediados de marzo, el diputado liberal Andrea Caroni decidió saltar a la palestra y crear un comité en contra de la propuesta.

Presentada por Marche Blanche, una asociación integrada mayoritariamente por padres de familia, la iniciativa popular propone reformar la Constitución suiza para asegurar que todas “las personas condenadas por atentar contra la integridad sexual de un niño o de una persona dependiente sean privadas definitivamente del derecho a ejercer actividades profesionales -o benévolas- con menores de edad o personas dependientes”.

Su aprobación requiere la denominada doble mayoría, es decir,  de votos populares y de cantones. Los críticos del proyecto consideran que los términos son demasiado estrictos y desproporcionados, pero también que la revisión del Código Penal  -aprobada por el Parlamento en noviembre y que previsiblemente entrará en vigor en 2015- resuelve adecuadamente problemas de los pederastas reincidentes.

Reciente condena

Las historias trágicas de abuso sexual infantil jamás se alejan definitivamente de los titulares. El pasado 21 de marzo, se conoció la sentencia en el abuso serial más grande y famoso de Suiza.

El acusado, de 57 años de edad, fue condenado a 13 años de reclusión y a una medida cautelar por haber abusado durante 29 años de más de 100 niños y adultos con discapacidades físicas o mentales hasta que fue descubierto.

Las pruebas contra este hombre, que trabajó en ocho residencias para personas con discapacidad mental, incluyen fotografías y largas horas de vídeos sobre los abusos que el mismo grababa.

Fue juzgado por 33 casos de abuso contra niños y adultos con discapacidad física y mental. Pero hay otras 91 víctimas cuyos casos no podrán ser juzgados, porque el plazo para denunciar los hechos venció antes de 2008, cuando se aprobó la enmienda por la que nos delitos de pedofilia no prescriben.

Nuevas sanciones

En los tres años desde que los promotores de la iniciativa presentaron las firmas necesarias para someterla a votación, las dos cámaras del Parlamento no lograron, pese a numerosos debates, emitir una recomendación conjunta a favor o en contra, como suele ser la regla.

Las tentativas precedentes para endurecer los castigos contra los pederastas fracasaron, hasta que en noviembre pasado el Legislativo volvió a discutir el tema de la “prohibición de trabajo” y adoptó nuevas sanciones contra los pederastas.

Los castigos varían según la gravedad de los delitos y se aplican también a los casos de violencia contra menores aunque no sean de carácter sexual. Entre ellos se incluye una prohibición para trabajar con menores durante una década, que puede prolongarse durante cinco años o ser perpetua en circunstancias específicas.

Además, los jueces podrán prohibir a los abusadores cualquier tipo de contacto con las víctimas y ordenar que los pederastas condenados se mantengan alejados de algunos lugares públicos.

Satisfecho con esta solución legal que garantiza el llamado principio de proporcionalidad –evitar el uso desmedido de sanciones cuando estas conlleva una restricción de la libertad-, el Gobierno rechazó formalmente la iniciativa de Marche Blanche el pasado 24 de marzo por considerarla imprecisa, incompleta, superflua y contraria a los principios del derecho suizo e internacional. 

Los defensores de la propuesta, sin embargo, no quieren que la prohibición de ejercer una profesión que implica el contacto con menores corresponda exclusivamente a los jueces, ya que el sistema legal ha demostrado ser incapaz de proteger a los niños. Y citan como ejemplo el caso registrado en Biel en 2004, que originó la iniciativa.

El “mejor candidato”

Hace una década, un profesor fue condenado por abuso sexual a menores. Tras purgar su pena, consiguió un empleo en la docencia para trabajar con niños de seis años de edad.

Tras conocer el caso, Marche Blanche organizó una marcha de protesta y presentó una petición para que el profesor fuera despedido, a lo que la dirección de la escuela se negó argumentando que era el “mejor candidato” para el puesto.

Dos diputados retomaron el caso; sin éxito. Tras el fracaso de dos iniciativas parlamentarias, Marche Blanche decidió involucrar a la población y se dio a la tarea de recolectar las firmas necesarias para lograr una votación nacional.

No es la primera vez que Marche Blanche convence a los ciudadanos para que la respalden en temas relativos a la protección de menores. En 2008, promovió una enmienda constitucional, que recibió 52% de votos a favor, para que los delitos sexuales cometidos contra menores de 12 años no prescriban.

Antes de la reforma, las víctimas debían emprender acciones legales contra su abusador antes de cumplir los 25 años de edad. En la actualidad, no importa en qué momento de su vida decidan a interponer una denuncia.

Una de cada cuatro mujeres

En 2012, 1.203 personas fueron acusadas de delitos sexuales contra menores en Suiza, según la Oficina Federal de Estadística. Pero se considera que el número de abusos no denunciados son mucho más numerosos.

Una de cada cuatro mujeres y uno de cada diez hombres han sufrido algún tipo de abuso sexual en su infancia, incluidos incidentes únicos y delitos sin contacto físico como el exhibicionismo.

Dos tercios de las víctimas son niñas, y un tercio niños, sobre todo en la franja de edad de 7 a 12 años. Algunos menores sufren esta forma de violencia en una sola ocasión, otros son víctimas de abusos repetidos, a veces durante años.

Fuente: Asociación Suiza para la Protección de la Infancia

Debate

Natalie Rickli, diputada de la UDC y miembro del comité de la iniciativa, ha defendido el proyecto con uñas y dientes en el Parlamento.

“Es triste que tengan que ser los ciudadanos quienes se ocupen de poner en marcha este tipo de iniciativas porque los políticos han fracasado en el intento. Especialmente considerando que la seguridad es uno de los retos más importantes del Estado”, dice.

“Tenemos que proteger a la sociedad, y particularmente a los niños y a las personas dependientes, de los criminales reincidentes”, apunta Rickli. Y destaca que un pederasta jamás debería volver a trabajar con menores, o personas dependientes, ni profesionalmente ni durante su tiempo de ocio.

La diputada de los Verdes Liberales (centro), Isabelle Chevalley, coincide en que los culpables de delitos de pederastia no deben ser autorizados a trabajar con niños, pero estima que la formulación de la iniciativa es demasiado limitada.

“La iniciativa popular que se nos presentó tiene algunas lagunas. Hay que considerar que una vasta mayoría de los casos de abuso sexual a menores se producen dentro del círculo familiar. En estos casos, desafortunadamente, la iniciativa no va a cambiar nada. Se necesitaría un texto legal más amplio que proteja de verdad a la mayoría de los niños que han sufrido abusos”.

Chevalley señala otro problema: la iniciativa podría afectar a las parejas de jóvenes en las que uno de los miembros no ha alcanzado la edad de consentimiento legal (16 años), ya que la prohibición de ejercer una profesión que implica contacto con menores se aplica de forma automática y sin ningún tipo de distinción.

La legisladora se refiere a los casos de jóvenes de entre 16 y 19 años que mantienen una relación con adolescentes de 14 o 15. De acuerdo con la iniciativa, una de las partes caería en el supuesto de pederastia o violación, por lo que tendría prohibido trabajar con menores.

Christine Bussat, fundadora de Marche Blanche, rechaza esta crítica con el argumento de que los casos novio-novia no suelen llegar a los tribunales suizos. Asimismo, recuerda que el Código Penal helvético contempla una excepción a la definición de violación, que solo la tipifica como delito cuando una de las partes es al menos tres años mayor que la otra.

La psicóloga Monika Egli-Alge, del Instituto Forense de la Suiza oriental (Forio), que ofrece tratamiento terapéutico a pederastas y elabora informes de riesgo para los tribunales, afirma que establecer una prohibición automática es un paso en la dirección equivocada.

“En mi opinión, es importante hacer todo lo necesario para proteger a los niños de cualquier tipo de abuso sexual. En el ámbito de la pederastia, necesitamos crear servicios competentes, y asegurarnos de que quienes busquen ayuda la reciban o sean sometidos a un examen exhaustivo cuando constituyen un riesgo para la sociedad”, explica a swissinfo.ch.

“Aquellos que representan un peligro para los niños pueden ser tratados adecuadamente con el marco legal actual. Las sanciones existen, solo es cuestión de aplicarlas. Y esto exige decisiones valientes por parte de los tribunales y de las autoridades”.


Traducción del inglés: Andrea Ornelas, swissinfo.ch



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