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Votación del 28 de febrero de 2016


¿Hay que cumplir al pie de la letra la voluntad popular?




Los adversarios de la iniciativa de ejecución temen que la expulsión automática de los criminales extranjeros ponga en peligro el principio de proporcionalidad. (Reuters)

Los adversarios de la iniciativa de ejecución temen que la expulsión automática de los criminales extranjeros ponga en peligro el principio de proporcionalidad.

(Reuters)

La Unión Democrática de Centro considera que el Parlamento ha desvirtuado su iniciativa ‘Por la expulsión de los extranjeros que delinquen’. Esta es la razón por la que la derecha conservadora vuelve a la carga con una iniciativa denominada ‘de ejecución’, con objeto de hacer aplicar al pie de la letra el texto de ley. Será sometida a votación el 28 de febrero de 2016.

Expulsar de manera sistemática a los extranjeros que delinquen: ese era el objetivo de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) con su iniciativa ‘Por la expulsión de los extranjeros criminales”, que los suizos aprobaron con el 52,3% de los votos en noviembre de 2010. Sin embargo, la aplicación de la voluntad popular ha provocado numerosas controversias y disputas.

Iniciativa popular

La iniciativa popular permite solicitar una modificación de la Constitución Federal. Para ello deben recogerse las firmas de 100 000 ciudadanos en un plazo de 18 meses.

El texto se somete al Parlamento, que puede aceptarlo directamente, rechazarlo o proponer un contraproyecto. En cualquiera de estos casos el pueblo se pronuncia a través de una votación federal.

Las iniciativas aprobadas por el pueblo se inscriben en la Constitución Federal y deben ser completadas con una ley de desarrollo elaborada por el Parlamento.

El Parlamento tardó algún tiempo en elaborar la ley de ejecución, reformulando ciertos puntos y completándola con una cláusula para casos extremos. Esta cláusula permite a los jueces hacer excepciones cuando la expulsión de un extranjero pudiera crear una situación de grave dificultad para la persona afectada. La ley fue aprobada por el Parlamento en marzo de 2015.

La UDC no se dio por vencida y lanzó en 2012 una nueva iniciativa para presionar al Parlamento, lo que en parte consiguió. Fue bautizada con el nombre de ‘Para la expulsión efectiva de los extranjeros criminales (Iniciativa de ejecución). Con este nuevo proyecto, los promotores exigen que la iniciativa aprobada en 2010 y su catálogo de delitos sea inscrita tal cual en la Constitución federal.

Entre otros delitos, forman parte de este catálogo el asesinato, la violación, el atraco a mano armada, el tráfico de seres humanos y el tráfico de drogas. La denominada iniciativa de ejecución aporta diferentes puntualizaciones a esta lista y algunos otros delitos, como el incendio intencionado y la fabricación de moneda falsa.

 ¿Y la proporcionalidad?

“Si el pueblo y los cantones desean verdaderamente que exista una práctica de expulsiones coherente, deben aceptar la Iniciativa de ejecución”, afirma Adrian Amstutz, diputado de la UDC y miembro del comité de la iniciativa.

“La ley de desarrollo de la iniciativa para la expulsión de extranjeros que delinquen elaborada por el Parlamento concede a los tribunales, con la cláusula de casos extremos, la posibilidad de renunciar a la expulsión, incluso en el caso de los delitos más graves. La práctica actual conduce a pensar que los jueces harán recurso frecuente de esta cláusula, con el resultado de que no habrá prácticamente expulsiones de extranjeros criminales”.

La diputada socialista Nadine Masshardtse opone firmemente a la iniciativa. “La cláusula de casos extremos es necesaria para poder mantener el principio de proporcionalidad, sobre todo cuando se trata de proteger la vida familiar”, señala.

Nadine Masshardt teme que los jueces no dispongan de ningún margen de maniobra. “La iniciativa de ejecución es extremadamente radical y va mucho más lejos que la iniciativa sobre la expulsión”, afirma.

“Además, crea confusión. ¿Un ejemplo? En el caso de personas que han crecido en Suiza, el riesgo de que puedan ser expulsadas si han cometido dos delitos es bastante grande, incluso si los delitos son relativamente leves. Esto sobrepasa de lejos la voluntad expresada por los ciudadanos que en 2010 dijeron ‘sí’ a la iniciativa sobre la expulsión”, indica Masshardt.

Esta es también una de las críticas principales que esgrime el nutrido grupo de adversarios a esta iniciativa, del que forman parte una mayoría del Parlamento (Consejo Nacional: 140 contra 57; Consejo de los Estados: 38 contra 6) y del Consejo Federal (Gobierno).

La iniciativa sobre la expulsión se ha materializado ya a nivel legal. La iniciativa de ejecución “no es, por tanto, necesaria, ni desde el punto de vista del calendario, ni desde el punto de vista del contenido”, afirma el Gobierno en su mensaje. Además, contiene “una definición restrictiva de las normas obligatorias del derecho internacional”.

Separación de poderes

Los fundadores de la Suiza moderna (1848) fijaron en la Constitución Federal tres niveles de poder: el legislativo (Asamblea Federal, Parlamento), el ejecutivo (Consejo Federal, gobierno nacional) y la autoridad jurisdiccional (Tribunal Federal; hoy existen varios).

En un Estado de derecho estos tres poderes se encuentran separados uno del otro (separación de poderes), de manera que no pueda darse una concentración excesiva de poder en manos de ningún órgano estatal.

El Parlamento, sin margen de maniobra

Otro punto de discordia es la cuestión de la separación de poderes. “Una iniciativa popular se inscribe al nivel de la Constitución. Seguidamente, el Parlamento decide su desarrollo legislativo”, precisa Nadine Masshardt. Con la iniciativa de ejecución, el margen de maniobra del Parlamento “se reduce enormemente”.

En opinión de la diputada socialista, “esta forma de proceder no tiene nada de suizo y no respeta el principio de separación de poderes”. Además es inexplicable “que sea precisamente el partido que se vanagloria tantas veces del sistema democrático helvético el que lo atropelle de esta manera”.

Adrian Amstutz responde que el derecho constitucional prevé que las iniciativas puedan “formularse de manera que sea posible aplicarlas directamente”. El argumento según el cual, con iniciativas de este tipo, el Estado de derecho se vacía de su esencia no es válido, estima el diputado de la UDC. “Cuando se establecen las normas sobre malos conductores, el Parlamento define con claridad a partir de qué velocidad un conductor debe ser considerado como un peligro desde el punto de vista legal, eliminando todo margen de interpretación al juez”.

Temor sobre la libre circulación de personas

Los adversarios temen, además, que si la iniciativa fuera aceptada podría conducir a otras incertidumbres en el ámbito de las relaciones internacionales de Suiza. 

“Me parece importantísimo que los círculos económicos se opongan también a la iniciativa. Porque ellos son los que tienen mayor necesidad de seguridad jurídica”, señala la Nadine Masshardt. “La iniciativa de ejecución viola también la libre circulación de personas, porque no se hace diferencia entre los delitos”, concluye la diputada socialista.

Adrian Amstutz no comparte este temor. El acuerdo sobre libre circulación de personas prevé en el artículo 5, anexo I, “que las normas pueden ser limitadas para aquellas personas que ponen en riesgo la seguridad o el orden público”, afirma. El diputado de la UDC se opone, de manera vehemente, al argumento de sus adversarios según el cual la expulsión sistemática de extranjeros que delinquen constituye un “automatismo de desprecio a la dignidad humana”.

“Si alguien puede ser calificado de persona que desprecie la dignidad humana es, sin duda, el autor de un delito: el asesino, el violador, el ladrón, el traficante de drogas o de mujeres, etc. La iniciativa de ejecución protege a las víctimas de esos criminales”, subraya Adrian Amstutz.

De ser aceptada la iniciativa de ejecución implicará, como cualquier otra iniciativa, una modificación de la Constitución y por tanto será necesaria una doble mayoría de votos y cantones.

El Senado hace campaña

A mediados de diciembre pasado, 40 de los 46 miembros del Consejo de los Estados (cámara alta) firmaron una declaración común contra la iniciativa ‘Por la expulsión de los extranjeros criminales’. Un hecho sin precedentes. Solo cinco senadores de la UDC y el independiente Thomas Minder no suscribieron el texto.

Los miembros de la cámara alta advierten de las consecuencias negativas que puede acarrear la iniciativa de ser aprobada en las urnas. El mundo económico, en particular, debe ser consciente de lo que puede significar este texto para el sector. (Fuente: SRF)


Traducción: José M. Wolff, swissinfo.ch

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