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Votación del 5 de junio de 2016


Segunda prueba para el diagnóstico genético preimplantacional




El DGP se utiliza en los 'bebés probeta'. Permite diagnosticar eventuales anomalías genéticas en el embrión antes de implantarlo en el útero materno. Pero esta técnica se puede utilizar también para prever otras características del futuro niño, como el sexo.  (Keystone)

El DGP se utiliza en los 'bebés probeta'. Permite diagnosticar eventuales anomalías genéticas en el embrión antes de implantarlo en el útero materno. Pero esta técnica se puede utilizar también para prever otras características del futuro niño, como el sexo. 

(Keystone)

Un año después de la aprobación del artículo constitucional que lo autoriza, el diagnóstico genético preimplantacional (DGP) tendrá que superar una nueva prueba en las urnas. Los círculos que defienden el derecho a la vida han lanzado el referéndum contra la ley de aplicación, pero no son los únicos que se oponen.

Lo habían anunciado antes de la votación de junio de 2015 y lo han cumplido: Tras la aprobación en las urnas (61,9%) del nuevo artículo constitucional que autoriza el diagnóstico genético preimplantacional (DGP), los círculos cristianos conservadores lanzaron inmediatamente el referéndum contra la modificación de la Ley Federal de reproducción médicamente asistida. Consiguieron reunir 58 000 firmas –8 000 más de las requeridas para exigir una votación – y en diciembre de 2015 entregaron la lista de suscriptores en la Cancillería Federal.

Antes del veredicto de las urnas en junio pasado, Suiza era el único país en Europa que prohibía el DGP. El artículo constitucional autoriza esta práctica, pero no define cómo aplicarla. Los detalles se especifican en la ley correspondiente. En la primera versión, el Gobierno quería limitar este derecho a las parejas con riesgo de transmitir a su hijo una enfermedad hereditaria grave, que puede manifestarse antes de los 50 años y para la cual no hay tratamiento.

Pero el Legislativo no se contentó con esto. La ley definitiva que aprobaron los parlamentarios prevé que, antes de ser seleccionados, todos los embriones concebidos en una probeta puedan ser examinados con todas las técnicas genéticas disponibles. Así, los embriones que presenten el síndrome de Down (trisomía 21) podrían ser destruidos antes de la implantación.

Diversidad, igualdad, solidaridad

De repente, el frente de los detractores se multiplicó. Entre ellos figuran no solo los ultraconservadores de la Unión Democrática Federal (UDF), que evocan el Viejo Testamento y comparan las normas avaladas por el Parlamento con las prácticas eugenésicas de los nazis. Las asociaciones de discapacitados, que estaban divididas sobre el artículo constitucional aprobado en 2015, ahora han formado un frente común en defensa de “una sociedad inclusiva y solidaria”, en la que “personas con y sin discapacidad puedan convivir en igualdad de derechos”.

Incluso algunos políticos que el año pasado respaldaron el artículo constitucional ahora se oponen. El diputado socialista Mathias Reynard, por ejemplo, no ve contradicción en su cambio de actitud. “No se trata de defender posiciones integristas. Los integristas libran una vieja lucha que está superada. Defendí el artículo constitucional porque soy partidario del DGP para las parejas que corren el riesgo de transmitir una enfermedad hereditaria grave. En estos casos, el diagnóstico genético preimplantacional está justificado. Pero el Parlamento ha ido demasiado lejos”, explica el diputado y copresidente del comité del ‘no’, al que se han adherido partidos de diferentes orientaciones.

Como suele ocurrir en las cuestiones de ética, el DGP no es un asunto de izquierda o de derecha. Los valores personales prevalecen sobre las consignas de los partidos. En el comité hay, por tanto, representantes de todo el espectro político, sin que prevalezca un grupo sobre otro.

Y también el título de la campaña es inequívoco: No a “esta” ley de reproducción médicamente asistida. “Yo respaldaba al 100% el proyecto del Gobierno. Y si el ‘no’ gana el 5 de junio, estoy dispuesto a trabajar por una nueva versión”, confirma Mathias Reynard.

“Un retroceso para los derechos de las mujeres”

“Tomamos lo mismo y volvemos a empezar. ¿Por qué entonces recurrieron al referéndum si sabían que más del 60% de la gente votó a favor del artículo constitucional?”, se pregunta Isabelle Chevalley, militante del comité ‘Otra vez sí a la reproducción médicamente asistida’.

Aunque la diputada de los Verdes Liberales está dispuesta a “reanudar la campaña para explicar el asunto, no puede disimular un gesto de irritación hacia “todos esos hombres que defienden principios éticos, sin ninguna consideración hacia el sufrimiento físico y moral de las mujeres”. El rechazo de esta ley marcará “claramente un retroceso para los derechos de las mujeres”, sentencia.

“Hoy disponemos del diagnóstico prenatal y del derecho de aborto durante las primeras doce semanas de gestación –que hemos conseguido, quiero recalcarlo, después de una larga batalla. No entiendo por qué hay que obligar a una pareja a tener, por ejemplo, un hijo con trisomía, con el pretexto de que un embrión de un día merece más protección que un feto de tres meses. Esto no es serio”, argumenta Isabelle Chevalley.

¿Riesgo de deriva?

“La ley que vamos a votar cambia profundamente la voluntad inicial del Gobierno”, afirma Mathias Reynard. “Sobre todo, pasamos de un acceso limitado, bajo criterios muy estrictos, a un principio de oportunidad, al extender el ‘screening’ [que permite saber prácticamente todo sobre el feto] al conjunto de las parejas que optan por la fecundación in vitro. Temo que nos adentramos en un terreno preocupante”.

El diputado socialista se declara “muy sensible” a los argumentos de las asociaciones de discapacitados. “Si se autoriza ampliamente el DGP, hay un riesgo de que los padres con un hijo discapacitado tengan que escuchar reproches del tipo ‘Vosotros lo habéis buscado’”.

Son temores que Isabelle Chevalley rechaza de un plumazo. “Los detractores pretenden que impedir el nacimiento de un niño con trisomía es eugenismo. Pero hay suficientes salvaguardias en esta ley para evitar las derivas”. 

En cuanto al argumento de que las personas con discapacidad podrían ser estigmatizadas al ser menos numerosas, la diputada verde liberal no da crédito. A su juicio, toda asociación defensora de los discapacitados debería alegrarse de los avances de una técnica que contribuye a reducir la discapacidad. “Cuando escuché esto por primera vez en la comisión, me dije que no se atreverían a decirlo en público. Y, sin embargo, lo han hecho. Reitero, no hay seriedad”.


Traducción del francés: Belén Couceiro, swissinfo.ch

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