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¿Hay que frenar el creciente número de iniciativas?

Una iniciativa popular requiere un total de 100 mil firmas. Keystone

El aumento constante de las iniciativas populares en los últimos años ha desatado un debate sobre medidas para dificultar su lanzamiento. La más apoyada consiste en elevar el número de firmas. Pero en los cantones se ha visto que ampliar los obstáculos no causa forzosamente menos iniciativas.

Tarde de sábado en la plaza Bärenplatz de Berna. Quienes se dedican a reunir firmas para iniciativas populares calculan que en este sitio tan apreciado de la capital federal tienen las mejores posibilidades de conseguir su propósito. Varios asuntos de distinta naturaleza lo han logrado en esta plaza situada a pocos metros del Parlamento.

Andy Tschümperlin conoce bastante bien este escenario, donde ha recogido firmas. “En realidad ingresé de esa manera a la política activa: con una iniciativa popular en mi municipio”, recuerda el diputado del Partido Socialista. El reunir firmas forma parte de mi labor política”.

La iniciativa popular permite a los ciudadanos proponer enmiendas constitucionales. Para ello tienen que presentar a la Cancillería 100.000 firmas válidas en un plazo de 18 de meses.

La propuesta pasa al Parlamento, que puede aceptar o rechazar la iniciativa, o formular una contrapropuesta. En cualquier caso será objeto de una votación popular.

La aprobación de una iniciativa requiere la doble mayoría, de los electores y de los cantones.

¿Avalancha de iniciativas?

Los costes por iniciativa popular pueden elevarse hasta los 200.000 francos, lo cual no parece amedrentar en lo más mínimo a los grupos de intereses. El número de iniciativas populares ha aumentado últimamente prácticamente cada año. 

“Para las primeras 250 iniciativas populares se necesitaron más o menos 100 años. Hoy ya estamos por encima de las 400”, dice Bruno Hofer, autor del libro Iniciativas populares en Suiza desde 1891 hasta 2012. “La iniciativa popular se ha convertido en una medida complementaria de la actividad política”.

En el prólogo de su libro, Hofer comenta: “Entretanto, parece que para todos los partidos -también para los están representados en el Gobierno Federal-, enviar de vez en cuando formularios de firmas a consideración del pueblo forma parte de la buena costumbre de mantener una democracia viva”.

El laboratorio de ideas liberal (think-tank) Avenir Suisse coincide en que “menos votaciones darían más frutos”, y atribuye el aumento de las iniciativas populares al crecimiento de la población. Avenir Suisse cree que se podría contrarrestar (esa tendencia) “duplicando o incluso cuadruplicando la cantidad de firmas”.

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La democracia directa goza de buena salud

Este contenido fue publicado en Los requisitos para presentar una iniciativa son reunir 100.000 firmas en el plazo de 18 meses. El Parlamento puede aprobarlas, rechazarlas o formular una contrapropuesta. Independientemente de lo que decida el Legislativo, la iniciativa se somete al veredicto de las urnas. (SRF/swissinfo.ch)

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Tres proposiciones

El antiguo secretario de Estado Jean-Daniel Gerber respalda esas ideas. En entrevista con el diario zuriqués Neue Zürcher Zeitung cita tres posibilidades para poner obstáculos adicionales a tantas iniciativas populares.

Primero, elevar de 100.000 a 200.000 la cantidad de firmas requeridas, porque la población ha aumentado mucho desde 1977. Segundo, reducir de 18 a 9 meses el plazo para recolectarlas. Y tercero, contar con quórum en el Parlamento: solo podrían llegar a las urnas las iniciativas populares que hayan convencido a un determinado porcentaje de parlamentarios.

Pero tal quórum no halla buena acogida entre los políticos y los observadores. “Eso pervierte el carácter esencial de la iniciativa popular”, sostiene Bruno Hofer. “Porque de lo que se trata es precisamente de tener la posibilidad de consultar directamente al pueblo sin pasar por el Parlamento”.

El presidente del Partido Burgués Democrático (BDP), Martin Landolt, concuerda en que “no se correspondería precisamente con el sentido de la democracia de base”. Si bien en su opinión es “correcto poder incluir al pueblo de Suiza sin grandes obstáculos”, teme que este derecho ciudadano sea desgastado excesivamente”. Admite que en este asunto se ve ante un dilema.

En la década de 1830 varios cantones incorporaron la iniciativa popular en sus Constituciones.

En 1848, durante la fundación del Estado Federal, se estableció en la Constitución suiza que el instrumento político de la iniciativa popular requería 50.000 firmas válidas. Esa cifra guardaba relación con el 8% de los hombres con derecho a voto. Cuando en 1891 se presentó la primera iniciativa, el quórum sumaba un 7,6%.

1976, tras la incorporación del sufragio femenino en 1971, correspondía a apenas el 1,3% del electorado, razón por la cual en 1977 se duplicó la cantidad de firmas a 100.000, equivalente al 2,6%.

En el año 2000 se situaba en apenas el 2,1%, como consecuencia del fuerte crecimiento demográfico. Hoy está por debajo del 2%.

(Fuente: Diccionario Histórico de Suiza)

Landolt considera asimismo que reducir el plazo para recolectar firmas es inefectivo, porque “una buena maquinaria de marketing” podría superarla. Hofer señala, en cambio, que si en los tres primeros meses no consiguen juntar la mayor cantidad de firmas necesarias disminuirían considerablemente sus posibilidades de realización.

¿Adecuar automáticamente la cantidad?

Queda la opción de aumentar el número de firmas. Hofer aboga por un automatismo semejante al que introdujo este año el cantón de Ginebra, donde el 4% de los ciudadanos con derecho a voto deben suscribir una iniciativa para someterla a votación. Hofer piensa más bien en un 2,5%, que equivale a unas 129.000 firmas. En la actualidad el denominado quórum representa apenas el 2% de unos 5,2 millones de votantes suizos.

Es un planteamiento que, a juicio de Landolt, merece ser analizado, porque podría garantizar una adecuación acorde al desarrollo demográfico del país. El BDP estudia internamente la probabilidad de aumentar el número de firmas, señala. Es, por tanto, uno de los pocos partidos que se atreve a tocar este asunto candente, aunque con guantes de seda.

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Dudas sobre la efectividad

Andy Tschümperlin se opone claramente a incrementar la cantidad de firmas, “porque ni siquiera los partidos (representados) en el Gobierno logran siempre reunir el número necesario de firmas en el plazo establecido”.

Landolt admite que aumentando el número de firmas “se corre también el riesgo de marcar un autogol”. “Precisamente, aquellas fuerzas que desde mi punto de vista hacen mal uso de las iniciativas y los referendos como instrumentos de marketing, tendrán probablemente capacidad para seguir haciéndolo, aunque las firmas exigidas sean más altas.

Las actuales discusiones internas en el BDP giran en torno a estos asuntos. “Por un lado, vemos la necesidad y, por otro, no estamos convencidos de que el efecto sea el que esperamos”.

¿La iniciativa como barómetro?

Aumentar los obstáculos no es una solución, sostiene el politólogo Marc Bühlmann cuya actividad en la Universidad de Berna se centra en Democracia Directa y el Anuario de Política Suiza.

El académico ha analizado la situación en los cantones, donde también se puede lanzar iniciativas. Hay variaciones bastante notables en cuanto al número de firmas: Según Bühlmann, oscilan entre el 0,8 y el 5% de los ciudadanos con derecho a voto en cada cantón.

“Pero esa variación no explica el número de iniciativas lanzadas”, enfatiza. “Tenemos cantones con barreras muy altas que, sin embargo, han votado varias iniciativas, y cantones con menos obstáculos donde hay pocas iniciativas. Aquí no hay una relación clara”.

Anotación: Cinco cantones han modificado entre tanto el cuórum requerido para las firmas: Zúrich, Uri, los Grisones, Basilea-Ciudad y Ginebra. En este último, en lugar de un número de firmas, se ha fijado en el 4% de las personas con derecho a voto. Cabe señalar que Appenzell Rodas Interiores y Glarus conservan aún la ‘landsgemeinde’ (asamblea popular). swissinfo.ch

Tschümperlin lo ilustra con un ejemplo municipal. “En mi municipio de 14.000 habitantes cada ciudadano tiene derecho a lanzar una iniciativa, y a pesar de ello, son muy pocas las iniciativas individuales que se votan”.

Y Bruno Hofer recalca que el número de las iniciativas populares presentadas “no depende solo de las condiciones marco que ofrece el instrumento (político). Hay regiones en Suiza donde los problemas pesan más y esta presión se traduce en iniciativas populares”.

El coste mínimo que el comité de una iniciativa debe calcular para presentar una iniciativa popular es de 150.000 francos, según el portal de la Administración pública ch.ch.

No existen estudios sobre cuánto cuesta una iniciativa y su tratamiento en el Parlamento.

Según una estimación aproximativa de la Cancillería Federal, el precio para organizar y celebrar cuesta entre 7 y 8 millones de francos a los contribuyentes. Cada año se convocan hasta cuatro votaciones federales.

En cambio, los costes legislativos (examinar la iniciativa, redactar un mensaje, reuniones de comisiones y debate parlamentario) son bastante modestos: grosso modo se calcula que son por lo menos 200.000 francos por iniciativa. Pero esta cifra puede aumentar si hay que formular una contrapropuesta indirecta.

(Traducción del alemán: Juan Espinoza)

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