“El término ‘accountability’ no existe en español”
La Constitución colombiana concede a sus ciudadanos el derecho teórico a la participación democrática activa desde hace un cuarto de siglo, pero solo en 2015 se materializó una nueva Ley de la Participación Ciudadana. Uno de sus autores, el exsenador John Sudarsky, analiza lo que supondrá para Colombia y el camino que tiene por andar Latinoamérica en materia de rendición de cuentas.
swissinfo.ch: Usted participó en el diseño de una nueva ley que fortalece la participación de los ciudadanos en la democracia colombiana. ¿En qué consiste concretamente esta reforma?
Participación ciudadana en Colombia
Los primeros intentos por institucionalizar la participación ciudadana se registraron a finales de los años 80, como demanda de algunos grupos poblacionales ante la poca confianza que existía en el gobierno.
Fue una década más tarde cuando 13 ciudades se organizaron, a través de mesas de trabajo, en las que participaron 540 organizaciones públicas y privadas, para redactar un documento que entregaron al Ministerio del Interior con peticiones concretas; en este proceso participaron algunos legisladores colombianos.
Se propusieron nuevos mecanismos de participación directa para la ciudadanía, así como nuevas entidades para regular estos procesos y obligar al gobierno a rendir cuentas.
Este largo proceso se tradujo en la Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana (2015).
John Sudarsky: La Ley Estatutaria 1757 de Participación CiudadanaEnlace externo, del 6 de julio de 2015, reúne y regula los mecanismos de participación ciudadana, pero también contempla otros aspectos importantes, como la rendición de cuentas, el control social a lo público y la coordinación de un Sistema Nacional de Participación. Todas ellas son líneas de trabajo que brindan herramientas institucionalizadas a la ciudadanía para que incida de forma directa en los asuntos que le afectan.
swissinfo.ch: ¿En qué consistirá exactamente la participación ciudadana?
J.S.: Se integraron varios conceptos normativos como el de comité promotor, registro de propuestas sobre mecanismos de participación ciudadana, se definen reglas para la existencia de formularios de recolección de apoyos ciudadanos y se fijan plazos para la recolección de apoyos ciudadanos. Otro punto importante, se definen claramente los temas que pueden ser objeto de una iniciativa popular legislativa y normativaEnlace externo, de un referéndumEnlace externo o de una consulta popularEnlace externo.
swissinfo.ch: Hablemos de rendición de cuentas, un tema en que Latinoamérica aún tiene un gran camino por andar…
J.S.: La palabra ‘accountability’, que engloba conceptos como la responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos o la rendición de cuentas, sencillamente no existe en español. Este hecho habla claramente de cómo se han manejado por décadas las cosas en América Latina.
En Colombia, para la rendición de cuentas, la nueva ley considera un conjunto de normas, procedimientos y estructuras prácticas a nivel nacional que buscan la transparencia en la gestión de la administración pública vía informes de resultados de gestión que recibirán los ciudadanos, los medios y diversos órganos de control.
swissinfo.ch: ¿Y cómo aplicará Colombia el control social a lo público y la coordinación de la participación ciudadana?
J.S.: Los ciudadanos pueden y deben participar en vigilar la gestión pública, el control social es justo eso. Y pueden hacerlo como ellos lo decidan, a título personal, como parte de una organización o utilizando las redes sociales. Habrá juntas de vigilancia, auditorías ciudadanas y otras fórmulas para ello.
Se trata de promover el liderazgo y la participación para que se democratice la gestión pública.
Después, la coordinación de la participación ciudadana, según se contempla en la ley, permite la creación de un Consejo Nacional de Participación que asesorará al gobierno en temas como la definición y el diseño de la política pública de participación.
Y este consejo será muy plural porque integrará al ministro del Interior, pero también a autoridades municipales, representantes de universidades, ONG, sindicatos, campesinos, grupos étnicos, jóvenes, etcétera.
swissinfo.ch: Usted participó recientemente en la conferencia ‘Por la Gente’, organizada por la Universidad Estatal de Arizona (ASU)Enlace externo en Phoenix. ¿Qué le deja a usted este encuentro?
J.S.: Hay un tema muy importante del que se habla poco: la relevancia de conocer la experiencia comparativa de otros países. Esto es de gran utilidad. Estar al día y conocer detalles. Todo ejercicio de la democracia directa, especialmente de la deliberativa, cumple funciones distintas según el nivel de desarrollo que vive cada país. Y en Latinoamérica el tema es complicado porque hay un rompimiento entre los gobiernos y la ciudadanía.
swissinfo.ch: La gente no confía en los políticos en América Latina, pero tiene muchas razones para ello…
J.S.: Sí, esa desconfianza es una realidad. Pero se debe en gran medida a que las relaciones políticas son clientelistas. Todo funciona a partir de intercambiar votos por algo más. En foros como este [Phoenix] se conocen experiencias distintas que nos ayudan a romper con esto, a realizar reformas.
Hay que avanzar en este sentido. Hablemos del Poder Legislativo: en nuestra región el ciudadano no conoce a sus representantes. Y la sociedad debe premiar o castigar una buena o mala gestión. En México, por ejemplo, no es posible la reelección.
swissinfo.ch: Existe una razón histórica para ello: un presidente ejerció el poder durante tres décadas, lo que motivó una revolución y la prohibición de reelegir a los políticos…
J.S.: Para todo puede encontrarse una razón histórica, pero es importante revisar este tema, crear una relación directa entre la gente y aquellos que lo representan para poder exigirles resultados.
Por ejemplo, deben reducirse los umbrales exigidos para tomar parte de la democracia directa y para los mecanismos de consulta e iniciativas populares. Hacerlos accesibles a la gente para que los ciudadanos realmente los utilicen. De esto se trata en la nueva ley dedicada a la democracia participativa.
swissinfo.ch: La Ley 1757 marca un antes y un después para el país. ¿Por qué fue tan difícil promulgarla?
J.S.: Sí, supuso un camino largo y tortuoso. Pero los seres humanos tenemos la capacidad de olvidarnos de lo difícil.
Definir sus contenidos nos tomó dos años y medio, más o menos, pero fue una ley que estuvo congelada más de tres años porque, por razones políticas, la Corte Constitucional decidió frenarla. Han sido años muy costosos porque hoy podríamos gozar de un sistema [de participación ciudadana] más maduro.
Es una ley amplia y creo que no tiene precedentes en la región.
swisinfo.ch: ¿Cuánto tiempo exigirá compensar esos años perdidos?
J.S.: No lo sabemos, y tampoco nos hemos fijado plazos para ello. Pero trabajaremos intensamente para alcanzar esa madurez que necesitamos, para crear el concepto de ‘agente-principal’ que no existe en Latinoamérica, es decir, en llamar a cuentas a quien uno eligió.
En nuestra región uno vota y ya, luego se olvida del tema. Y hay que reelegir a los buenos [políticos].
swissinfo.ch: Quizás sea dura la afirmación, pero a la luz de la experiencia, en América Latina hay muchos políticos malos que, además, han hecho un uso indiscriminado de la corrupción. ¿Cómo se logra cambiar esto?
J.S.: Hay muchos políticos malos, pero no todos lo son. Y los que son malos, lo son porque no tienen que rendir cuentas. Los sistemas son presidencialistas. No hay contrapesos.
Y tenemos que convencernos de que la corrupción es parte del ADN de Latinoamérica, la ciudadanía está para evitarlo, cuando las cosas se hacen públicas, la corrupción se reduce.
La ciudadanía aún no sabe a quién presionar. Hay que hacerles seguimiento a los legisladores, hacer mapas políticos, crear comisiones y compromisos ciudadanos. Ponerles rostro a los representantes para poder vigilarlos.
swissinfo.ch: ¿Y cómo debemos castigar los ciudadanos a los representantes que no cumplan?
J.S.: El voto es el único castigo… y el único premio también.
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