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Berna propone estricta limitación inmigratoria

El sector de la salud es uno de los que emplea más mano de obra extranjera. En adelante, el ingreso de trabajadores de otros países será regido por cuotas. Keystone

El Gobierno de Suiza debe reestablecer contingentes de ingreso para todos los extranjeros con un permiso de estancia mayor a cuatro meses, para aplicar la iniciativa popular aprobada por la ciudadanía el pasado 9 de febrero, para limitar el número de inmigrantes en el país.

El conflicto con Bruselas es inminente. El Ejecutivo solicitó a sus ministerios competentes evaluar con Bruselas la adaptación del acuerdo de libre circulación de personas entre la Unión Europea (UE) y Suiza.

Sin embargo, la UE ha expresado que el convenio no es negociable. Para el primer socio comercial de Suiza, las cuotas de ingreso y las prioridades helvéticas son contrarias a los acuerdos negociados con la UE, como lo ha repetido la comisión Europea.

El Gobierno de Suiza es consciente de esta posición. Lo que busca es provocar una nueva votación en la que el pueblo deba elegir entre renunciar a la vía bilateral, elegida por Suiza en sus relaciones con la UE, o renunciar a la decisión ciudadana del 9 de febrero, inscrita en la Constitución, a través de un artículo.

La propuesta gubernamental tiene similitudes con aquella del partido Unión Democrática del Centro (UDC/ derecha conservadora), conocido en alemán como  Partido Popular, el más fuerte de Suiza y precursor de la iniciativa para limitar la inmigración.

Sin embargo, el texto de Berna tiene varios puntos que difieren del concepto de la UDC. Tal es el caso de la reintroducción del estatuto de trabajador temporal, apoyado por la derecha conservadora, pero rechazado por el Ejecutivo Federal.

Berna propone establecer contingentes para todo tipo de autorizaciones de trabajo y estancias en Suiza de más de 4 meses. De esto modo se evitaría que los permisos de corta duración sean utilizados de modo abusivo en caso de que los contingentes de ingreso hayan sido agotados, en el caso de permisos de estancia de duración más prolongada.

El número de trabajadores fronterizos también será regulado a través de contingentes. Los cantones podrán dictar restricciones suplementarias para proteger la mano de obra regional. La preferencia nacional será, de este modo, tomada en consideración.

El 50,34% del electorado que participó en las votaciones populares del 9 de febrero pasado aceptó la iniciativa popular de la UDC (derecha conservadora) Contra la inmigración masiva.

En consecuencia, los artículos siguientes fueron añadidos a la Constitución Federal:

Art. 121 a

1 Suiza gestiona de forma autónoma la inmigración de extranjeros.

2 El número de permisos expedidos para la estancia de los extranjeros en Suiza es limitado por plafones y cuotas anuales. Los plafones se aplican a todas las autorizaciones concedidas según el derecho en materia de extranjeros, incluido el rubro del asilo. El derecho a la residencia permanente, la reunificación familiar y las prestaciones sociales puede ser limitado.

3 Los plafones y cuotas anuales para los extranjeros que ejerzan una actividad lucrativa deben ser establecidos de acuerdo con los intereses económicos generales de Suiza y el respeto del principio de preferencia nacional; deben incluir a los trabajadores fronterizos. Los criterios decisivos para el otorgamiento de permisos de residencia son, en particular, la petición de un empleador, la capacidad de integración y una fuente de ingresos suficiente y autónoma.

4 Ningún tratado internacional contrario al presente artículo deberá ser concluido.

5 La ley regula las modalidades.

Además, las nuevas disposiciones transitorias establecen que:

1 Los tratados internacionales contrarios al artículo 121a deben ser renegociados y adaptados en un lapso de tres años a partir de la fecha de aceptación de dicho artículo por el pueblo y los cantones.

2 Si las leyes de aplicación aferentes no han entrado en vigor en los tres años posteriores a la aceptación del Art 121 a por el pueblo y los cantones, el Consejo Federal promulga provisionalmente las disposiciones de aplicación necesarias por vía de decreto.

Periodo de consulta

Por otro lado, el Consejo Federal (Gobierno helvético) renuncia al establecimiento de una cifra concreta como objetivo para disminuir la inmigración. Algo que, de hecho, la iniciativa aprobada hace 4 meses no solicita.

Pero nada de esto ha sido decidido. Las autoridades solo han fijado los principios de la reforma y prevén establecer un periodo de consulta de aquí a finales de año para evaluar esa nueva legislación.

Cabe recordar que la iniciativa concede un periodo de tres años para establecer el sistema de contingentes solicitado para limitar la inmigración.

No sabemos hacia dónde vamos

“La Constitución debe aplicarse; para el Consejo Federal es un hecho”, dijo este viernes a la prensa Simonetta Sommaruga al presentar el proyecto. Pero indicó claramente que no sabía a dónde llevaría ese proceso.

Después de la votación del 9 de febrero,  una serie de análisis, debates interdepartamentales y reuniones con las partes involucradas, condujeron a medio centenar de modelos. “Pero, cualquiera que sea la dirección en la que se plantee el asunto, constatamos que es imposible conciliar el nuevo artículo de la Constitución y el acuerdo sobre la libre circulación de personas”, dijo la ministra de Justicia y Policía.

Como era de esperar, hay una contradicción inherente. La reintroducción de cuotas para estancias de más de cuatro meses viola el acuerdo en vigor con la Unión Europea. Pero como la Constitución prevalece, la Confederación realiza dos procesos paralelos simultáneamente, uno a escala suiza, otro a escala europea, con el fin de encontrar una solución. En el plano local, se tratará de fortalecer al máximo el potencial de la mano de obra nativa con una especial valorización del trabajo de las mujeres.

Por otra parte, no solamente deben considerarse aspectos económicos. La aplicación de la iniciativa de la UDC interfiere con el derecho internacional público, la integración de los extranjeros y la defensa de las condiciones salariales contra los abusos.

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