¿Hay que expulsar a los extranjeros delincuentes?
El 28 de noviembre los extranjeros estarán una vez más en el centro de una votación federal.
Los ciudadanos se pronunciarán respecto a dos propuestas (una iniciativa y su contraproyecto) que piden la deportación de los extranjeros que hayan cometido delitos graves en Suiza.
La iniciativa lleva por título ‘Para la deportación de los extranjeros delincuentes’ o de forma más simple, ‘Iniciativa sobre el reenvío’ fue lanzada por el partido de la Unión Democrática del Centro (UCD / derecha conservadora). Esta formación pide que los extranjeros que cometan delitos graves sean privados de su residencia en la Confederación.
El texto de la iniciativa establece una serie de delitos que podrían conducir a la expulsión: asesinato, robo y mano armada, tráfico de personas, violación, etc. La UDC reclama además la expulsión de los extranjeros que hayan abusado de las prestaciones de asistencia social o seguros sociales. La prohibición de quedarse en Suiza sería de entre 5 y 15 años, e incluso iría hasta los 20 años para los reincidentes.
Para la derecha conservadora estas medidas son una necesidad. “Entre el 60 y el 80% de los delitos son cometidos por delincuentes extranjeros y estos ocupan hasta el 70% de las plazas en las cárceles”, señala Hans Fehr, miembro de la UDC. “Esta una desproporción que ya no es tolerable”.
Doble rasero
En el plano político, la iniciativa no ha convencido a otras formaciones fuera de la UDC. Tanto el Gobierno como una mayoría en el Parlamento solicitan a los ciudadanos rechazar la citada propuesta. Creen que la iniciativa no respeta los ‘derechos fundamentales’ que están recogidos en la Constitución suiza y en el marco de las relaciones internacionales.
Pero para los opositores más feroces de la iniciativa el problema no se acaba allí. Argumentan que esta propuesta es discriminatoria ya que establece “un doble rasero” por el mismo delito.
“Básicamente creemos que el mismo delito debe comportar la misma pena”, destaca el diputado ecologista Antonio Hodgers. “Esta iniciativa crea una diferencia en las condenas en función de la nacionalidad. Si eres extranjero, además de cargar con la pena prevista por el delito recibes además otra sanción que es la expulsión. No veo ninguna justificación moral para esa diferencia”.
Contraproyecto
La iniciativa ha recibido un fuerte apoyo popular desde su lanzamiento, ya que el texto fue firmado por casi 211.000 personas, el doble de lo que necesario. Es este apoyo, puede ser, lo que convenció al Gobierno y a una mayoría del Parlamento para presentar un contraproyecto directo frente al texto de la UDC.
“Como de costumbre, la iniciativa expresa un malestar en la población”, dijo el senador demócrata cristiano (PDC / centro derecha) Filippo Lombardi. “Pero presenta principios jurídicos que van en contra de los derechos fundamentales. Los diputados han hecho su trabajo, reconociendo que existe una preocupación popular aunque dan una respuesta que respeta los derechos humanos”.
La respuesta es un decreto federal titulado ‘Expulsión y deportación de delincuentes extranjeros en el respeto de la Constitución’. En cuanto al fondo, el contraproyecto tiene los mismos objetivos que la iniciativa. Es decir, devolver a sus países a los delincuentes extranjeros que hayan cometido un delito grave. Por otra parte también se verían privados de su permiso de residencia los extranjeros condenados a penas de prisión de al menos 18 meses para los delitos económicos, estafas o abusos en el ámbito de la asistencia y las ayudas sociales.
Por contra, el contraproyecto difiere de la iniciativa en dos aspectos. Por un lado recuerda que la Confederación, los cantones y las comunas deben hacer todos los esfuerzos para promover la integración de los extranjeros en Suiza. Por otra parte, precisa que las deportaciones deben hacerse “conforme al respeto de los derechos fundamentales y los principios de la Constitución y el derecho internacional, en particular el principio de proporcionalidad”.
Oposición de derecha e izquierda
En el Parlamento, el contraproyecto fue aceptado con los votos del partidos de centroderecha y de una parte de los socialistas. Aunque no han podido convencer ni la CDU ni a los más fuertes opositores de la iniciativa.
“El contraproyecto es inútil por dos razones”, estima Hans Fehr. Esto no es un proyecto de expulsión por cometer delitos graves sino un proyecto de integración. Después, el contraproyecto dice que hay que respetar los supuestos derechos fundamentales en virtud del derecho internacional. Pero nadie sabe cuáles son esos derechos fundamentales. Sería un increíble campo de acción para interponer recursos por parte de los abogados de la izquierda. Se podría bloquear casi cualquier expulsión”.
Por parte de la izquierda, Antonio Hodgers no está convencido. “El contraproyecto retoma exactamente la misma filosofía de la iniciativa. En cuanto al artículo sobre la integración es un poco una manera de taparse la nariz para votar el contraproyecto. Por otra parte plantea el problema de poner al mismo nivel la delincuencia de los extranjeros y la integración, ya que sobreentiende que un extranjero que no está bien integrado es un delincuente en potencia”.
En la votación, los ciudadanos deben votar sobre tres preguntas relativas a la expulsión de extranjeros delincuentes.
La primera cuestión se refiere a la iniciativa de la UDC. Los ciudadanos deben decir si la aceptan o no.
La segunda pregunta se refiere al decreto federal que sirve de contraproyecto. Una vez más, los ciudadanos tienen que decir si la aceptan o no.
Por último hay un tercer tema relacionado. Los ciudadanos deben determinar cuál de los dos proyectos prefieren en caso de una doble aceptación.
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