A la caza de quienes abusan de la ayuda social
El fraude a la asistencia social se ha convertido en un tema recurrente de la crónica política suiza. Las estimaciones sobre la amplitud del fenómeno divergen, mientras aumenta la presión política.
Algunos piden, además de controles más estrictos, que se flexibilice – es decir, se levante – la protección de datos.
El ‘caso BMW’ que reveló este verano la televisión de expresión alemana dio mucho que hablar en Suiza. Un iraní, detenido en Berna por tráfico de droga, percibía una renta de 2.660 francos suizos de la ayuda social. Y el caso es que poseía dos vehículos BMW.
Salieron a la luz otros casos aumentando la presión en los grandes centros urbanos donde reside la mayoría de los beneficiarios de la asistencia social. Conscientes de la polémica que suscita el tema, varias ciudades decidieron hacer públicos los fraudes registrados.
Berna, por ejemplo, cifra en 163.000 francos los abusos descubiertos entre enero y julio de 2007. En el mismo periodo en Zúrich se registraron 207 abusos por una suma de 2,1 millones de francos. En Ginebra, el hospicio general encargado de la ayuda social en todo el cantón dio parte de 23 casos de abusos.
¿Qué se considera un abuso?
“En términos estrictamente legales, puede considerarse que el 2% es una estimación correcta. En términos más generales, los abusos pueden rondar el 5%”, indica Walter Schmid, presidente de la Conferencia suiza de Instituciones de Ayuda Social (CSIAS).
En ello coincide Michel Cornut, jefe del servicio social de la ciudad de Lausana, quien estima en 1-2% los casos más graves. Pero las estimaciones varían, como refleja el desacuerdo entre la responsable de los Asuntos Sociales de la ciudad de Berna, Edith Olibet, y la ex directora del servicio social, Annemarie Lanker.
La primera estima en 5-6% los engaños a la asistencia social, mientras que la segunda los cifra en 10-20%. El problema radica en la definición misma de lo que se entiende por ‘abuso’.
“Quien falsifica un documento o no declara un ingreso corre el riesgo de que se le abra un procedimiento administrativo o penal”, explica Walter Schmid. “Pero la pregunta es si una madre que cría sola a su hijo y recibe ayuda social en lugar de compartir un apartamento con su compañero sentimental también puede considerarse un caso de fraude”.
UDC denuncia los ‘falsos perceptores’
Otro asunto difícil es saber si la tendencia al alza observada durante los últimos años en materia de denuncias penales refleja un aumento de los abusos o si ese incremento es sencillamente una consecuencia de que se han reforzado los controles.
Verena Keller, profesora de la Alta Escuela de Trabajo Social de Lausana, subraya que la ayuda social es uno de los ámbitos del Estado donde más controles hay. En su opinión, los fraudes son “mínimos y las sumas desdeñables en términos monetarios”.
Una opinión que no comparte la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha nacionalista) que ha convertido a los ‘falsos perceptores’ en tema político. La iniciativa ‘por el envío de los extranjeros delincuentes” que lanzó en julio contempla el abuso social entre los motivos que justifican la repatriación.
“Los socialistas y los Verdes siempre sostuvieron que los abusos eran meros casos aislados. Hoy, sin embargo, se observa que son frecuentes”, declara Roman Jaeggi, portavoz de la UDC, partido que denuncia una “sobrerepresentación de ciudadanos extranjeros” entre el total de perceptores de seguros sociales.
Según Verena Keller, se trata de una “estrategia política clásica de chivo expiatorio”, mientras que Annemarie Lanker, en una entrevista al diario bernés ‘Bund’, reconoció que entre el 50% y el 60% de los extranjeros que perciben ayuda social no “comprenden el sistema social suizo” y muchas veces son “los primeros sorprendidos de que el dinero fluya tan fácilmente”.
Críticas contra la protección de datos
Aunque las opiniones divergen, la mayoría de los actores concernidos coinciden en la necesidad de que los datos circulen mejor en el seno del sistema social helvético.
Hoy, teóricamente es posible que un beneficiario de la asistencia social perciba paralelamente el subsidio de desempleo. “No conozco ningún país donde la mano derecha del Estado no sabe qué da la mano izquierda”, sentencia Michel Cornut.
Considera que la “división entre los gastos fiscales, sociales –es decir policiales– va más allá de la protección de datos”, razón por la que la UDC ha presentado una iniciativa cantonal en Zúrich para exigir su levantamiento y así combatir los abusos. En el Parlamento de Berna se ha presentado una moción similar.
“Para nosotros el debate político actual representa una oportunidad para exigir más transparencia. Esto no sólo para luchar contra los abusos, sino sobre todo para facilitar nuestro trabajo diario”, señala Walter Schmid.
Verena Keller cree que esto puede ir a la deriva. “Significa dar una señal de que los beneficiarios de la asistencia social pueden ser tratados de manera diferente de los otros miembros de la comunidad. Sería conveniente el mismo sistema, por ejemplo en materia de blanqueo de dinero”.
swissinfo, Carole Wälti
(Traducción del francés: Belén Couceiro)
En Suiza la Constitución federal contempla la prestación de ayuda social (artículos 12 y 115). Sin embargo, son los cantones quienes tienen la responsabilidad de organizar la asistencia social y aplicar medidas concretas.
Las rentas de la ayuda social pública están destinadas a personas que no disponen de ingresos suficientes para asegurar sus necesidades y las de su familia.
Los objetivos de la ayuda social son garantizar el ingreso mínimo para vivir, la ayuda a uno mismo, fomentar la responsabilidad individual y la autonomía, promover la integración social y la integración profesional.
Cerca de 237.000 personas percibieron rentas de la ayuda social en Suiza en el año 2005 por un total de 3.100 millones de francos suizos, según los datos más recientes de la Oficina Federal de Estadística.
Esto representa un aumento del 8% con relación al año precedente. Los adolescentes, los jóvenes adultos y las familias monoparentales están ‘sobrerrepresentadas’ entre los perceptores.
Uno de cada cuatro vive en una de las cinco principales ciudades suizas: Zúrich, Ginebra, Basilea, Berna y Lausana.
Para 2006, la Oficina Federal de Estadística prevé una estabilización, es decir, una ligera disminución debido a una coyuntura económica favorable.
Ocho ciudades de la Suiza de expresión alemana han realizado un balance del año 2006. En Zúrich, Basilea, Schaffhausen y Winterthur, por ejemplo, bajó el número de beneficiarios. En Berna, San Gall y Lucerna aumentó.
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