“En nuestro celular, el costo de la salud y la polución”
En el sudeste de la República Democrática del Congo, la fiebre del cobalto tiene su precio. La hermana Nathalie Kangaji lucha para que las multinacionales que explotan este metal azul, utilizado para fabricar baterías, lo hagan de una manera respetuosa del medio ambiente y de las poblaciones locales. Tiene grandes esperanzas en la iniciativa para las multinacionales responsables.
¿Mutombo Kasuyi fue asesinado o murió accidentalmente? Seis años después de los hechos, el caso sigue sin resolverse. En 2013, el joven padre de familia congoleño atravesaba la concesión minera de una filial de la empresa suiza Glencore en la República Democrática del Congo (RDC) en busca de trabajo. Interceptado por agentes de policía, habría sido golpeado y sucumbido a causa de sus heridas. Una versión que rechazaEnlace externo la multinacional, alegando que los agentes de policía solamente llevaron al joven al hospital porque se sentía enfermo.
“Fue el primer caso que realmente me conmovió. Su familia estaba tan indefensa en esa situación”, dice la hermana Nathalie Kangaji. La religiosa congoleña, pero también abogada, está de visita en Suiza para hablar de su lucha por los derechos humanos, invitada por las organizaciones de ayuda Pan para Todos, Acción de cuaresma y Être partenaires.
En 2013, Nathalie Kangaji decidió crear el Centre de Ayuda jurídico Judicial (CAJJ) de Kolwezi, una ciudad minera en el sudeste de la RDC. La organización ayuda a las personas que no pueden permitirse hacer valer sus derechos contra los gigantes de la minería.
La región de Katanga es el centro neurálgico para la extracción de cobre y especialmente del muy preciado cobalto, utilizado en baterías para coches eléctricos o teléfonos móviles. Dos tercios de la producción mundial del metal azul provienen de esta ubicación, que cuenta con seis de las mayores minas de cobalto del mundo. También es donde la empresa suiza Glencore opera dos enormes minas de cobre y cobalto.
La explotación de materias primas genera beneficios colosales para las empresas, pero Nathalie Kangaji es testigo del lado oscuro de este comercio. Cuando llegan las multinacionales, la gente se ve obligada a abandonar sus tierras, que son vendidas u entregadas en concesión, dice. “Hay un conflicto entre la ley de minería y la ley de tierras. Un título minero prevalece sobre un título de propiedad, por lo que los residentes se ven obligados a marcharse, a menudo sin una compensación justa”, explica la abogada. La tierra es también el medio de subsistencia de las comunidades que dependen de la agricultura, la caza y la pesca. “Por lo tanto, hay un desplazamiento físico y económico”, señala la hermana Nathalie.
El otro problema recurrente es el de los muchos casos de contaminación del suelo, del agua o incluso del aire por las importantes emisiones de polvo, explica la activista. “En el proceso de extracción de materias primas, las grandes empresas utilizan substancias químicas que son potencialmente perjudiciales para el medio ambiente, como el ácido sulfúrico”, precisa.
Nathalie Kangaji siguió de cerca los casos de 26 familias de agricultores cuyos campos estaban contaminados por derrames tóxicos de Mutanda Mining, una de las dos filiales de Glencore en la región. “Estas sustancias han sido vertidas a la naturaleza durante un año. A pesar de las advertencias de los residentes, la empresa no hizo nada”, señala. Sin embargo, gracias a la acción del CAJJ, la multinacional finalmente reconoció los hechos y compensó a la comunidad. “Sin embargo, el sitio no ha sido rehabilitado. La compañía se limitó a simular un trabajo”, lamenta la abogada.
David contra Goliat
Cuando una pequeña organización con pocos recursos quiere enfrentarse a una multinacional, debe tener argumentos sólidos. Así, después de escuchar a las víctimas, el equipo de Nathalie Kangaji siempre va a los lugares contaminados para recoger pruebas. “La tendencia de las empresas es, en primer lugar, no admitir o minimizar los hechos, por lo que hay que estar lo suficientemente armado para demostrar que ha habido contaminación”, señala. Por esa razón, las muestras recogidas in situ a veces son enviadas para su análisis a diversos laboratorios para evitar que los resultados sean impugnados.
En el mejor de los casos, el CAJJ logra encontrar una solución amistosa con el gigante minero. “De lo contrario, podemos ir a los tribunales congoleños, pero no podemos esperar mucho”, deplora la hermana Nathalie, que señala un sistema judicial lento y corrupto. “Estas multinacionales son tan poderosas que juegan con la justicia congoleña. Siempre están en una posición de fuerza y no tienen miedo de nadie”, comenta.
Para poner fin al régimen de impunidad, Nathalie Kangaji solamente ve una solución: activar la justicia en los países de origen de estas grandes empresas. Por lo tanto, pone mucha esperanza en la iniciativa popular ‘Empresas responsables – para proteger al ser humano y al medio ambiente’, que será sometida al escrutinio del pueblo suizo en 2020. En primer lugar, el expediente debe volver al Consejo Nacional (cámara baja del Parlamento), ya que el Consejo de los Estados (cámara alta) rechazó una contrapropuesta el 12 de marzo.
Vía parlamentaria a empresas responsables
Con la adopción de ese texto, si la filial de una empresa multinacional suiza viola los derechos humanos o las normas de protección del medio ambiente, las víctimas podrían entablar una acción civil en Suiza para obtener una indemnización por los daños sufridos. “En el caso de Glencore, creemos que Suiza debe garantizar que la sociedad respete los derechos fundamentales y las normas, también fuera de sus fronteras”, argumenta la activista congoleña.
Según la hermana Nathalie, no basta con confiar en las medidas voluntarias adoptadas por las empresas, aunque nota algunas mejoras sobre el terreno. “Algunas empresas llevan a cabo pequeñas acciones en las comunidades, como la excavación de un pozo de agua, la construcción o la renovación de una escuela. Sin embargo, esas acciones no representan nada en comparación con las enormes ganancias que obtienen estas empresas y no benefician a la mayoría de la población”, señala.
Pequeños avances
La impresión subyacente es que la minería no beneficia a la población y no contribuye al desarrollo de la región. Además, los empleos generados por la industria minera rara vez benefician a los congoleños, como señala Nathalie Kangaji: “Hoy en día, parece que todo el mundo está en el Congo para trabajar en las minas. La mano de obra viene de todas partes, pero rara vez es local”. Sin embargo, revela que está en curso una revisión del código de minería para incitar a las multinacionales a la contratación de empresas locales.
La hermana Nathalie señala también que ahora es más fácil encontrar una persona de contacto dentro de las grandes empresas mineras: “En el pasado eran inaccesibles. Hoy en día hay una oficina para recibir a las víctimas”. Sin embargo, esas personas necesitan apoyo, alguien que conozca las leyes y pueda aportar pruebas. El CAJJ trata de ayudarlos. “Pero hay tantos casos que no podemos tratarlos todos”, suspira la religiosa. Sin embargo, con el apoyo de las ONG, la organización cuenta con los recursos necesarios para recoger muestras, realizar análisis o solicitar asesoramiento.
Cada uno puede actuar a su propia escala
La lucha de Nathalie Kangaji es la de un enano contra un ejército de gigantes. En pocos casos han obtenido compensaciones. “Pero si no hacemos nada, en 20 años nuestro medio ambiente será devastado y toda la población será afectada”. La abogada no se rendirá, aunque conceda: “¡Hay que ser valiente!”
Ser mujer y activista en la RDC es un desafío adicional. “En nuestra cultura, las mujeres tienen muy poca voz y no están muy comprometidas”. Sin embargo, hay que ser fuertes ante las amenazas y los intentos de intimidación. “Ya he tenido dificultades para acceder a algunos sitios. Militares me apuntaron con sus armas para impedirme acceder a ellas”.
Si la hermana Nathalie vino a Suiza para contar la historia de su combate, no es solamente para incitar a las autoridades a asumir su responsabilidad frente a las prácticas de las empresas establecidas en suelo suizo. Quiere concienciar a los consumidores: “Ese cobalto se encuentra en los teléfonos móviles o en los ordenadores que todos utilizamos. En nuestros aparatos está el precio de la reubicación de poblaciones, de la contaminación ambiental y de la salud destruida”.
Cada uno es, según ella, responsable y puede actuar a su medida: “Podemos pensar y consumir de manera diferente. ¿Es realmente necesario cambiar el teléfono cada mes o cada año?”
Informe de Pan para Todos Enlace externo
El elogio de Ignazio Cassis
El pasado mes de enero, el ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, visitó una mina de cobre de Glencore en Zambia. Elogió en TwitterEnlace externo “los esfuerzos para modernizar las instalaciones y formar a los jóvenes”. El mensaje había deleitado al gigante minero, que incluso lo había transmitido por cuenta propia. El ministro también afirmó que ya había “leído” las acusaciones hechas contra la mina y que gran parte de ellas tenían “que ver con una situación anterior”. Esas declaraciones provocaron la indignación de los defensores de los derechos humanos.
Según el periódico en lengua alemana Blick, las emisiones de gases tóxicos se produjeron poco antes de la visita de Ignazio Cassis. Diversas personas habrían sido hospitalizadas después de ese incidente. Pocos días después del viaje del ministro suizo, se habría producido un hecho similar, según el diario.
Traducido del francés por Marcela Águila Rubín
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