¿Quién mató al Banco Popular?
¿Hubo algo sospechoso detrás del rescate del Banco Popular? Las interrogantes sobre la compra in extremis del sexto banco español por parte de su compatriota Santander, cuando se encaminaba a la quiebra, se acumulan en España.
El lunes, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, garantizó ante el Congreso de los Diputados que las reglas europeas se siguieron “al pie de la letra” en la noche del 6 de junio, cuando se aplicó el nuevo mecanismo europeo de rescate de bancos.
Destinada a proteger a los contribuyentes de las quiebras bancarias, la operación llevaba a cabo en apenas unas cuantas horas culminó con la adquisición del sexto banco español por el primero, el Santander, por la suma simbólica de un euro.
De Guindos confirmó que el Popular se quedó sin liquidez el martes 6 de junio y que no habría podido abrir al día siguiente si no hubiera sido rescatado.
Los 60.000 millones de euros en depósitos del Popular se protegieron y no se usó “ni un solo euro de fondos públicos”, se felicitó el ministro, quien sin embargo no logró aplacar las críticas.
El diario financiero Expansión reveló el lunes que las autoridades locales retiraron su dinero del Popular antes de que fuera comprado, al igual que fondos de inversión, lo que contribuyó a la crisis de liquidez.
Dichas retiradas “coincidieron en el tiempo con las declaraciones públicas de las autoridades económicas nacionales en las que se señalaba que, con la información que disponían, ‘Popular cumplía los requisitos regulatorios'”, cuando trataban de infundir confianza a los depositantes, denunció el periódico.
– Banco zombie –
Más aún, “¿cómo se mantiene durante 5 años un ‘banco zombi’? ¿Cuál ha sido el papel del Gobierno y el de las instituciones supervisoras?”, se preguntó Pedro Saura, diputado socialista en el Congreso.
Se refería así al periodo desde el rescate europeo a los bancos españoles en 2012, rechazado por el Popular, que se desplomó por el peso de sus activos inmobiliarios “tóxicos”, acumulados desde que estalló la burbuja inmobiliaria en España.
El martes, los inspectores del Banco de España mostraron su sorpresa ante la estimación de la consultora Deloitte, utilizada como base por las autoridades europeas para fijar el precio de venta en un euro y que ubicó el valor del Popular dentro de un amplísimo rango de “menos dos mil millones de euros y menos ocho mil millones de euros”.
“Esto lleva a pensar que o los escenarios son de una diversidad extrema, o el experto no lo es tanto, o no lo es su independencia”, escribieron los inspectores, que también lamentaron la “futilidad” de las pruebas de resistencia bancaria, que Popular superó en 2016.
– Especulación –
Por otra parte, ¿hubiera sido posible detener la fuga de liquidez prohibiendo la intensa especulación a la baja de la acción del Popular?
“Si se hubieran prohibido durante 3 meses las ventas en corto, Banco Popular seguiría vivo”, estimó Roberto Tornabell, especialista en la banca de la escuela de comercio Esade.
Pero de esa manera muy probablemente se hubiera necesitado de un rescate público, generando un escándalo que no podía permitirse el Gobierno minoritario de Mariano Rajoy, que esta semana se enfrentó a una moción de censura de Podemos, indicó Tornabell.
En paralelo, el Banco Santander estudia compensaciones para ciertos pequeños accionistas, que perdieron toda su inversión.
El banco corre el riesgo de enfrentarse a miles de acciones judiciales: se han presentado dos demandas en España y se preparan otras en Estados Unidos.
La organización de defensa de los consumidores OCU presentó, en nombre de 9.500 pequeños accionistas, una querella contra los antiguos administradores del Popular y la auditora Pricewaterhousecooper, acusándolos de “falsedad contable” y “estafa”.
Si la justicia les da la razón, “tendrían que pagar los contribuyentes”, ya que bonos del Popular estaban garantizados por el Estado, explicó Tornabell.
El pleito promete ser largo, pero no debería alcanzar la magnitud del escándalo de Bankia, que en 2012 absorbió la mitad de la ayuda europea de 41.000 millones de euros.
Más del 70% de las ayudas públicas concedidas a la banca podrían no ser nunca recuperadas, según el Banco de España.
