Alertan del coste del regreso de jubilados británicos por el Brexit
La vuelta de los pensionistas británicos que viven en la Unión Europea, la mayoría en España, duplicaría el coste de su atención médica y obligaría a contratar más personal sanitario, advirtió un informe publicado este miércoles.
El informe de The Nuffield Trust, la Fundación Nuffield -una organización independiente británica centrada en temas sanitarios-, afirma que hay 190.000 jubilados británicos viviendo en la Unión Europea.
Bajo el programa de la UE conocido como S1, los jubilados europeos pueden instalarse en cualquiera de los 28 países del bloque y gozar de la misma atención sanitaria que los ciudadanos locales. Su Estado paga los costes al país en el que se han instalado.
“Si los jubilados británicos perdieran la cobertura médica en los Estados de la UE y tuvieran que volver a Reino Unido para recibir la atención que necesitan, los costes anuales podrían aumentar hasta 1.000 millones de libras cada año” (1.143 millones de euros, 1.278 de dólares), el doble exactamente de los 500 millones que cuesta actualmente, afirma el informe.
“Todavía más difícil sería encontrar el personal y las camas que esta gente necesitaría”, afirma el informe.
Según su estimación, harían falta 900 camas hospitalarias más y 1.600 enfermeras, “además de médicos, otros profesionales sanitarios y personal de apoyo”.
Todo ello, en un contexto de saturación de la sanidad pública británica, que no consigue llenar todas sus vacantes laborales y sufre problemas de financiación.
Actualmente, hay 900.000 británicos viviendo en países de la UE, según las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), un tercio de ellos (308.805) en España, su primer destino europeo.
El informe considera que, tras el Brexit, “no será fácil mantener acuerdos sanitarios recíprocos como el S1”, porque son parte del sistema de coordinación de la seguridad social de la UE, que es a su vez consecuencia y fundamento del sistema de libre circulación de los trabajadores.
La primera ministra británica, Theresa May, ya ha hecho saber que pretende que Reino Unido abandone la libre circulación europea -de trabajadores, bienes y servicios- para poder controlar la inmigración.
“Quiero acuerdo recíprocos para que los derechos (de los pensionistas británicos en la UE) estén garantizados”, dijo May a Sky News al ser interpelada este miércoles sobre el informe.
