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Una persona camina junto a una oficina de cambio en el centro de Buenos Aires, el 16 de diciembre de 2015

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Dos magistrados argentinos enviaron una comisión rogatoria a Suiza que solicita colaboración para "completar acabadamente el circuito de lavado de dinero ilícito de Lázaro Antonio Báez", un empresario argentino actualmente preso, informó el portavoz de la Oficina Federal de Justicia en Berna, Folco Galli.

Lázaro Báez es un empresario cercano a los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007), hoy fallecido, y Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2015).

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, de Buenos Aires, piden pruebas documentales de diez cuentas bancarias, en tres establecimientos de Ginebra, y uno de Lugano.

Sus beneficiarios serían, además de Lázaro Báez, sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Martín y Melina), dos de sus colaboradores, y Helvetic Services Group, la financiera domiciliada en Lugano "gerenciada" por el fiduciario italo-argentino residente en Suiza Néstor Marcelo Ramos, según el exhorto al que accedió la AFP.

La petición dice que "busca reconstruir los eslabones intermedios de la cadena de blanqueo, (...), los momentos posteriores a la clandestina fuga del dinero hacia el exterior y previos a que parte de ese dinero retornase en forma velada para ser incorporado al patrimonio de Lazaro Báez", entre 2012 y 2013, una trama tejida por bancos suizos, Helvetic Services Group, Ramos, y "sociedades de cobertura constituidas en paraísos fiscales al solo efecto de disimular y ocultar bienes".

Se agrega que los fondos provendrían de "una maniobra de fraude fiscal mediante la utilización de facturación apócrifa y empresas fantasmas que le permitió (a Lázaro Báez) hacerse de sumas millonarias de dinero en efectivo de origen ilícito", y "con la participación y la complicidad y/o encubrimiento de las máximas autoridades del organismo federal de recaudación de impuestos (AFIP), por lo que podría estarse ante un supuesto de corrupción y criminalidad organizada".

"Parte de ese dinero fue reingresado y blanqueado en la República Argentina" por la "activa intervención de la firma suiza Helvetic Services Group y de Néstor Marcelo Ramos, mediante la adquisición en la Confederación Suiza, a través del Banco J. Safra Sarasin, de títulos de la deuda pública argentina", por 32.800.000 dólares que fueron luego liquidados "en las cuentas bancarias" en Argentina de Austral Construcciones SA, la principal empresa de Lázaro Báez.

El exhorto señala que la sospecha sobre el origen de esos fondos radica en "la actividad económica" de Báez, la construcción, "a consecuencia y/o con estrecha relación de sus conocidos vínculos (personales y comerciales)" con los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, "y de la múltiple y millonaria obra pública que le fue adjudicada a los largos de los mandatos de ambos", para dejar de ser un empleado bancario y convertirse "en un empresario contratista del Estado".

Por estos hechos, Suiza abrió una investigación penal en 2013. Detectó 22.000.000 de dólares depositados en los bancos de Ginebra Lombard Odier y J. Safra Sarasin por "sociedades emparentadas con la familia Báez", pero archivó el caso en 2014 al no poder "determinar si los fondos eran de origen corruptivo". Argentina pide ahora "copias certificadas" de "los testimonios de los representantes legales" de esos dos bancos, recabados entonces por la fiscalía suiza.

El pasado 8 de junio, el juez Casanello y el fiscal Marijuan se reunieron en Berna con funcionarios suizos para concertar la ayuda judicial. El exhorto que acaba de formalizar Argentina sería el primer paso acordado con Suiza. Debería seguir el pedido de extradición de Néstor Marcelo Ramos, por los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero, con base en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por los dos países.

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AFP