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Manifestantes protestan contra la prohibición ejecutiva de inmigración firmada por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el Aeropuerto Internacional O'Hare, el 29 de enero de 2017, en Chicago, Illinois.

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Funcionarios de inmigración de Estados Unidos violaron de manera reiterada los derechos de inmigrantes que tenían permiso legal de ingreso al país y fueron retenidos en aplicación del decreto migratorio promulgado por el presidente Donald Trump, denunciaron dos asociaciones humanitarias.

En una denuncia presentada formalmente el lunes al Departamento de Seguridad Interna, ambos grupos acusan a funcionarios de aduana y de migraciones de dejar durante horas sin alimentos en los aeropuertos y negar el acceso a sus abogados a inmigrantes, en aplicación del decreto presidencial del 27 de enero que bloqueaba el ingreso de refugiados y de personas provenientes de siete países mayoritariamente musulmanes.

La Kathryn O. Greenberg Immigration Justice Clinic y el Centro para los Derechos Constitucionales detallan 28 de casos de personas que contaban con visas y a las que se las obligó a firmar formularios en los que decían que habían perdido ese permiso de ingreso y que aceptaban ser deportadas sin previa consulta a abogados.

Algunos no sabían lo que estaban firmando, pero fueron amenazados con una prohibición por cinco años de la concesión de un visado de entrada si se negaban a hacerlo, señala la denuncia.

Ambos grupos hablan de una "un sistema de abusos y violaciones" de los derechos de los inmigrantes, y señalan que se trata de un patrón de conducta habitual en los aeropuertos internacionales del país tras la controvertida orden presidencial que la justicia bloqueó provisionalmente.

La denuncia, presentada al Inspector del Departamento de Seguridad Nacional, indica que algunas personas fueron retenidas "durante más de 30 horas sin tener ninguna idea acerca de cuándo y cómo serían liberadas".

"Abogados que representan a estas personas acudieron a aeropuertos de todo el país, pero les fue terminantemente prohibido comunicarse con los detenidos, incluso cuando presentaron pruebas de una relación abogado-cliente preexistente", agrega.

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AFP