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Una manifestación en contra del CETA en el exterior de la sede de la Comisión Europea, en Bruselas, el 27 de octubre de 2016

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Bélgica llevó oficialmente el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá conocido como CETA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que verifique si es conforme al derecho comunitario, informó este viernes la corte europea.

"La petición se presentó a última hora de la tarde del jueves", precisó el TJUE a la AFP.

En octubre de 2016, el Gobierno federal belga se comprometió ante el Parlamento regional de Valonia a llevar el acuerdo comercial ante el alto tribunal europeo, en uno de los compromisos que permitió desbloquear la firma del CETA días después.

La petición de una opinión jurídica se centra en la "compatibilidad" del sistema de resolución de conflictos entre inversores y Estados, conocido como ICS, "con los tratados europeos", precisó el miércoles el Ministerio de Exteriores belga en un comunicado anunciando esa solicitud.

El ICS constituye una primera etapa de cara al establecimiento de un tribunal multilateral de inversiones, que la UE espera poner en marcha en el conjunto de sus acuerdos de libre comercio para resolver los conflictos.

Los magistrados del alto tribunal necesitarán al menos 18 meses antes de emitir una opinión al respecto.

El CETA entrará en vigor, sin embargo, de manera provisional y parcial el próximo 21 de septiembre, a la espera de un largo proceso de ratificación por todos los Parlamentos de la UE.

Las disposiciones incluidas en la solicitud belga ante la corte con sede en Luxemburgo están "excluidas de esta aplicación provisional", precisó el Ministerio de Exteriores belga.

El sistema de arbitraje de controversias que permite a los inversores demandar a los Estados si adoptan una política que consideran contraria a sus intereses es muy criticado por algunas ONG.

Este controvertido mecanismo permitió a la tabacalera Philip Morris demandar a Uruguay por su política antitabaco o al gigante de la minería Oceanagold denunciar a El Salvador por no concederle un permiso de explotación por motivos medioambientales.

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AFP