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Evento de la marca Bacardi en Las Vegas, el 15 de junio de 2011

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La empresa Bacardi anunció este martes un nuevo paso en su batalla con Cuba por la marca Havana Club en Estados Unidos, con el que busca que se revierta una decisión de la Oficina de Patentes norteamericana que le otorgó los derechos a La Habana.

En una querella introducida en una corte del distrito de Columbia, Bacardi pide que se cancele la decisión de la Oficina de Patentes de enero que garantizó al gobierno cubano el registro y los derechos sobre el ron Havana Club en territorio estadounidense, alegando que se tomó de forma fraudulenta, indicó la empresa en un comunicado.

"Nos sentimos decepcionados por tener que gastar tiempo valioso del sistema judicial ante la falta del gobierno estadounidense de respetar políticas que protegen los derechos de aquellos que sufrieron confiscación de sus propiedades", indicó Rick Wilson, vicepresidente de Bacardi.

Bacardi, empresa de origen cubano con sede en Bermudas, defiende ser la única dueña de Havana Club, lo cual es impugnado por Cuba, que mediante una empresa mixta con el fabricante francés de bebidas alcohólicas Pernod Ricard, distribuye esa bebida en el resto del mundo.

La interminable batalla legal por el derecho a usar el nombre del ron se remonta al momento en que Bacardi, que producía en Cuba el ron Bacardi y Havana Club, decidió abandonar ese país luego de la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. Bacardi asegura que compró los derechos de la bebida a la familia Arechabala, que producía el ron hasta que su destilería fue confiscada por el gobierno cubano.

Pero en enero, a un año de iniciarse el histórico deshielo entre Washington y La Habana, Cuba logró obtener los derechos de la marca ante la oficina norteamericana de Patentes y Marcas, lo que abrió la puerta a la venta del ron una vez que el embargo estadounidense sea desmontado.

En su querella, Bacardi afirmó que el gobierno cubano usó medios "engañosos y fraudulentos" para ganar los derechos en Estados Unidos. Asimismo, la empresa subrayó antecedentes legales que prohíben reconocer en el país empresas o marcas confiscadas por Cuba.

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AFP