Las autoridades iraquíes, bajo la presión de la calle y de las fuerzas políticas y religiosas, multiplicaron el sábado la creación de comisiones para investigar la muerte de un centenar de manifestantes abatidos a tiros.

Entre el 1 y el 6 de octubre, al menos 108 personas resultaron muertas y más de 6.000 heridas en Bagdad y en el sur del país, según la comisión gubernamental de derechos humanos.

La gran mayoría eran manifestantes que pedían empleo y servicios públicos, alcanzados por balas disparadas por "francotiradores no identificados", según las autoridades.

Tanto para los defensores de los derechos humanos como para los iraquíes que consiguen expresarse en las redes sociales, evitando la interrupción de internet a través de canales o desde el extranjero, las fuerzas del orden son responsables de estas muertes. Ya sea por haber disparado o bien por no haber protegido a los manifestantes de los disparos de francotiradores infiltrados.

Hasta ahora, las autoridades sólo han admitido su responsabilidad en dos casos. La primera, durante una noche de caos en un bastión chiita de Bagdad, en la que el ejército reconoció haber hecho un "uso excesivo" de la fuerza. La segunda, la muerte de un manifestante abatido por un policía antidisturbios en Babilonia, al sur de Bagdad.

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