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El comisario europeo de Asuntos Financieros, Pierre Moscovici, durante una rueda de prensa el 21 de junio de 2017 en Bruselas sobre una propuesta contra la evasión fiscal en la UE

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Bruselas pasó este miércoles a la ofensiva contra banqueros, abogados y asesores que incitan a sus ricos clientes a la evasión fiscal, como ilustran recientes escándalos en España que implican a grandes estrellas del fútbol.

"Hay personas, compañías, instituciones que ganan gran cantidad de dinero ayudando a otros a evitar los impuestos. Esto incluye asesores fiscales, (...) abogados, agentes deportivos de los que tenemos algún famoso ejemplo" actualmente, dijo el comisario de Asuntos Financieros, Pierre Moscovici, sin citar nombres.

La Comisión Europea no apunta específicamente a los deportistas, pero España, donde el fútbol es el rey, ejemplifica las maniobras de las grandes estrellas para pagar menos, especialmente de los que cobran por sus derechos de imagen.

El delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, fue así condenado a 21 meses de cárcel y una multa de 2,1 millones de euros por haber disimulado sus ganancias por derechos de imagen por medio de empresas pantalla a menudo situadas en paraísos fiscales.

Su rival del Real Madrid Cristiano Ronaldo también está bajo sospecha, después de que la fiscalía le haya denunciado por haber ocultado presuntamente 14 millones de euros al fisco, y el entrenador de este club entre 2010 y 2013, José Mourinho, supuestamente defraudó a la hacienda española unos 3,3 millones de euros.

Ambos deportistas portugueses son clientes del agente y compatriota Jorge Mendes, en el ojo del huracán después de que una investigación de varios medios europeos a finales de 2016 revelara sus supuestas prácticas para optimizar la fiscalización de las enormes sumas percibidas por sus clientes, especialmente en concepto de derechos de imagen.

- "Aportar más transparencia" -

En concreto, el ejecutivo comunitario quiere obligar a los expertos en optimización fiscal, o eventualmente a sus clientes, a declarar a la hacienda pública estos mecanismos, en ocasiones transfronterizos, para su examen por las autoridades. Esto no significa que los dispositivos sean perjudiciales, precisa.

"La UE está ahora en la vanguardia a la hora de aportar más transparencia al mundo de la planificación fiscal agresiva", se felicitó el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, para quien "en última instancia, todo ello se traducirá en mayores ingresos fiscales" para los países del bloque.

Las propuestas de Bruselas de hecho dejan la puerta abierta a los Gobiernos nacionales de definir las sanciones que aplicarán a quienes escondan estos mecanismos de optimización a las autoridades. Estas deben ser "efectivas, disuasorias y proporcionadas", precisa el ejecutivo en un comunicado.

Antes de entrar en vigor, inicialmente el 1 de enero de 2019, este proyecto debe recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y de los 28 países del bloque. Durante el proceso de aprobación, podría registrar eventuales cambios.

- Necesaria unanimidad de los 28 -

Como para toda las cuestiones fiscales, se necesita la unanimidad de todos los países de la UE para su puesta en marcha, si bien fuentes del ejecutivo comunitario muestran su confianza en que se apruebe sin problemas.

De hecho, Reino Unido ya aplicó este sistema en 2004, lo que presuntamente le permitió impedir fraudes a la hacienda pública por un monto total de hasta 12.000 millones de libras (13.600 millones de euros). Francia y Alemania, las dos principales economías de la zona euro, son favorables, según las mismas fuentes.

La eurodiputada ecologista francesa Eva Joly "urgió a los Estados a apoyar esta importante directiva que podría haber sido todavía más ambiciosa".

Las propuestas de la Comisión Europea se inscriben en una cruzada mucho más amplia contra el fraude fiscal.

El año pasado, el ejecutivo europeo ya había pitado el final de la optimización fiscal de las multinacionales, con una primera directiva para el intercambio automático de informaciones sobre las actividades de las grandes compañías entre las administraciones fiscales de los países de la UE.

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AFP