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La ONU denunció una "limpieza étnica" cometida por Birmania, cuyo ejército lleva a cabo desde hace más de tres semanas una operación de represalias después de un ataque de los rebeldes rohinyás el 25 de agosto

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A pocas horas del esperado discurso de Aung San Suu Kyi, la presión aumentaba sobre Birmania después de que la ONG Human Rights Watch (HRW) pidiera sanciones contra el ejército, acusado de "limpieza étnica" tras el éxodo de más de 410.000 musulmanes rohinyás.

La ONG instó a Naciones Unidas, poco antes de su Asamblea General, en Nueva York, a imponer sanciones concretas y un embargo de armas.

"Los comandantes militares birmanos son más susceptibles de responder a los llamamientos de la comunidad internacional si hay consecuencias económicas reales", advirtió John Sifton, de HRW.

La ONU ya denunció una "limpieza étnica" cometida por Birmania, cuyo ejército lleva a cabo desde hace más de tres semanas una operación de represalias después de un ataque de los rebeldes rohinyás el 25 de agosto. Esta ofensiva militar ha provocado un éxodo masivo de civiles.

Desde entonces, unos 412.000 refugiados han llegado a Bangladés, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Entre ellos figuran 70.000 mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz, según el Gobierno bangladesí.

En tres semanas se ha creado uno de los mayores campamentos de refugiados del mundo y ni las autoridades locales ni las ONG dan abasto.

En medio de este caos, los accidentes se multiplican. Este lunes, dos personas mayores murieron cuando unos elefantes salvajes pasaron por el ínfimo lugar donde se cobijaban.

Ocurre que, al no haber espacio suficiente en los campamentos existentes, las personas que van llegando se instalan donde pueden. Así, todas las colinas de la zona están recubiertas por un sinfín de lonas negras que apenas sirven para guarecerse de las lluvias monzónicas.

El sábado, dos niños y una mujer murieron por una estampida humana provocada por los movimientos de la muchedumbre. Hambrienta y desesperada, la gente se abalanza de un lado para otro para intentar conseguir los paquetes de ropa o alimentos que se van distribuyendo.

- Nuevos incendios -

Y los rohinyás siguen afluyendo, huyendo de los incendios en sus poblados.

"En el distrito de Maungdaw, el ejército quema pueblos todos los días. Se nos informa diariamente de dos a tres incendios", afirma a la AFP Chris Lewa, del proyecto Arakan, una organización de defensa de los derechos de los rohinyás, cuyos informes son utilizados desde hace años por la ONU.

Muchos temen que estos refugiados se queden bloqueados durante años en Bangladés, ya que las autoridades birmanas anunciaron que no dejarían volver a los que huyeron, estimando que eran cómplices de los rebeldes rohinyás, considerados "terroristas" por el Gobierno.

"Los que huyeron de sus pueblos fueron a otros países por miedo a ser detenidos porque están implicados en los ataques violentos", aseguró el sábado el servicio de prensa de Aung San Suu Kyi.

Presionada por todas partes, la dirigente birmana se dirigirá a la nación en un discurso televisado el martes a las 10H00 locales (03H30 GMT).

Suu Kyi se encuentra en una posición delicada, entre la comunidad internacional, que la critica con dureza, y la población birmana, mayoritariamente antimusulmana.

Hasta ahora, la exdisidente y premio Nobel de la Paz ha apoyado al ejército, acusado de cometer abusos contra la población bajo pretexto de una operación antiterrorista.

La líder birmana tiene poco margen de maniobra, según los expertos. "La nación birmana se está construyendo y ha decidido hacerlo sin los rohinyás. Pensar que se ignoraría es totalmente ilusorio", estima Maël Raynaud, especialista en Birmania.

En Rangún, este lunes, un grupo de manifestantes denunció la presión de la comunidad internacional.

El rechazo a los rohinyás, considerados como extranjeros ilegales en este país, con más del 90% de su población budista, es muy común entre los birmanos.

Desde que les fue retirada la nacionalidad birmana, en 1982, se impuso a los rohinyás muchas limitaciones: no pueden viajar ni casarse sin autorización y no tienen acceso al mercado laboral ni a los servicios públicos (escuelas, hospitales).

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AFP