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El presidente en ejercicio de Bolivia, el senador José Alberto Gonzales (C) exhibe un documento luego de aprobada la ley que convoca a un referendo para definir la reelección presidencial, el 5 de noviembre de 2015 en La Paz

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Bolivia definirá en un referendo el 21 de febrero próximo si el presidente Evo Morales, en el poder desde 2006, podrá postularse para una nueva reelección hasta 2025, prueba que según sondeos ganará pese al desgaste de su gestión.

La ley de convocatoria a referendo, aprobada de madrugada por el Congreso oficialista, fue promulgada este jueves por el Ejecutivo en ausencia de Morales, de misión oficial en Europa, y de su vice, Álvaro García, en Lima, que también aspira a reelegirse.

En el último trámite de esta ley, la mayoría oficialista del Congreso aprobó con más de dos tercios de los votos la modificación de un artículo de la Constitución para permitir dos reelecciones de manera continua en lugar de sólo una, como reza actualmente.

Morales, que asumió en enero para el mandato 2015-2020, bajo el amparo de la Constitución de 2009, podrá postular en las elecciones de 2019 con miras a una gestión 2020-2025, si la reforma aprobada en el Congreso cuenta luego con el apoyo de la ciudadanía.

En el referendo, "nos estamos jugando la posibilidad de profundizar este modelo económico que nos ha permitido en una década empezar a recomponer el desastre que ha sido de este pobre país en 180 años", desde su fundación, dijo en la promulgación el presidente en ejercicio, el senador José Alberto Gonzales.

La oposición, fragmentada y sin un liderazgo capaz de enfrentarse a Morales, considera ilegal la reforma y anunció que espera demandar su aplicación ante el Tribunal Constitucional, que validó en un fallo precedente el tenor de la pregunta.

Rubén Costas, jefe del partido Unidad Demócrata y gobernador de Santa Cruz, la región más próspera del país, opinó que "el presidente no puede cambiar la ley para su beneficio" y llamó a votar por el No en el referendo.

Seguro de que el resultado le favorecerá, Morales, que basa su confianza en los índices de crecimiento de su país, unos de los mejores de la región, aseveró en alguna ocasión que "para mí no es tan difícil ganar las elecciones".

Pero "si el pueblo dice 'No' en el referendo sobre esta ley, pues yo contento y feliz, los esperaré en el Chapare después del 2020", afirmó el año pasado en referencia a la zona cocalera desde donde emergió a la política y donde, dice, espera instalar un restaurante.

Según una encuesta elaborada por Ipsos y divulgada en octubre por la red de televisión privada ATB, un 49% de los bolivianos aprueba un eventual nuevo mandato de Morales, mientras otro 39% lo reprueba.

- El talón de Aquiles de Morales -

El analista y académico Carlos Cordero consideró que es inconveniente una eventual reelección de Morales, porque "cuando las gestiones pasan de dos periodos se vuelven opacas, es decir que impiden la fiscalización y el control social y es puerta abierta a la corrupción".

Este parece ser el talón de Aquiles de la administración Morales, que no logra sacudirse de un sonado caso de corrupción de un fondo estatal que apoyaba proyectos en el agro y cuyos dineros terminaron, según investigación judicial, en cuentas bancarias de algunos dirigentes campesinos oficialistas.

El gobierno estableció inicialmente que la corrupción alcanzó a unos 2 millones de dólares en la realización de obras fantasmas, aunque sospecha que el daño económico podría llegar hasta 14,7 millones, por lo que continúan las investigaciones. Por este caso, renunció la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, cercana al mandatario aymara.

Morales llegó al poder en 2006 con 54% de los votos, luego revalidó el cargo con 64% para el periodo 2010-2015 y con 61% para la gestión 2015-2020.

La oposición afirma que el gobernante forzó el tercer mandato con una interpretación de las leyes.

Morales alega que su tercera postulación se concretó luego de que en 2013 el Tribunal Constitucional considerara que su primera gestión comenzó en 2010 bajo la nueva Carta Magna aprobada en 2009, que sepultó la República para dar paso al actual Estado Plurinacional.

AFP