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Jorge Gerdau Johannpeter, vicepresidente del Instituto Brasileño del Hierro y el Acero y presidente de la siderúrgica Gerdau, habla con la prensa durante un almuerzo 22 de agosto de 2001, en Río de Janeiro.

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La justicia brasileña ordenó este jueves el traslado coercitivo del presidente de la siderúrgica Gerdau para declarar en una causa que investiga delitos de corrupción y evasión fiscal por 1.500 millones de reales (unos USD 378 millones).

La policía federal llevó a cabo esta operación en cinco estados brasileños donde buscó a 22 personas, entre ellas André Gerdau, presidente del grupo que lleva su apellido, para interrogarlas sobre su eventual participación en un fraude que manipulaba el Consejo de Recursos Fiscales (CARF), organismo encargado de juzgar reclamos por infracciones tributarias.

La noticia derrumbaba en más de 10% al mediodía local (15h00 GMT) las acciones preferenciales del grupo en la bolsa de Sao Paulo.

Una "empresa siderúrgica brasileña que posee operaciones industriales en 14 países celebró contratos con estudios de abogados y consultorías, los cuales, por medio de sus socios, actuaron de forma ilícita, manipulando el progreso, la distribución y las decisiones del Consejo de Recursos Fiscales (CARF)" con el fin de cancelar el pago de tributos, informó la policía en un comunicado.

La siderúrgica confirmó mediante una nota escrita que la policía realizó búsquedas en sus dependencias la mañana del jueves, y afirmó que "no concedió ninguna autorización para que su nombre fuese usado en pretendidas negociaciones ilegales, rechazando con vehemencia cualquier actitud que pueda haber ocurrido con ese fin".

Según el balance 2014, Gerdau facturó unos 10.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. La firma posee plantas industriales en las Américas, Europa y Asia y sus títulos también cotizan en Nueva York y Madrid.

La llamada "Operación Zelotes" (falso celo, en español), investiga un sofisticado entramado fraudulento que operaba en el CARF, que se encarga de juzgar en última instancia las sanciones impuestas por el fisco.

Algunos consejeros de ese organismo habrían aceptado y promovido sobornos de grandes empresas que debían abonar millonarias multas a la Hacienda federal a cambio de fallar a su favor en los juicios y rebajar o ahorrarles, así, el pago de tributos.

De acuerdo con la policía, existen evidencias de que el esquema delictivo montado entre representantes del CARF, abogados y la siderúrgica continuó funcionando incluso después de que fue lanzada públicamente la operación policial.

Por este mismo esquema las autoridades allanaron en octubre de 2015 oficinas de la empresa de uno de los hijos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La Policía Federal estima que el esquema delictivo supuso evasiones al fisco por más de 4.000 millones de dólares.

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AFP