Brasil y Uruguay impulsan apoyo a países en renegociación de deuda
Las delegaciones de Brasil y Uruguay promoverán este jueves en la OEA una resolución de apoyo a países en proceso de renegociación de su deuda soberana, para que sea votada durante la reunión de cancilleres que discutirá la situación de Argentina.
“Estaremos presentando con Brasil un proyecto de resolución, que apunta a darle a todos los países las mejores condiciones y capacidades para poder negociar o reestructurar su deuda”, adelantó el canciller de Uruguay, Luis Almagro, durante una conferencia de prensa en Washington.
La OEA realizará este jueves una reunión de consulta a nivel de cancilleres para discutir sobre la posibilidad de que Argentina caiga en un nuevo default como consecuencia de su disputa judicial con fondos especulativos en una corte en Nueva York.
La convocatoria a esta reunión urgente fue presentada por Argentina el pasado lunes y fue aprobada por aclamación, aunque diversas delegaciones (entre ellas, Estados Unidos y Jamaica) cuestionaron su utilidad para resolver el problema.
Según Almagro, la resolución impulsada por Uruguay y Brasil defiende que “las renegociaciones de deuda soberana no se vean afectadas por terceros, que vienen con un esquema de especulación y la posibilidad de ganar 1.600% con relación a su inversión inicial, en muy poco tiempo”.
“Tampoco es bueno para ninguna entidad financiera internacional ni ningún organismo multilateral de crédito, porque si en un momento están negociando una reestructuración de cualquier país, no se pueden permitir este tipo de competencia”, añadió.
El fallo de un juez de Nueva York, que ordena a Argentina pagar al mismo tiempo bonos de su deuda reestructurada y a fondos especulativos que no participan de esas operaciones de canje, empuja al país en dirección de un nuevo default.
Argentina depositó el pasado jueves dinero para pagar bonos reestructurados que tenían fecha de vencimiento el 30 de junio, pero el juez Thomas Griesa, de Nueva York, bloqueó algunas de las transferencias.
Si el cobro no se produce antes de que venza el plazo de gracia el próximo 30 de julio, Argentina corre el riesgo de ingresar a un nuevo cese de pagos.
