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Nueva York, la mayor metrópolis estadounidense, integra el grupo de más de 200 ciudades "santuario" que rehúsa que sus fuerzas policiales y otros servicios municipales ayuden a los agentes federales de inmigración a detectar a los clandestinos

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La fiscalía de Brooklyn modificará la forma en que procesa los delitos cometidos por emigrantes clandestinos, a fin de limitar los riesgos de expulsión que los afectan bajo la administración del presidente Donald Trump.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, indicó en un comunicado el lunes que sus funcionarios harán todo lo posible para evitar que los emigrantes clandestinos que procesan enfrenten "consecuencias colaterales desproporcionadas tales como la expulsión".

En consecuencia, los fiscales tendrán en cuenta desde el inicio el eventual estatus de clandestino del acusado, y "en la medida de lo posible", favorecerán cargos que "no comprometiendo la seguridad pública, no lleven a su expulsión o a otras consecuencias desproporcionadas", indicó Gonzalez.

Gonzalez, cuyo anuncio fue saludado por la asociación de defensa de los inmigrantes, la New York Immigration Coalition, niega sin embargo querer impedir que el gobierno federal "deporte a los no-ciudadanos cuyos actos realmente pusieron a otros en peligro".

Muchos crímenes graves, comenzando por los crímenes violentos, "implicarán consecuencias inevitables, con frecuencia apropiadas" en materia de inmigración, subrayó.

La medida ilustra la voluntad de las autoridades demócratas de Nueva York para resistir el endurecimiento preconizado por la administración Trump ante los cerca de 11 millones de inmigrados clandestinos que viven en Estados Unidos, principalmente orientado hacia quienes tienen antecedentes judiciales, amenazados de expulsión.

Nueva York, la mayor metrópolis estadounidense, integra el grupo de más de 200 ciudades "santuario" que rehúsa que sus fuerzas policiales y otros servicios municipales ayuden a los agentes federales de inmigración a detectar a los clandestinos, si éstos no cometieron crímenes violentos.

La administración Trump amenazó con privar a esos municipios de numerosos fondos si no adhieren a sus lineamientos.

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