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El juzgado número 600, donde tuvieron lugar los juicios de Nuremberg, el 7 de noviembre de 2005 en esta ciudad del sur de Alemania

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Alemania libra una carrera contrarreloj para juzgar a los últimos criminales del Tercer Reich setenta años después del juicio a los dirigentes nazis en Nuremberg, en un intento de recuperar el tiempo perdido tras décadas de letargo judicial.

Los procesamientos están encaminados a castigar "a cualquier participante" en los crímenes nazis y a "conceder la palabra a los últimos testigos", siguiendo una lógica "penal, pedagógica y social", analiza Werner Renz, historiador del Instituto Fritz-Bauer de Fráncfort (centro).

Hay una docena de investigaciones en curso contra antiguos miembros de las SS. Hace unos meses fue condenado a cuatro años de cárcel Oskar Groning, excontable de Auschwitz que confesó una "falta moral" y pidió perdón a las víctimas de la Shoah.

Una mujer de 91 años y dos hombres de 92 y 93 años, otrora telegrafistas o guardianes de Auschwitz, podrían ser juzgados en 2016 por "complicidad" en el exterminio de los judíos. Dos de ellos podrían comparecer ante un tribunal de menores porque eran muy jóvenes cuando sucedieron los hechos.

"Es demasiado tarde para los que tomaron las decisiones, entonces extendemos la noción de culpabilidad hasta un extremo ridículo para perseguir a los cómplices", lamentó antes del juicio de Gröning el abogado francés Serge Klarsfeld, quien dedicó su vida a buscar a los nazis.

- 'Segunda falta' -

Incluso en los dossieres más avanzados la celebración de un juicio requiere la aprobación de los tribunales. Es un obstáculo a mayores, porque ha transcurrido mucho tiempo y por la edad avanzada de los sospechosos.

La investigación sobre Oradour-sur-Glane (642 civiles muertos en Francia en junio 1944) desembocó a finales de 2014 en un sobreseimiento por falta de pruebas. La matanza de Sant'Anna di Stazzema (560 víctimas civiles en Italia en agosto de 1944) quedó sin condena en mayo debido al estado de salud del último oficial todavía vivo.

El antiguo SS holandés Siert Bruins, condenado a muerte en su país en 1949 por el asesinato de un resistente, acabó siendo juzgado en 2013 en Alemania, donde se había refugiado, pero todo quedó en nada por falta de testigos.

Aunque frustrados, estos procesamientos constituyen una prueba de que la justicia alemana se ha propuesto actuar contra los últimos nazis. Esto es posible gracias a una nueva generación de magistrados y del "trabajo realizado después de la Reunificación sobre los crímenes en la ex RDA (República Democrática Alemana)", explica Christoph Safferling, profesor de derecho penal de la Universidad de Erlangen-Nuremberg.

El balance es poco elogioso. El escritor alemán Ralph Giordano lo califica incluso de "segunda falta": sólo en el campo de Auschwitz murieron 1,1 millones de personas, entre ellas un millón de judíos, y menos de 50 de los 6.500 SS que sobrevivieron a la guerra han sido condenados.

- 80% de antiguos nazis -

"Es ante todo un fracaso político. Y un fracaso de la justicia", estima Werner Renz. Precisa que el rechazo de la joven República Federal de Alemania (RFA) a integrar en su legislación la noción de "crímenes contra la humanidad" obligó a los tribunales a juzgar las atrocidades nazis con "instrumentos inadaptados".

En una sociedad en plena reconstrucción, poco dada a remover el pasado, "el 80% de los funcionarios de justicia de los años 1950 y 1960 habían sido miembros del partido nacional socialista", abunda Christoph Safferling.

Se celebró un puñado de juicios emblemáticos, como el de ex miembros de los pelotones de ejecución del Este (Ulm, 1958), de ex SS de Auschwitz (Fráncfort, 1963-1965) y de Majdanek (Düsseldorf, 1975-1981), que eclipsaron las pocas condenas que hubo.

Tres líneas introducidas en 1968 en una ley elaborada por el antiguo nazi Eduard Dreher, convertido en funcionario del ministerio de Justicia, provocaron la prescripción de miles de casos, como la investigación sobre los "criminales de oficina" de la central de la seguridad del Reich, encargada de orquestar las deportaciones.

"Es poco probable que alguien, entre los superjuristas del ministerio, haya visto venir este peligro. Sobre todo porque la prescripción ha salvado a algunos de ellos", comenta Safferling, que preside una comisión de investigación sobre el tema y hará públicas sus conclusiones en 2016.

AFP