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Estudiantes con banderas pro-independencia acuden a una manifestación a favor de la celebración del referéndum del 1 de octubre, en Barcelona, el 22 de septiembre de 2017

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El independentismo catalán se instala en la protesta con varias manifestaciones este viernes en Barcelona contra las operaciones policiales para frenar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, denunciadas por el gobierno español como "tumultuarias".

"Lo que hemos visto estos días (...) son movilizaciones tumultuarias", criticó el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo, justificando el envío de un amplio refuerzo policial a esta región de 7,5 millones de habitantes, con sus autoridades y parte de su ciudadanía en rebeldía contra el poder central.

La acusación se producía poco antes de que la fiscalía de la Audiencia Nacional en Madrid pidiera una investigación por "sedición" tras las protestas del miércoles contra las operaciones policiales en Barcelona, en la que guardias civiles se vieron rodeados y sus vehículos dañados.

En su escrito, el fiscal cita a dos figuras del independentismo catalán, los dirigentes de las influyentes asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Omnium, Jordi Cuixart, que habían llamado a protestar.

El tumulto es precisamente uno de los factores que llevan al delito de sedición, y los independentistas se apresuraron en rechazar las acusaciones proferidas desde Madrid, acusando a las autoridades españolas de crear un falso relato.

"Las manifestaciones son absolutamente cívicas, pacíficas y alegres, nada que ver con un tumulto", dijo el portavoz del gobierno regional Jordi Turull.

El despliegue policial y judicial contra la votación aumentó el miércoles con la detención de 14 responsables políticos, la intervención financiera de la administración regional y la incautación de numeroso material electoral.

Desde entonces, las protestas proliferan por esta región.

Este viernes cientos de manifestantes se concentraron ante el juzgado donde declararon algunos detenidos, ya puestos en libertad, otros frente al Tribunal Superior de Justicia regional y cientos de estudiantes irrumpieron en el edificio principal de la Universidad de Barcelona para ocuparlo.

Pero un amplio número de catalanes no desea la secesión. Este viernes unas 300 personas lo expresaron en una manifestación convocada por la ultraderecha ante la sede de la ANC, algunas de ellas con actitudes algo violentas que intentaron agredir a militantes independentistas.

Ajeno a estos altercados y con una bandera española a sus espaldas, Albert Pallás aseguraba que él quería un referéndum pero legal.

"Todos tenemos que respetar las leyes, pagar nuestros impuestos y ellos se lo saltan todo a la brava", lamentaba este abogado de 24 años.

- Presión policial -

Si bien el presidente del gobierno español Mariano Rajoy dio por desarticulado el referéndum el miércoles, tras las detenciones y la incautación de millones de papeletas de voto, las operaciones policiales siguen activas.

Este viernes la Guardia Civil realizó una inspección "con resultado negativo" en una empresa de embalaje de cartón a 60 km de Barcelona, buscando en principio las urnas electorales, cuya ubicación es secreta.

El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, también advirtió por carta al gobierno regional del envío de refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que "actuarán en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal".

Miles de ellos se alojan en tres ferris fletados por el ministerio en Barcelona y Tarragona.

Además, la justicia ordenó el cierre de la web donde se informa de la ubicación de los colegios electorales.

- 'Lo siento España, Cataluña votará' -

Hasta ahora, el presidente regional Carles Puigdemont desoyó la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional.

"Lo siento España, Cataluña votará sobre la independencia os guste o no", titulaba una tribuna suya en el diario estadounidense Washington Post.

Su causa recibió un leve espaldarazo del Parlamento Europeo, donde 47 de sus 750 diputados, mandaron una carta a Rajoy denunciando "acciones represivas" de su gobierno y asegurando, como Puigdemont, que la región vive "bajo un estado de sitio encubierto".

La presión de Madrid, sin embargo, dio sus frutos.

El gobierno regional se vio forzado a destituir al número dos del departamento de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, clave en la infraestructura electoral, y a los miembros de la sindicatura electoral creada para supervisar el escrutinio.

Todos ellos iban a recibir multas de 12.000 euros diarios hasta que no obedecieran la suspensión del referéndum.

"Este es un referéndum ilegal que no se va a celebrar. No tiene además ninguna garantía democrática", dijo Méndez de Vigo.

Pero los ánimos en las protestas independentistas de Barcelona eran muy distintos: "¡Lo que diga España me da igual!", decía con vehemencia Miriam de Simón, dependienta de 50 años. "Se va a votar seguro", aunque el cómo es una incógnita.

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AFP