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Imagen de archivo de una protesta contra el proyectado canal interoceánico en el sur de Nicaragua, el 7 de enero de 2017

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Centenares de campesinos asentados en la ruta del proyectado canal interoceánico en el sur de Nicaragua marcharon este sábado para insistir en la abolición de la ley de concesión a cuatro años de su promulgación.

Unos cinco mil personas de comunidades asentadas en la ruta de 278 kilómetros que dividiría en dos al país, marcharon en la comunidad de Punta Gorda, sitio de partida de la vía interoceánica en el litoral del Caribe sur, según dijeron organizadores de la marcha a través de whatsaap y otras redes sociales.

Con banderas de Nicaragua, botas de hule y paraguas los manifestantes ocuparon la calle central en esta remota comunidad caribeña, según imágenes distribuidas a través de estos medios.

"Esta es una marcha que nos motiva mucho como Consejo Nacional a seguir luchando, miles de campesinos han salido una vez más a rechazar la Ley 840 (de concesión de canal); a reclamar derechos que en este país han sido violentados", manifestó la dirigente del movimiento Francisca Ramírez al canal 15 de la televisión local.

A cuatro años de la firma de los acuerdos de concesión el 13 de junio de 2013, entre el gobierno y el inversionista chino Wang Jing, se han realizado 88 marchas locales y a nivel nacional, recordó Ramírez.

"No nos vamos a cansar hasta lograr la derogación de la Ley 840; estamos marchando como la primera vez; si todos esos miles de campesinos pudiéramos salir a la ciudad, no hubiera más obstáculos (para demostrar rechazo) porque somos más que la Policía o el Ejército", comentó.

Ramírez hacía alusión a otras protestas en los centros urbanos, incluida la capital, que han sido impedidas por las autoridades mediante el uso de la fuerza y gases lacrigómenos con saldos de campesinos heridos, golpeados y detenidos.

El canal, tres veces más largo que el de Panamá, cuya construcción se estima costaría 50.000 millones de dólares ha sido rechazado por los campesinos que temen que sus tierras sean expropiadas, así como por ecologistas, que advierten daños irreparables a la biodiversidad y al ecosistema del lago Cocibolca, cuyas aguas serían usadas para esta obra, pese a que es la segunda fuente de agua dulce de América Latina, después del Titicaca de Perú.

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