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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habla sobre las medidas tomadas por el gobierno en respuesta a un paro camionero, el 14 de julio de 2016 en el palacio Nariño de Bogotá

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Colombia aumentó este jueves el despliegue de fuerza pública para enfrentar un paro camionero de 38 días que ya ha provocado problemas de movilidad, desabastecimiento y alza de precios, así como paralización parcial de la industria.

"No hay huevos ni leche, no hay combustible. Además, las vías están cerradas", dijo a AFP Yolanda Sierra, recepcionista de un hotel en Boyacá (centro), despensa del país y uno de los departamentos más afectados por las protestas, que han dejado un muerto y varios heridos, entre ellos el gobernador Carlos Andrés Amaya.

Para garantizar la seguridad y la distribución de insumos, el presidente Juan Manuel Santos ordenó aumentar de 27.000 a 50.000 los soldados y policías que custodian las carreteras.

Los transportadores "no pueden ir en contra de la gran mayoría de los colombianos, de la canasta familiar, del bolsillo de las familias, del normal abastecimiento de alimentos, del empleo, del trabajo decente y de la actividad de campesinos e industriales", dijo en una alocución.

Santos advirtió que si se aceptan las demandas de los camioneros, "suben un 10% los productos de la canasta familiar".

Desde la turística Villa de Leyva, a unos 160 km de Bogotá, Sierra dijo que ahora necesita 100.000 pesos (unos 34 dólares) para comprar víveres que hace 15 días compraba por 30.000 pesos (10 dólares).

"Por las vías (la gente) no se puede trasladar porque echan aceite y ponen tachuelas. Han llegado huéspedes con los vidrios de los carros rotos (...) Si no hay turismo, entonces no nos entra plata", afirmó.

El paro, que se inició el 7 de junio, busca la puesta en marcha efectiva de un fondo de "chatarrización", programas sociales para los conductores, mayor seguridad en las vías, baja en el costo de peajes y combustibles, entre otros.

La movilización involucra a unos 54.000 conductores de los 280.000 registrados, según fuentes sectoriales.

Aunque al principio el paro se desarrolló en relativa calma, esta semana aumentó la violencia, y un informe de Medicina Legal divulgado este jueves confirmó que como parte de los enfrentamientos con las autoridades murió un manifestante por el impacto en su rostro de "una granada lacrimógena".

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lamentó el fallecimiento y aseguró que las fuerzas militares están dispuestas "a que se decreten las responsabilidades penales y disciplinarias" por ese hecho.

- Precios suben 60% y 80% -

Según la Asociación de Industriales de Colombia (Andi), varias empresas han parado su producción en los departamentos de Caldas, Antioquia y Boyacá.

Natalia Orejuela, directora de mercadeo en Cali, tercera ciudad de Colombia, contó que en el sitio de eventos en el que trabaja ya tuvieron que pedir insumos a Bogotá "porque acá no hay". Allí, autoridades reportan alzas en los precios de los alimentos de entre 60% y 80%.

El ministro Villegas aseguró sin embargo que "ha habido una notoria recuperación en el tránsito de carga en la inmensa mayoría de regiones del país".

Todas las vías "ya están abiertas", dijo, señalando un mayor abastecimiento en Medellín (noroeste) y menor acumulación de carga en los centros de acopio en Buenaventura, en el Pacífico, y Barranquilla y Santa Marta, en el Caribe.

Anunció además que la Armada colaborará para llevar combustible al departamento de Nariño (suroeste, fronterizo con Ecuador), donde la situación es "crítica".

"En las ciudades se pueden observar filas interminables de gente que está aprovechando el poquito combustible que ha podido ingresar", afirmó el líder indígena de Nariño Hernando Chindoy, quien destacó que algunos restaurantes cerraron por falta de alimentos.

De su lado, Santos también llamó la atención sobre la "corrupción" en la "chatarrización", de vehículos de carga, que investiga la Fiscalía.

Según el jefe de Estado, este programa se ha convertido en "un negocio particular en el que las principales víctimas son los pequeños transportadores". "No se puede tolerar un cartel del transporte que fija los precios y prohíbe la competencia", puntualizó.

Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), que lidera las protestas, rechazó esos señalamientos, que tildó de "calumnias". "Estrategia tramposa la de satanizar a los que luchamos por nuestros derechos", escribió en Twitter.

Entre las medidas para "garantizar el abastecimiento y el transporte de mercancías", el gobierno dispuso inmovilizar e incautar los vehículos que bloqueen vías.

Según el ministerio de Comercio, el paro deja ya pérdidas de 340 millones de dólares.

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AFP