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Michel Temer da un discurso durante la toma de posesión de su ministro de Justicia, el pasado 31 de mayo en Brasilia

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La crisis política brasileña dio este sábado un nuevo giro con el arresto de un hombre de confianza del presidente Michel Temer, en vísperas del inicio de un juicio en el tribunal electoral que podría anular su mandato.

El exdiputado Rodrigo Rocha Loures, filmado con una maleta repleta de dinero, fue detenido en Brasilia pocas horas después de perder su inmunidad parlamentaria.

El político, de 50 años, era hasta mediados de mes uno de los más cercanos asesores de Temer y los analistas estiman que si llegase a un acuerdo de "delación premiada" con la Justicia, podría asestar un golpe de gracia al debilitado mandatario conservador.

De acuerdo con las delaciones premiadas de ejecutivos del gigante cárnico JBS, Rocha Loures habría sido designado directamente por Temer para recibir sobornos de la empresa a cambio de favores y fue filmado en marzo cargando una maleta con 500.000 reales (unos 150.000 dólares).

Según allegados del exasesor citados por la prensa, la esposa del político, embarazada de ocho meses, presiona para que su marido suelte la lengua, pero otros miembros de su familia se oponen a ello.

Temer reiteró esta semana que consideraba a su exasesor un hombre "decente" y desestimó el riesgo de una "delación premiada", un instrumento que permitió sentar en el banquillo a centenas de políticos y empresarios en el marco de la operación Lava Jato sobre la red de sobornos en Petrobras.

"Dudo que (Rocha Loures) haga una delación. Dudo que me denuncie. Primero, porque no sería verdad. Segundo, porque conociéndolo, me parece difícil que haga eso", dijo Temer en una entrevista con el semanario IstoÉ.

En otra entrevista, publicada este sábado por Veja, Temer afirmó que Rocha Loures pudo haber sido "víctima de una armadilla".

Temer se encuentra en el ojo del huracán tras la divulgación, el 17 de mayo, de una grabación en la que parece aprobar el pago de sobornos, durante una conversación con Joesley Batista, uno de los dueños de JBS.

El caso valió la apertura de una investigación contra Temer y Rocha Loures en la corte suprema por corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal.

- Esperando al TSE -

El episodio se produce sólo días antes de la apertura, el martes 6, de un juicio en la corte electoral por abusos de poder y financiación ilegal de la campaña de 2014, que podría costarle el cargo a Temer.

En esos comicios resultó reelecta la fórmula Dilma Roussef-Michel Temer. Pero Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) fue destituida dos años después por el Congreso, lo cual permitió el acceso al poder de su exaliado, a quien acusó de "golpista".

El juicio debe durar tres días, pero podría alargarse varias semanas por probables pedidos de vista (suspensión) encaminados por los jueces para examinar el caso.

Si el TSE anula la elección, definirá igualmente si Temer debe salir inmediatamente del poder o si puede seguir gobernando hasta agotar las instancias de apelación.

Si Temer cae, el Congreso -también plagado de sospechas de corrupción- deberá elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018.

- Ofensiva judicial a izquierda y derecha -

Entretanto, el Fiscal General, Rodrigo Janot, pidió el viernes al Supremo Tribunal Federal (STF) abrir una investigación contra el senador suspendido Aécio Neves -candidato derrotado en 2014- bajo sospecha igualmente a causa de las confesiones de ejecutivos de JBS.

Según la acusación, Neves, del PSDB, le pidió a Batista dos millones de reales para sufragar los gastos para su defensa por otras acusaciones que enfrenta en el marco del escándalo Petrobras.

"La inculpación de Aécio Neves sería más grave incluso" que una delación de Rocha Loures, dijo a la AFP el analista político David Fleischer, profesor emérito de la Universidad de Brasilia.

Ello "agravaría la crisis" y podría llevar al PSDB, el principal socio de gobierno y ya dividido sobre el tema, a "desembarcar", agregó.

La Fiscalía de Curitiba (sur), "capital de la Operación Lava Jato", pidió por su lado al juez Sergio Moro que dicte una orden de prisión contra el expresidente Lula da Silva (2003-2010), líder histórico de la izquierda, por corrupción pasiva y activa y lavado de dinero.

Moro debe determinar si Lula es dueño de un tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo), que habría recibido de la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.

El exmandatario, objeto de cinco acusaciones judiciales, niega cualquier acto ilegal y las atribuye a una maquinación político-judicial para bloquear su candidatura en las elecciones de octubre de 2018.

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