Dos años después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, miles de independentistas catalanes se manifestaron mientras preparan un nuevo periodo de "desobediencia civil" masiva ante la hipotética condena contra los líderes implicados en ese intento de secesión.

En una jornada repleta de actos conmemorativos, partidos y asociaciones separatistas lanzaron un manifiesto conjunto llamando "a responder de forma masiva desde la lucha no violenta y la desobediencia civil pacífica" a la sentencia contra sus dirigentes juzgados.

Este mes, el Tribunal Supremo debe dictar el veredicto del histórico juicio celebrado entre febrero y junio contra diez políticos y dos activistas por la tentativa de secesión de esta rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes.

Para nueve de ellos, acusados de rebelión y encarcelados en algunos casos desde hace casi dos años, la fiscalía solicita penas de entre 16 y 25 años de prisión. Para los otros tres, 7 años por malversación.

"Una sentencia condenatoria (...) supondrá el mayor ataque a nuestros derechos fundamentales", aseveró el exdiputado independentista regional, David Fernández, encargado de leer el manifiesto en un acto en Barcelona.

Aunque no indicaron qué acciones concretas preparan, líderes presentes evocaron protestas de varios días, una huelga general o marchas de varios días con el objetivo de bloquear las carreteras de la región.

A ellos se deben añadir las acciones que organizan los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), grupos de ciudadanos autoorganizados surgidos en decenas de municipios durante octubre de 2017.

Con métodos de protesta más expeditivos, los CDR se encuentran bajo el ojo del huracán tras el encarcelamiento de siete personas vinculadas a los CDR acusados de preparar explosivos y acciones violentas.

Escépticos hacia la justicia española, los dirigentes independentistas lo entienden como un intento de criminalizar un movimiento que se ha distinguido por su talante mayoritariamente pacífico.

En medio de la polémica, los CDR emitieron un combativo pidiendo dar "un paso adelante" en las próximas semanas. "Seremos quien hará temblar el enemigo", aseguraban.

- Sánchez pide "mucho sosiego" -

Ante este escenario, el jefe del gobierno español Pedro Sánchez pidió "mucho sosiego" para evitar "más fracturas" en una sociedad donde la mitad de catalanes no comparte el proyecto separatista.

En plena campaña hacia las elecciones legislativas del 10 de noviembre y criticado por la oposición por ser blando con los separatistas, Sánchez amenazó también con intervenir la autonomía catalana.

"El 155 es un instrumente perfectamente legítimo", dijo en referencia al artículo de la Constitución española que permite tomar el control de una región.

Su precedesor conservador Mariano Rajoy ya activó este artículo tras la proclamación de una efímera república el 27 de octubre de 2017 que terminó con los dirigentes separatistas encarcelados o huidos al extranjero, como el expresidente Carles Puigdemont, actualmente en Bélgica.

Fue el fin del proceso lanzado el 1 de octubre con el referéndum ilegal de autodeterminación en el que, entre duras cargas policiales, participaron 2,3 millones de personas.

Para conmemorarlo, los independentistas organizaron numerosos actos por todo el territorio, entre ellos una marcha con torchas encendidas hasta la cárcel de Lledoners, donde están encerrados la mayoría de líderes procesados.

En Barcelona, 18.000 personas según la policía municipal se manifestaron tras el lema "Lo hicimos y ganamos" en una marcha que terminó en uno de los colegios electorales donde hubo cargas policiales en 2017.

"Recuerdo ese día con emoción pero también rabia hacia la clase política que no cumplió con lo que había prometido", señala David Sanclemente, un estudiante de 23 años en esta protesta.

Tras la suspensión de la autonomía, los dirigentes independentistas acataron el control de Madrid y cuando recuperaron el poder en junio de 2018, no prosiguieron el proceso de separación interrumpido.

Las divisiones lastraron internamente el movimiento pero, ante la cercanía de la sentencia, han limado diferencias y aprobaron la semana pasada una moción parlamentaria propugnando la "desobediencia civil e institucional".

Este martes, el sucesor de Puigdemont, Quim Torra, continuó en esta línea y se comprometió en un acto institucional a "avanzar sin excusas hacia la República Catalana para que sea una realidad".

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