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Un grupo de abogados paquistaníes reza en memoria de las víctimas del atentado de Quetta, el 9 de agosto de 2016 en Lahore, Pakistán

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Una generación de abogados se vio mermada por el atentado de un kamikaze que acabó con la vida de 72 personas el lunes en Baluchistán, suroeste de Pakistán, una región golpeada por las insurrecciones y por la represión militar.

El atentado del lunes, reivindicado tanto por una facción talibán como por los yihadistas del grupo Estado Islámico, parece haber apuntado contra los letrados, una pequeña comunidad muy unida en Quetta.

La bomba explotó en un hospital donde el asesinato del presidente del colegio de abogados de la provincia, unas horas antes, había atraído a numerosos colegas de duelo, dejando numerosas víctimas del ramo.

"Hemos perdido a todos nuestros dirigentes", exclamaba desesperado Attaullah Langov, exsecretario de la asociación del colegio de abogados de Baluchistán, lamentando "un vacío" irreemplazable.

En Baluchistán, la más extensa y empobrecida de las provincias del país, numerosos grupos armados islamistas, confesionales o separatistas perpetran actos violentos, mientras que las autoridades civiles son vistas como corruptas y el ejército suele ser acusado de abusos.

La zona sigue siendo un agujero negro para la información: la prensa internacional no suele tener acceso y los periodistas locales ejercen su profesión en condiciones particularmente difíciles. Doce de ellos han sido asesinados desde 2008 según Amnistía Internacional, sin contar a aquellos que murieron en el atentado del lunes.

Además, la construcción de un corredor que enlazará China con el mar de Arabia a través de Baluchistán ha acentuado la presión, pues el ejército tiene la misión de proteger la obra, atacada en el pasado por los separatistas.

En estas condiciones, los abogados juegan un papel importante para denunciar los abusos que se cometen.

Los letrados suelen ser blanco de ataques en Pakistán, en asesinatos individuales o a pequeña escala.

Sin embargo, el atentado del lunes se convirtió en la primera gran matanza de profesionales del gremio.

- La sociedad civil, quebrada -

Entre las víctimas, varios eran actores de peso de la sociedad civil de Baluchistán.

El abogado Sunghat Jamaldini era miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, una organización independiente muy activa, entre otras, en la cuestión de desaparecidos de Baluchistán.

Organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos denuncian desde hace años los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en Baluchistán, a quienes se les acusa de haber hecho "desaparecer" a miles de personas, principalmente separatistas no violentos. El ejército, que califica a los separatistas de "terroristas", rechaza estas acusaciones.

Jamaldini, miembro activo del colegio de abogados e hijo de un senador, también ha peleado por los derechos de las mujeres, una batalla que viene de largo en este país conservador y patriarcal.

Por su parte, el joven abogado Adnan Kasi, que se graduó en Londres a principios de la década del 2000, se convirtió en el dirigente más joven de la Facultad de Derecho de Quetta, donde introdujo medidas para erradicar el nepotismo y los procedimientos fraudulentos.

Kasi había fundado su propio despacho, ejercía en el Tribunal Supremo y era candidato a convertirse en el próximo secretario del colegio de abogados en las elecciones de agosto de este año.

Por otro lado, Baz Mohammad Kakar era uno de los primeros abogados baluches que juró lealtad al exjuez principal Iftikhar Mohammad Chaudhary. Este último era el líder de un movimiento, entre 2007 y 2009, que consiguió que volviesen a ser contratados jueces destituidos por el antiguo dictador militar Pervez Musharraf que trató así de mantenerse en el poder.

Kakar fue un jefe de filas muy activo de este movimiento prodemocrático durante dos años.

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AFP