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Varias personas comienzan a reunirse en la plaza tripolitana de los Mártires, con ocasión de la celebración del sexto aniversario de la insurrección popular contra el dictador Gadafi, el 15 de febrero de 2017

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Con una inseguridad récord, la economía quebrada y fuertes rivalidades políticas, Libia sigue inmersa en una crisis de transición seis años después del comienzo de la revolución que acabó con la dictadura de Muamar Gadafi.

"Nos quitamos de encima a un dictador para ver surgir a 10.000 en su lugar", protesta Fatma al Zawi, una vecina de Trípoli, refiriéndose a los señores de la guerra y a las milicias que imponen su ley en el país desde 2011.

Como esta mujer, la mayoría de los libios son poco entusiastas a la hora de festejar el aniversario de la revolución. Las autoridades han previsto un programa de actividades deportivas y culturales en la plaza de los Mártires, en Trípoli.

Se trata de celebrar la revuelta desatada el 17 de febrero de 2011, en la estela de la Primavera Árabe. Con el tiempo se convirtió en una guerra, que desembocó en la caída del régimen de Muamar Gadafi ocho meses más tarde.

La vida se ha convertido en una carrera de obstáculos, con cortes eléctricos, de combustible y de agua, crisis de liquidez y devaluación sin precedentes de la moneda nacional. Y también de violencia.

Las autoridades son incapaces de garantizar los servicios básicos. Llevan seis años paralizadas a causa de las luchas tribales y disputas entre corrientes políticas o ideológicas.

"Los protagonistas no han entendido que ninguna corriente ideológica o clan político o tribal puede gobernar el país solo después de Gadafi", explica Rachid Jechana, director del Centro Magrebí de Estudios sobre Libia (CMEL), con sede en Túnez. "El país no estaba preparado para una competición democrática clásica", añade.

- Traficantes -

En ausencia de fuerzas de seguridad regulares, este rico país petrolero de fronteras porosas se ha convertido en una plataforma de contrabando de armas y de tráfico de migrantes procedentes del África subsahariana, que intentan llegar a Europa cruzando el mar Mediterráneo.

Aprovechando el caos, los yihadistas -en particular los del grupo Estado Islámico (EI)- han convertido el inmenso territorio libio en uno de sus refugios, aunque en diciembre perdieron el bastión de Sirte.

La formación del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), una unión acordada a finales de 2015 bajo los auspicios de la ONU en Marruecos, devolvió la confianza en un cambio.

No obstante, desde su instauración en Trípoli en marzo de 2016, este ejecutivo apenas ha sido capaz de asentar su poder en la capital, donde actúan decenas de milicias.

Este Gobierno de unión nacional, dirigido por Fayez al Sarraj, se enfrenta sobre todo a la hostilidad de una autoridad rival instalada en el este del país, donde gran parte de la región está controlada por las fuerzas del polémico mariscal Jalifa Haftar.

Este militar septuagenario se impuso como fuerza ineludible tras haberse apoderado de las terminales desde donde se exporta la mayor parte del petróleo libio.

Haftar, enemigo acérrimo de los islamistas, es acusado por sus rivales de querer establecer una dictadura militar y los países occidentales también desconfían de él.

Su acercamiento a Rusia y el apoyo de países árabes como Egipto y Emiratos Árabes Unidos obligaron a la comunidad internacional a replantearse su posición.

- "División" -

Se ha establecido un diálogo para revisar el acuerdo de Marruecos, especialmente en lo referente al futuro papel del mariscal, según el mediador de la ONU Martin Kobler. Sarraj y Haftar tienen previsto reunirse esta semana en El Cairo.

Los expertos son escépticos. "Hace seis años que la comunidad internacional se esfuerza en imponer un Gobierno democrático y unido cuando no existe ninguna base" para ello, constata Federica Saini Fasanotti, del 'think-tank' Brookings Institution, con sede en Washington.

Según ella, los libios deben hacer "elecciones difíciles" porque "sus divisiones son el centro del problema". Además, "los actores internacionales parecen exacerbar estas divisiones", valora.

Claudia Gazzini, de Crisis Group, no pronostica "una solución política decisiva en 2017". En su opinión, la prioridad es la recuperación de la economía, muy dependiente del oro negro.

AFP