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Mariano Rajoy habla ante la prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario convocado para recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración independentista del Parlamento de Cataluña, este miércoles 11 de noviembre en Madrid

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La resolución independentista con que el Parlamento de Cataluña pretende iniciar su proyecto de separación de España fue suspendida este miércoles por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno central, advirtiendo a sus promotores contra cualquier desacato en un contexto de creciente tensión política.

Tras varias horas de deliberación, el Constitucional admitió a trámite un recurso presentado por el Ejecutivo contra la moción independentista aprobada el lunes por la Cámara autonómica, lo que implica su automática suspensión hasta que el tribunal se pronuncie sobre su constitucionalidad.

La reacción de la Generalitat fue inmediata: "La voluntad política del Gobierno de Cataluña es seguir adelante con el contenido de la resolución", desafió en una rueda de prensa en Barcelona su vicepresidenta y portavoz, Neus Munté.

El Tribunal Constitucional había aceptado también advertir personalmente a 21 autoridades catalanas -entre ellas la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas- de las consecuencias de desacatar esta suspensión. "Si incumplen la suspensión, podrían incurrir en un delito de desobediencia", subrayó la fuente judicial.

Quienes promovieron la resolución quieren "acabar con la democracia y el Estado de derecho (...) quebrar la unidad española y la convivencia", había asegurado el prsidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una rueda de prensa horas antes en Madrid.

"No lo voy a permitir. Cuento con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles", dijo el mandatario, que intenta erigirse como garante de la unidad de España a 40 días de las elecciones generales del 20 de diciembre.

Los independentistas, con mayoría absoluta en el Parlamento tras las elecciones autonómicas del 27 de septiembre, quieren culminar este proceso con la proclamación en 2017 de una república independiente en Cataluña, de 7,5 millones de habitantes y que supone un 20% de la economía española.

La declaración, sin precedentes, declara que el Parlamento catalán "no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia".

"Una vez más, hay una utilización por parte del Gobierno central de la justicia con tal de poner una mordaza a los anhelos de democracia y libertad de los ciudadanos de Cataluña", martilleó Munté tras la decisión del Constitucional.

- Advertencias de penas de prisión -

La resolución "supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado", afirmó Rajoy tras presidir el Consejo de Ministros extraordinario. "La soberanía nacional le pertenece a todo el pueblo español y solo al pueblo español, una soberanía que no se puede dividir", señaló Rajoy.

Aun así, prometió una respuesta prudente mientras muchos temen que el conflicto se acelere en plena campaña electoral y con el Congresode los Diputados disuelto.

El jefe del Gobierno se reunió el martes durante una hora con el jefe de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, que le dio su apoyo para "defender la Constitución y la legalidad".

El desafío de los independentistas "es de una gravedad extraordinaria", dijo Sánchez este miércoles en la televisión privada Telecinco.

Pero también denunció "la inacción" del Gobierno de Rajoy durante cuatro años de auge del independentismo, alimentado en parte por la crisis, y reclamó "diálogo" y "una solución política" que, en su opinión, pasa por convertir España en un Estado federal.

Mientras el Gobierno preparaba su recurso, la fiscalía de la Audiencia Nacional difundió un informe señalando que los responsables de la resolución y de su aplicación se exponían a causas penales por "sedición" o "desobediencia", entre otras.

En este texto de 11 páginas consultado por la AFP, precisa que podrían acarrear penas de hasta 15 años de prisión en el caso de sedición. Además, notifica a la policía la obligación de advertir en un plazo de 24 horas a la fiscalía sobre cualquier delito en ese sentido.

Los independentistas ven con desconfianza este tribunal, que en 2010 anuló artículos del Estatuto de Autonomía aprobado en 2006 y en 2014 prohibió la celebración de un referéndum de autodeterminación.

AFP