Juicios aplazados, prisioneros liberados o privados de visitas, abogados desempleados. Si bien el nuevo coronavirus ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes, también trastoca el funcionamiento de la justicia penal en Europa, obligada a funcionar a medio gas.

Desde Inglaterra a Polonia, pasando por Alemania, numerosos juicios han sido suspendidos temporalmente, en especial los que necesitan la presencia de un jurado, debido a las medidas de distanciamiento social instauradas para frenar el avance del virus.

En Francia, todos los tribunales están cerrados y su actividad se ha reducido a los "contenciosos esenciales".

En Bélgica, los procesos civiles están aplazados, y para los litigios penales los juzgados se limitan a examinar los expedientes con personas detenidas.

Las cortes portuguesas, por su parte, garantizan igualmente un servicio reducido, parecido a un periodo de vacaciones judiciales.

Escocia, cuyo sistema de justicia difiere del de Inglaterra, ha renunciado a su proyecto de suspender todos los juicios con jurado durante 18 meses, ante las reacciones en contra que ha provocado.

Los sistemas penitenciarios también intentan adaptarse a la nueva situación.

El ministerio británico de Justicia anunció la liberación anticipada de hasta 4.000 presos, cuyas condenas estaban a punto de terminar, en Inglaterra y en Gales.

En Polonia, donde los conservadores del partido Derecho y Justicia (PiS) en el poder hicieron una controvertida reforma judicial, la mayoría de los presos que cumplían penas de tres años máximo fueron liberados.

Para reducir el hacinamiento de los presidios, el gobierno portugués prevé conceder indultos por razones humanitarias. Los magistrados de ejecución de penas tendrán más autonomía para decidir otras reducciones de condenas caso por caso.

Para compensar la prohibición de las visitas, origen de tensiones en las cárceles, los detenidos en Austria tendrán más tiempo para las llamadas de teléfono.

- "A punto de derrumbarse" -

Las asociaciones de defensa de los derechos humanos aceptan la necesidad de tales medidas ante la pandemia. Pero alertan también sobre la adopción de normas desproporcionadas.

Las autoridades "deben cuidar que los derechos humanos se respeten", insiste la oenegé Penal Reform International.

"En este angustioso periodo es todavía más pertinente que la gente no desconecte del mundo exterior, que no termine en un confinamiento solitario y que la mayoría tenga acceso a la información y a los cuidados adecuados", añade.

Amnistía Internacional, por su parte, ve con preocupación que Turquía contemple liberar a miles de presos, pero no a los detenidos políticos.

En Inglaterra y en Gales, la suspensión de algunos procesos agravará la saturación de los tribunales, que ya era considerable debido a décadas de austeridad, según expertos.

Según Bill Waddington, presidente de la asociación Criminal Law Solicitors, el sistema judicial ya "estaba tocado" antes de la crisis sanitaria.

"El sistema de justicia penal y los que trabajan en él se quedaron sin importantes financiaciones durante muchos años, y antes incluso de la COVID-19, los abogados alertaron al gobierno que el sistema estaba a punto de colapsar", explica a la AFP.

Según cifras publicadas a finales de marzo por el ministerio de Justicia, 37.434 casos estaban a la espera de una audiencia en las cortes y tribunales ingleses y galeses a finales de 2019, un alza del 13% con respecto al año anterior.

Para evitar un colapso mayor, la policía pidió que las infracciones "menos prioritarias" no fuesen objeto de inculpaciones.

The Law Society, organización profesional de abogados de Inglaterra y Gales, advirtió que los gabinetes de abogados más pequeños podrían echar el cierre.

"Los gabinetes donde el trabajo de los abogados depende de la ayuda judicial simplemente no sobrevivirán", alerta Bill Waddington.

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