La jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, afirmó el martes que no descartaba la posibilidad de aceptar la ayuda de Pekín para resolver la crisis política en su territorio, ante unas protestas cada vez más violentas del movimiento prodemocracia.

La región semiautónoma del sur de China es escenario desde hace cuatro meses de protestas y acciones casi a diario que, en estos últimos días, han degenerado en violentos enfrentamientos entre policías y radicales, en medio de actos generalizados de vandalismo.

La decisión de invocar una ley de emergencia de la época colonial para prohibir el uso de máscaras durante las manifestaciones atizó todavía más la movilización.

Grupos radicales atacaron decenas de estaciones de metro, cuya compañía gestora es acusada de ser pro-Pekín, y la red de transportes se vio muy perturbada. Los manifestantes radicales también asaltaron comercios y empresas relacionadas con China continental.

El martes, los hongkoneses volvieron al trabajo después de un largo fin de semana.

Carrie Lam estimó que su gobierno era capaz de solucionar la crisis, pero agregó que podría llamar a Pekín si la situación seguía sin control.

"Por ahora, sigo convencida de que tenemos que encontrar una solución por nosotros mismos. Es también la posición del gobierno central, que piensa que Hong Kong tiene que afrontar solo el problema", explicó en su rueda de prensa semanal.

"Pero si la situación empeora mucho, ninguna opción puede excluirse si queremos que Hong Kong tenga una segunda oportunidad", advirtió.

Lam ha recibido duras críticas de los manifestantes por su decisión de prohibir las máscaras, que, por otra parte, se utilizan mucho en una aglomeración traumatizada por la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) en 2003.

Como respuesta a esta prohibición, decenas de miles de manifestantes desafiaron a las autoridades estos tres días saliendo a la calle con el rostro tapado.

Hasta la fecha, un estudiante y una mujer de 38 años fueron inculpados el lunes por usar una máscara y fueron liberados bajo fianza.

Lam consideró que era "demasiado pronto" para decir si la prohibición era eficaz o no.

"Estarán de acuerdo en que se necesita tiempo para poner en marcha una nueva política o una nueva ley", argumentó.

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