El Gobierno de Trump apela el bloqueo del decreto antimigración
El Gobierno de Donald Trump apeló el jueves la decisión de un juez federal estadounidense que en la víspera extendió el bloqueo al nuevo decreto antinmigración del presidente.
La apelación presentada por el Departamento de Justicia significa que el caso volverá al Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco, la misma que había confirmado la suspensión del primer decreto antinmigración de Trump, que luego fue revisado por el mandatario.
El recurso fue presentado un día después que el juez federal Derrick Watson de Hawái diera otro golpe a la Casa Blanca, al emitir una suspensión más duradera a las restricciones de viaje dictadas por el presidente, al cambiar un bloqueo temporal a una medida preliminar.
Tal medida no tiene fecha de expiración, lo que significa que Trump estará impedido de instrumentar su orden mientras el caso no sea resuelto por el Tribunal de Apelaciones, dijo el fiscal general del estado de Hawái, Doug Chin.
Watson emitió su primera orden de bloqueo del decreto revisado de Trump el 15 de marzo, un día antes de que entrara en vigor, con el que el mandatario republicano buscaba impedir el ingreso al país de ciudadanos de seis países musulmanes.
De acuerdo con la mecánica judicial estadounidense, un juez federal puede suspender parcial o completamente la aplicación de un decreto, en una decisión que tiene alcance nacional.
Las decisiones de estos jueces solo pueden ser apeladas en instancias superiores.
El primer y segundo decreto de Trump han sido criticados por funcionarios de diversos estados y ciudades, así como por organizaciones de derechos civiles.
El fiscal general de Hawái elogió la decisión del juez Watson.
“Con la medida preliminar en vigor, la gente en Hawaí con familia en algunos de los seis países de mayoría musulmana afectados, así como estudiantes de Hawái, viajeros y refugiados a través del mundo afrontarán menos incertidumbre”, dijo el fiscal Chin.
“Aunque entendemos que el presidente puede apelar, creemos que la decisión bien fundamentada del tribunal será confirmada”, agregó en un comunicado.
Trump ha dicho que la prohibición es necesaria para preservar la seguridad nacional y mantener fuera del país a extremistas.
Si el Departamento de Justicia apela la última orden del juez, la disputa debe ser resuelta por el Tribunal de Apelaciones con sede en San Francisco, la misma que confirmó la prohibición del primer decreto antimigratorio de Trump en febrero, después de que lo bloqueara un juez de Seattle (estado de Washington).
La prohibición cierra las fronteras de Estados Unidos a los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días y a todos los refugiados por al menos 120 días. Irak estaba en el decreto original, pero fue eliminado en el segundo.
La Casa Blanca dijo que los seis países fueron incluidos en la prohibición porque sus capacidades de seguimiento e información no cumplen los requerimientos de seguridad de Estados Unidos.
– “Poner en la mira al Islam” –
El primer decreto fue firmado por Trump el 27 de enero, apenas una semana después de su investidura, pero fue bloqueado por el juez James Robart, de Seattle, en una decisión que luego fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones de San Francisco.
Aquella primera orden ejecutiva generó una monumental confusión en aeropuertos de todo el país y llevó a miles de personas a protestar en las calles.
El Gobierno ha explicado que la decisión de restringir el acceso de ciertos extranjeros se apoya en las atribuciones presidenciales y ha reiterado que no se trata de un bloqueo con motivación religiosa.
La ley de hecho prohíbe la discriminación por cuestiones religiosas.
Pero Watson escribió en su fallo que la “ilógica” del argumento era “palpable”.
E indicó que no estaría errado “concluir que poner estos países en la mira es lo mismo que poner en la mira al Islam”.
El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, calificó el fallo de Watson como “una nueva victoria para la Constitución y el Estado de derecho”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) celebró por su parte que “la Constitución haya puesto una vez más el freno a la vergonzosa y discriminatoria prohibición” migratoria.
