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El gobierno español quiere reformar la tipificación penal aplicada contra independentistas catalanes

Los integrantes del gobierno español, con el presidente Pedro Sánchez en el centro, posan en las escaleras del palacio de la Moncloa antes de su primer Consejo de Ministros, el 14 de enero de 2020 en Madrid afp_tickers

El gobierno de España impulsará una reforma del Código Penal al estimar que quedó desfasado, que incluirá la redefinición de los delitos por los cuales se procesó a los separatistas catalanes por el intento de independencia en 2017, se anunció el miércoles.

Según los medios españoles, el gobierno de coalición de los socialistas con la izquierda radical de Podemos buscará suavizar el delito de sedición, por el que fueron condenados en octubre por el Tribunal Supremo nueve líderes separatistas catalanes, a penas de entre 9 y 13 años de prisión, por su papel en la fallida secesión de Cataluña en octubre de 2017.

De aprobarse, podría beneficiar a dichos presos, ya que el Código Penal establece que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo”, siempre según los medios.

“Hemos visto como algunos tipos penales de nuestro país no están a la altura del derecho comparado en Europa, hay tipos penales que son anteriores a la Constitución y a nuestra democracia”, expresó la vicepresidenta Carmen Calvo a la radio Cadena Ser.

La reforma incluirá la “tipificación de los delitos que hemos visto respecto a los comportamientos que se han producido en Cataluña”, adelantó el martes la portavoz del gobierno, María Jesús Montero. También

También se propondrá revisar el delito de rebelión, un controvertido delito que implica el uso de la violencia del que fueron acusados en un primer momento pero que el Supremo descartó en su sentencia.

Carmen Calvo garantizó que la reforma “no forma parte en absoluto de la mesa de diálogo” que buscará encauzar la crisis política en Cataluña, acordada entre los socialistas y el partido independentista ERC, lo que llevó a este último a dar un apoyo clave para que Pedro Sánchez fuera investido como presidente del gobierno a principios de enero.

Los partidos de oposición han criticado la iniciativa.

Sánchez quiere “una reforma para amnistiar a sus socios de gobierno condenados por intentar un golpe al Estado”, denunció este miércoles Teodoro García Egea, número dos del Partido Popular (derecha).

Para reformar el Código Penal, se necesita una mayoría absoluta de 176 de los 350 diputados del Congreso, lo que el gobierno podría conseguir si recibe el apoyo al menos de ERC.

La reforma pretende también incluir el consentimiento en las relaciones sexuales y tipificar delitos ambientales.

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