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El primer ministro francés, Manuel Valls, habla en la Asamblea Nacional francesa, en París, el 5 de julio de 2016

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El Gobierno francés anunció este martes que impondrá su polémico proyecto de reforma laboral sin someterlo a una votación en el Parlamento pese a la movilización social en el país, que este martes vive su duodécima jornada de protestas.

Enfrentado a una revuelta en sus propias filas, el Gobierno francés anunció que hará uso del artículo 49-3 de la Constitución, que permite obtener la adopción del texto sin el voto de los diputados, tal como ya lo hiciera en la primera lectura del proyecto.

"Este país está demasiado acostumbrado al desempleo masivo", dijo Valls ante la Asamblea Nacional, aseverando que está actuando en favor del "interés general" de Francia y desmintiendo que haya ninguna "intransigencia" en su modo de actuar.

Valls hizo valer que se han añadido más de 800 enmiendas al proyecto inicial al término de un "debate de calidad" y lamentó que "una alianza de la inmovilidad" haya frenado el ánimo reformista del Gobierno.

Horas antes, una fuente de un partido político ya había indicado a la AFP que el Gobierno había decidido recurrir de nuevo al artículo 49-3 de la Constitución para imponer la reforma.

Este mecanismo establece que, para oponerse a la adopción de la ley, la cámara de diputados debe censurar al Ejecutivo, lo que acarrearía su renuncia.

El diputado comunista del Frente de Izquierda André Chassaigne lanzó un llamamiento a los diputados socialistas y ecologistas que están contra el proyecto a presentar una moción de censura de izquierda contra el Gobierno.

Para iniciar un proceso de censura, los parlamentarios deben reunir 58 firmantes, pero la oposición de derecha ya anunció que no se sumará a ningún proceso.

Si la moción de censura no prospera, el proyecto pasará a una segunda lectura en el Senado antes de ser adoptada de manera definitiva en la Asamblea el 22 de julio.

- Huelgas e impopularidad -

El anuncio del Gobierno tuvo lugar dos horas antes del inicio de la duodécima jornada de movilización social en cuatro meses contra el proyecto de ley laboral.

En París, unas 7.000 personas protestaron contra el proyecto, según las cifras de la policía, mientras que el sindicato CGT estimó en 45.000 los participantes.

Miles de personas marcharon también en ciudades como Rennes, en el oeste; Marsella, en el sur; y Burdeos y Toulouse, en el suroeste.

El Ejecutivo, exhausto tras cuatro meses de revuelta social y que bate récords de impopularidad cuando queda menos de un año para la elección presidencial, ha tratado sin embargo de satisfacer a los sindicatos con una serie de enmiendas al proyecto.

El Gobierno francés explica que con esta reforma quiere combatir un desempleo endémico —superior al 10%— facilitando los contratos en un mercado laboral más flexible. Los detractores, por su parte, creen que solo aumentará la precariedad laboral.

Además de las manifestaciones, en estos cuatro meses de protesta se produjeron también huelgas en los sectores del transporte, de la energía y de la limpieza, haciendo temer perturbaciones durante la Eurocopa de Fútbol, que se desarrolla hasta ahora con normalidad.

Sin embargo, en este contexto, la impopularidad del presidente, François Hollande, es tal que muchos se preguntan si puede a volver a ser el candidato de la izquierda en la elección presidencial de 2017. Hollande aún no ha confirmado si aspira a un nuevo mandato.

Pero varios observadores consideran inadecuado que Hollande, en su calidad de jefe de Estado, pueda someterse a tal primaria.

Además, un antiguo candidato de izquierda radical a la presidencia en 2012, Jean-Luc Mélenchon (obtuvo entonces un 11%) ya ha anunciado su candidatura a la presidencial de 2017, dividiendo aún más a la ya dispersa izquierda francesa.

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AFP