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El primer ministro francés, Manuel Valls, habla en la Asamblea Nacional, en París, el 5 de febrero de 2016, durante un debate para una reforma de la constitución sobre el estado de excepción y la nacionalidad de terroristas

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Muy divididos, los diputados franceses debaten este viernes un proyecto de reforma de la Constitución, decidido a raíz de los atentados de París, que ya provocó la dimisión de la ministra de Justicia y las críticas en el extranjero.

Apenas tres días después de los atentados del 13 de noviembre, el presidente galo, François Hollande, anunció su intención de inscribir en la Constitución el estado de emergencia y la pérdida de la nacionalidad francesa para los autores de actos terroristas con doble nacionalidad.

Hollande fue aplaudido entonces por su reacción a los atentados, pero tres meses después, el proyecto de reforma constitucional que incluye esas dos medidas es sumamente criticado y su adopción no es segura.

Los franceses quieren "una unidad sin fallas", argumentó ante los diputados el primer ministro francés, Manuel Valls, que defendió el texto, criticado en su propia mayoría socialista.

El sábado, miles de personas se manifestaron en varias ciudades de Francia contra esa reforma. Este viernes está prevista una nueva manifestación ante la Asamblea Nacional (cámara baja francesa) durante el examen de la ley, que será sometida al voto de los diputados el próximo miércoles.

El debate, sumamente simbólico, se anuncia áspero. El estado de emergencia figura en Francia en una ley de 1955 (adoptada en plena guerra de Argelia). El objetivo ahora es darle un marco constitucional.

Sus detractores consideran que la medida es inútil y puede ser peligrosa para las libertades públicas. El miércoles recibieron el respaldo del Consejo de Europa, que estimó que su aplicación tras los atentados dio lugar a "abusos por parte de la policía" y contribuye a "reforzar la estigmatización de los musulmanes".

Inscribirlo en la Constitución es "grabar en el mármol" su "carácter excepcional", argumentó el viernes Valls. Según él, el estado de emergencia, que contempla la prohibición de manifestaciones, los arrestos domiciliarios y los allanamientos sin la autorización previa de un juez, es "eficaz" e "indispensable para la seguridad" de los franceses.

- Polémica sobre la nacionalidad -

Pero la polémica arrecia en Francia sobre todo respecto a la pérdida de nacionalidad, una medida fundamentalmente simbólica.

Actualmente ya es posible retirar la nacionalidad a personas que la hayan adquirido desde hace menos de 15 años y que hayan sido condenadas por terrorismo. El nuevo proyecto apunta a extender la medida a las personas francesas desde su nacimiento pero que tienen doble nacionalidad, es decir que no concerniría a mucha gente.

No obstante, esa noción "plantea un problema de fondo respecto a un principio fundamental que es el derecho de suelo" (Ius soli), estimó en diciembre Christiane Taubira, entonces ministra de Justicia. Taubira dimitió por esta razón y explicó sus argumentos en un libro: "¿Que sería el mundo si cada país expulsara a sus ciudadanos de nacimiento considerados como indeseables? ¿Habría que imaginar una tierra-vertedero en la que serían agrupados?".

Para tratar de calmar las críticas, el Gobierno francés propuso una nueva versión en la que la medida concierne a todos los franceses y debe ser aprobada por un juez. Pero se trata de una argucia jurídica, ya el derecho internacional prohíbe crear apátridas, y muchos diputados de izquierda siguen opuestos a la reforma.

El Gobierno "ha arrojado al pozo nuestros valores", afirmó en la Asamblea la diputada ecologista Cécile Duflot, exministra de François Hollande.

Para tratar de obtener los votos de la oposición, el Gobierno incluyó también en el texto una propuesta de la derecha: la pérdida de nacionalidad para las personas condenadas por delitos terroristas, y no sólo por crímenes.

Pese a todo, no todos los parlamentarios de derecha aprobarán el texto, por razones de principios pero también por cálculos políticos, dado que las maniobras para la elección presidencial de 2017 ya han empezado.

En definitiva, su adopción no es segura, puesto que para modificar la Constitución el texto debe ser adoptado en una versión idéntica por la Asamblea y por el Senado y luego por las dos Cámaras reunidas en Congreso con tres quintos de los votos.

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AFP