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Una sucursal del Banco Popular en Barcelona, el 29 de febrero de 2012

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El ministro español de Economía afirmó el lunes que la venta in extremis del Banco Popular al Santander por un euro era inevitable para evitar su quiebra, mientras la oposición le reprochó no haber podido evitar la ruina de miles de accionistas.

"Todo este proceso se ha realizado cumpliendo al pie de la letra las reglas de resolución establecidas a nivel europeo", declaró el ministro Luis de Guindos ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

"Se han logrado salvaguardar totalmente los intereses de los acreedores ordinarios y depositantes", señaló, en referencia a los 60.000 millones de euros en depósitos del Popular, el sexto banco de España, de ellos 35.000 millones de particulares.

A partir de las 15h00 del martes pasado, reveló, mientras iba en caída libre en la Bolsa se quedó sin liquidez.

"La alternativa habría sido no abrir el banco y declarar un concurso de acreedores al día siguiente, con los evidentes perjuicios que eso hubiera conllevado en términos de retrasos e inseguridad", afirmó De Guindos.

Afirmó que el empleo del nuevo mecanismo europeo de rescate de bancos que permitió la venta del Popular en una sola noche al Santander, por un euro simbólico, era la solución con el "menor nivel de complicaciones".

"No haberle dado una solución temprana ha sido un gravísimo error", aseveró el diputado socialista Pedro Saura García, al preguntarse cuál fue el papel de las autoridades, a cinco años del rescate europeo del sector bancario español.

Según el ministro, una valoración independiente de las cuentas del banco mostró a mediados de mayo "un valor económico negativo de en torno a 2.000 millones de euros", pero que llegaba incluso a 8.200 millones de euros "en el escenario más estresado".

"La vigilancia no ha funcionado", señaló la diputada del partido Coalición Canaria Ana Oramas, mientras que otro diputado regional, del partido PDCat, preguntó por qué no se suspendió la cotización en bolsa, como sí se hizo con las ventas al descubierto.

La audiencia tuvo lugar la misma jornada en que la organización de defensa de los consumidores OCU presentó una querella contra los antiguos administradores del Popular y la auditora Pricewaterhousecooper, acusándolos de "falsedad contable" y "estafa".

La asociación española de accionistas minoritarios había presentado una denuncia el jueves, luego de que al menos 300.000 accionistas perdieran todo con la venta de al Santander por un euro simbólico, según la prensa.

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