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El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, el 25 de septiembre de 2014 en una comparecencia ante la 69ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas

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Gambia, una antigua colonia británica de casi dos millones de habitantes en el oeste de África, pasó a ser "un Estado islámico" que respeta "los derechos de los ciudadanos", afirmó su presidente, Yahya Jammeh, en una declaración difundida el sábado por la presidencia.

"El destino de Gambia está en manos de Alá el todopoderoso. A partir de hoy, Gambia es un Estado islámico", declaró el presidente el jueves en Brufut, a 25 kilómetros de la capital, Banjul, según la página 'web' de la Presidencia.

"Seremos un Estado islámico que respete los derechos de los ciudadanos", afirmó. "Aceptar la religión de Alá, como religión y como modo de vida, no es negociable. Permítanme decir con gran claridad que esto no significa que los cristianos no puedan tener su propia práctica religiosa. Los cristianos deberán ser respetados como se debe. La manera de celebrar la Navidad será mantenida", precisó.

También advirtió contra toda violencia con las mujeres por su manera de vestir: "No he nombrado a nadie como policía islámico. La manera de vestir de las mujeres no es un tema que les concierna (...) No deberían indicarles como deben vestir porque no les concierne", insistió.

Ousainou Darboe, secretario general del Partido Democrático Unido (UDP), la principal formación de la oposición gambiana, es una de las contadas personalidades que aceptaron expresarse sobre esta decisión, que el sábado pilló desprevenido a todo el mundo, y muchos declinaron hacer comentarios. "La declaración del presidente Yahya Jammeh es inconstitucional, carece de fundamento constitucional", es "ilegal", afirmó Darboe a AFP.

Por el momento no se han dado más detalles sobre este cambio de estatuto del país, de 1,96 millones de habitantes, de los cuales el 90% son musulmanes.

Yahya Jammeh, un musulmán practicante de 50 años, es un militar de carrera que en 2002 hizo adoptar una enmienda constitucional suprimiendo el número de mandatos. Los defensores de los derechos humanos acusan a su régimen de violaciones de las libertades.

AFP