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El líder opositor y senador brasileño Aecio Neves en la votación de la cámara alta para decidir la suspensión de la presidenta del país, Dilma Rousseff, para su juicio político, el 11 de mayo de 2016 en Brasilia

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La Corte Suprema de Brasil dio luz verde a la apertura de una investigación contra el líder opositor y excandidato presidencial Aecio Neves, para determinar si se benefició de un esquema de corrupción en una generadora estatal de electricidad.

El máximo tribunal aceptó el pedido del fiscal general Rodrigo Janot lanzado a inicios de mayo para investigar al senador Neves (PSDB) "por los eventuales delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero", indicó en un comunicado en su pagina web.

El pedido de indagar a Neves surge de las declaraciones hechas por el exsenador Delcidio Amaral, exlíder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara alta, quien aceptó colaborar con las autoridades tras pasar cerca de tres meses en prisión.

Amaral fue acusado de ofrecer una mesada y un plan de fuga a un exdirectivo de Petrobras detenido, a cambio de que no hablara con la Justicia.

La llamada "delación premiada" del senador Amaral desató un seísmo político en Brasil al involucrar en la trama de Petrobras a la presidenta del país, Dilma Rousseff; a su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva y al vicepresidente Michel Temer, así como a Neves.

Convertido ahora en enemigo frontal de la mandataria, Temer asumirá este jueves la jefatura de Estado una vez que el Senado vote la destitución provisoria de Rousseff para juzgarla por supuesta adulteración de las cuentas públicas.

En su testimonio, Amaral afirmó a los investigadores que Neves se benefició "sin dudas" de un esquema de sobornos que operaba en la empresa estatal de electricidad Furnas, en el que estarían involucradas las mismas constructoras que participaron de la red de fraudes y coimas que ocasionaron más de 2.000 millones de dólares en pérdidas a Petrobras.

En el pedido de investigación contra Neves, el fiscal Janot también menciona la existencia de mecanismos creados para "mantener y ocultar valores en el exterior", más precisamente en Suiza y el Principado de Lichtenstein.

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AFP