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Varios contenedores y buques atracados en el puerto de Barcelona. La justicia europea impuso una multa de tres millones de euros a España por no liberalizar en los plazos previstos el sistema de contratación de estibadores

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La justicia europea impuso este jueves una multa de tres millones de euros a España por no liberalizar en los plazos previstos el sistema de contratación de estibadores, una reforma exigida por Bruselas y que Madrid aplicó en mayo.

"Por haber tardado en liberalizar el sector de los servicios portuarios de manipulación de mercancías, España es condenada a pagar una cantidad a tanto alzado de tres millones de euros", indicó en un comunicado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En una sentencia en 2014, el alto tribunal consideró que España incumplía el principio de libertad de establecimiento del bloque con su sistema que obligaba entonces a las empresas a contratar prioritariamente a través de sociedades de gestión a los alrededor de 6.000 estibadores que las conforman.

Ante el incumplimiento de la sentencia por parte del gobierno español, que finalmente puso fin a este sistema a mediados de mayo pasado, la Comisión Europea decidió llevar en julio de 2016 el caso de nuevo ante el alto tribunal para que constatara este hecho y poder así establecer la correspondiente multa.

Sin embargo, tras la liberalización en mayo del sector de la estiba que hace optativo el recurso a dichas sociedades de gestión, el ejecutivo comunitario comunicó el 24 de ese mes "que desistía parcialmente de su recurso", aunque mantenía el referente al pago de una "suma a tanto alzado", según el fallo.

Los magistrados, en su sentencia de este jueves, constatan que España "incumplió" sus obligaciones al no liberalizar este sector antes del 20 de septiembre de 2015, un incumplimiento que consideran "grave" al afectar a uno de los principios fundamentales del mercado común.

El tribunal reconoce, al mismo tiempo, que "España ha puesto fin al incumplimiento que se le imputaba".

Por su tardanza, España hacía frente a una multa de unas 24,5 millones de euros, si bien, tras realizar una "apreciación equitativa", el alto tribunal impone a Madrid el pago de tres millones de euros a la Comisión Europea.

Madrid se felicitó por el monto final de la sanción, y porque "el tribunal europeo haya reconocido que el gobierno de España ha actuado de buena fe y con la máxima colaboración" con Bruselas, según un comunicado del ministerio de Fomento.

El portavoz de la Comisión, Enrico Brivio, indicó, por su parte, en rueda de prensa que "toman nota" de la decisión del TJUE, al tiempo que reiteró que la reforma contribuirá "a la competitividad de los puertos españoles" y ofrece "un nivel adecuado de protección a los estibadores".

La liberalización de las condiciones de contratación provocó en España una huelga de los estibadores a principios de junio, que pusieron fin a finales de ese mes tras llegar a un acuerdo con la patronal para mantener sus empleos a cambio de bajar salarios.

La huelga, que fue observada aproximadamente cada dos días desde el 5 de junio, causó un coste de unos 12 millones de euros diarios, según el gobierno español. Al menos unos 40 buques debieron ser desviados hacia otros puertos, como Marruecos.

Más del 60% del comercio exterior de la cuarta economía de la zona euro pasa por sus puertos.

AFP