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El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, se dirige a los diputados el miércoles 13 de abril en la ciudad francesa de Estrasburgo

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El Parlamento Europeo aprobó este jueves la directiva para crear un registro de nombres de pasajeros aéreos europeos (PNR, por sus siglas en inglés), una herramienta más en la lucha antiterrorista.

El voto pone fin a un proceso iniciado en 2011 por la Comisión Europea, y reclamado con insistencia por los miembros de la UE, en particular desde los atentados de París. En total, 416 diputados se pronunciaron a favor, 179 en contra y nueve se abstuvieron.

El Parlamento aprobó concretamente una directiva que regula el uso del registro de nombres de pasajeros aéreos que ya constituyen las aerolíneas y las agencias de viaje. El objetivo de este registro, conocido como Passanger Name Record (PNR), es el de prevenir, detectar e investigar "delitos terroristas y otros delitos graves".

Se trata de un registro que recopila 19 informaciones sobre el pasajero, como itinerario, nombre, datos de contacto y dirección, detalles de pago, agencia de viajes, equipaje y número de asiento.

En la directiva queda "explícitamente excluido" el tratamiento de datos que revele el "origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, la salud, la vida sexual o la orientación sexual" de una persona, recuerda el Parlamento en una nota de prensa.

La compañía aérea deberá enviar las informaciones para los vuelos desde y hacia un país extra comunitario a las autoridades del Estado miembro concernido (desde donde parte o llega el avión).

La directiva también ofrece la posibilidad a los países de la UE que lo deseen de extender esta recopilación de datos a los vuelos intracomunitarios.

Estas informaciones serán recibidas en cada país por una "unidad de información sobre los pasajeros" que estará a cargo de gestionar los datos y reenviarlos a las autoridades competentes.

Estos datos permitirán a "nuestros servicios de inteligencia (...) detectar patrones de comportamiento sospechoso que merecen seguimiento", estimó en un comunicado Timothy Kirkhope, eurodiputado conservador británico y relator del texto.

- 'No es una fórmula mágica' -

"La directiva PNR no es una fórmula mágica, pero los países que ya tienen sistemas nacionales de registro de datos han demostrado que es un instrumento muy efectivo", añadió.

La Comisión aplaudió el voto. "Los atroces ataques terroristas de París el 13 de noviembre y de Bruselas el 22 de marzo muestran una vez más que Europa debería ampliar su respuesta común para combatir el terrorismo y el crimen organizado", dijeron el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, y el comisario a cargo del tema, Dimitris Avramopoulos.

En la práctica habrá 28 registros nacionales, uno por cada estado miembro. Cada país deberá alertar a los otros en el caso de que sea necesario. También podrán pedir datos PNR a otros países en el marco de una investigación.

Los datos, con la información nominativa, podrán ser consultados por las entidades nacionales durante seis meses. Pasado ese periodo las autoridades podrán consultarlos durante cinco años pero desprovistos de las informaciones sobre el nombre, dirección, datos de contacto y de pago de los pasajeros.

El proyecto de directiva (ley) propuesto por la Comisión estaba bloqueado en el Parlamento desde 2011 a la espera de que se incorporaran garantías sobre la protección de las libertades individuales.

La directiva fue votada en una sesión plenaria en Estrasburgo (este de Francia) junto a otro texto que instaura normas estrictas sobre el uso e intercambio de los datos personales con fines policiales y judiciales.

Este texto adicional fija "por primera vez las normas mínimas para el tratamiento de los datos con fines policiales en cada Estado miembro", indica el Parlamento.

"Al fijar normas europeas sobre el intercambio de informaciones entre las autoridades represivas, la directiva sobre la protección de datos será un instrumento útil para las autoridades" al tiempo que "respetará el derecho fundamental a la vida privada", estimó Marju Lauristin, eurodiputada estonia y relatora de este texto.

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AFP