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Miembros de la policía y de los servicios de rescate junto al tren que se estrelló en la estación Once de Buenos Aires, el 22 de febrero de 2012

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Ricardo Jaime, un exsecretario argentino de Transporte del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), se entregó el sábado a la justicia tras ser ordenado su arresto en un caso de presunto fraude por la compra de material ferroviario a España y Portugal, informó una fuente judicial.

"Existe un estado de sospecha respecto de los fondos abonados por el material rodante adquirido que eran de una desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real", dijo el juez Julián Ercolini en su orden de detención, según el oficial Centro de Información Judicial (CIJ).

"Me voy a poner a disposición de las autoridades. No he cometido ningún delito para ir a la cárcel. La compra de trenes fue una decisión entre dos Estados, a través de las cancillerías. Era un convenio que se hizo de país a país", dijo Jaime, de 61 años, a la prensa, antes de ser detenido en su natal provincia de Córdoba (centro).

En la causa se investiga la transacción realizada con España y Portugal en 2005, valuada por la Auditoría General de la Nación (AGN) en 100 millones de euros. Los vagones se encuentran abandonados en depósitos ferroviarios como "chatarra", según un informe de la AGN.

Sobre Jaime ya pesan otras dos condenas por un total de seis años. Una fue dictada por desoír advertencias de mal estado del servicio ferroviario antes de un accidente en 2012 en la estación Once con 51 muertos y otra por recibir dádivas de empresarios con viajes en aviones privados.

En ambos, casos Jaime era secretario de Transporte pero del gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015).

"El juez (Ercolini) verá ahora la verdad. Los presidentes (de los países involucrados) firmaron aquel convenio ferroviario, no es mi responsabilidad", dijo Jaime a la prensa.

El fallo del magistrado sostuvo que la operación entre los países "hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que justamente debían proteger el patrimonio estatal".

También quedó detenido Manuel Vázquez, un exasesor de Jaime. El delito por el cual se los acusa es "malversación de caudales púbicos", que en Argentina tiene una pena de "reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua", según el Código penal.

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AFP