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Vista desde la orilla del mar de un lujoso edificio (C), donde supuestamente el el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva posee un apartamento triple en la playa de Asturias en Guaruja, a 90 kilómetros de Sao Paulo, el 10 de marzo de 2016.

(afp_tickers)

La Fiscalía de Sao Paulo pidió la prisión preventiva del expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, cuyos problemas legales oscurecen el horizonte de su sucesora Dilma Rousseff, sumida en una grave crisis política.

"Se requiere el decreto de prisión preventiva del denunciado Luiz Inacio Lula da Silva", solicitaron los fiscales en el marco de una denuncia contra del ícono de la izquierda brasileña por ocultamiento de patrimonio, una modalidad de lavado de dinero.

"Su detención es necesaria para el buen desarrollo de la investigación, ya que está demostrado que debido a su condición de expresidente puede ubicarse por encima de la ley", según un documento oficial al que tuvo acceso la AFP este jueves.

Un juez deberá decidir ahora si acepta la denuncia del Ministerio Público y ordena la detención del exmandatario, en un plazo que no fue precisado.

La Fiscalía "da una prueba más de su parcialidad al pedir la prisión preventiva de Lula", reaccionó el Instituto que lleva su nombre y maneja los asuntos del expresidente, al tiempo que denunció "un triste intento de usar su cargo para fines políticos" por parte del procurador.

La prisión de Lula "sería una gran ignominia", dijo Rui Falcao, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el hombre que gobernó Brasil entre 2003 y 2010.

El vicepresidente del opositor partido socialdemócrata PSDB, Carlos Sampaio, calificó de su lado la medida como "inusual".

"Que Lula sea procesado es correcto (...), pero no porque tengamos divergencias políticas voy a querer algo diferente a lo que quiero para cualquier ciudadano", lanzó.

- "Pruebas documentales" -

La acusación contra el carismático Lula, el líder izquierdista que hace menos de una década conquistaba al mundo, cae como una bomba sobre el PT y Rousseff. La heredera política del expresidente se enfrenta a la posibilidad de un impeachment, mientras no cesan las informaciones que vinculan a su gobierno con el esquema de corrupción que desangró a Petrobras, justo en momentos en que Brasil atraviesa una severa recesión económica.

"El Ministerio Público no trabaja con calendario político, sino judicial. Está pautado en plazos legales o judiciales, sin importar si éste u otro procedimiento tienen alguna repercusión política y social", aclaró el fiscal José Carlos Blat.

La denuncia ocurre también a días de una manifestación convocada para este domingo por diversos grupos y partidos opositores al gobierno y que, según autoridades locales, puede reunir hasta un millón de personas en Sao Paulo.

Lula fue denunciado el miércoles de noche por ocultación de patrimonio, una modalidad de lavado de dinero, y falsedad ideológica (mentir en documentos oficiales) por la Fiscalía de Sao Paulo, cinco días después de que su casa fuera allanada y él llevado a la fuerza por la policía para declarar en el marco de la operación Lava Jato por supuestamente haberse beneficiado de favores pagados por empresas vinculadas en la trama.

La Fiscalía sospecha que Lula es dueño de un elegante apartamento tríplex en el cercano balneario de Guarujá, algo que el exmandatario niega tajantemente.

El apartamento oficialmente es propiedad de la constructora OAS, involucrada en el esquema de fraude, y autoridades sospechan que la empresa utilizó estos emprendimientos como pago de favores a cambio de contratos con la estatal

"La investigación se basó en pruebas documentales y de testigos. Dos decenas de personas relataron que el tríplex de Guarujá estaba destinado al expresidente Lula y su familia", afirmó el fiscal Cassio Conserino en una rueda de prensa.

Junto a él, también fue denunciada por lavado de dinero su esposa, Marisa Leticia, y su hijo mayor, Fabio Luis Lula da Silva, además de otras 13 personas.

- ¿Lula ministro? -

El propio Lula y sus partidarios alegan que todos estos procesos constituyen un complot de la "élite" y la prensa para evitar su probable candidatura a la elección presidencial de 2018, a la que quiere llegar como el líder que sacó de la pobreza a 40 millones de brasileños la década pasada.

Los fiscales consideran que el exmandatario "ha violado el orden público" llamando el pasado viernes a sus seguidores a salir a las calles para denunciar la "persecución judicial" de la que es objeto.

"Lula jamás se colocó en contra de las investigaciones o contra la autoridad de las instituciones, pero tiene el derecho, como cualquier ciudadano, a rebelarse contra las ilegalidades y arbitrariedades", dijo el abogado del expresidente, Cristiano Zanin Martins.

Estos días, entre pasillos de la política y la prensa local se comenta que Lula podría ser nombrado ministro por la presidenta. El diario Folha de Sao Paulo publicó que Rousseff había aceptado darle un cargo en su gabinete, pero que Lula rechazó esa posibilidad.

"No tiene ningún sentido, sería visto como una medida de protección personal a Lula", afirmó a la AFP el cientista político Sergio Praça, profesor de la Fundación Getulio Vargas.

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AFP