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La fiscal genera Luisa Ortega en rueda de prensa en Caracas el 24 de mayo de 2017

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La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, arreció su confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro este lunes, al acusar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de agravar la violenta crisis que sufre Venezuela y que se cobró una nueva vida.

Ortega, confesa chavista ahora considerada "traidora" por el gobierno, impugnó ante el TSJ la designación de 33 de sus magistrados, al alegar que se produjo en un proceso "irregular", en diciembre de 2015, por el entonces saliente Parlamento de mayoría oficialista.

"La falta de legitimidad de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad; es, sin duda, un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas al país, sino por el contrario lo que se encarga es de acelerar la crisis", declaró la fiscal.

En una maratónica sesión extraordinaria, en víspera de la Navidad de 2015, la Asamblea Nacional -que era dominada por el oficialismo- nombró y juramentó a 13 de los 32 magistrados titulares y a 20 suplentes, días antes de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomara el control legislativo.

La oposición siempre ha acusado a esa corte de servir a Maduro, pero los señalamientos de la fiscal profundizan no solo las fracturas del chavismo, sino también la crisis institucional desencadenada luego de que la MUD lograra una aplastante mayoría parlamentaria y rompiera 18 años de hegemonía oficialista.

Ortega, abogada de 59 años, se convierte en la más dura crítica del gobierno, mientras Maduro enfrenta protestas que exigen su salida del poder y que ya dejan 67 muertos en dos meses y medio.

Un hombre de 49 años falleció este lunes en la noche en La Guaira, estado Vargas (norte), confirmó la Fiscalía, sin aclarar las circunstancias. El diputado opositor José Manuel Olivares denunció que la víctima sufrió un paro respiratorio, asfixiado por gas lacrimógeno.

Violentos disturbios también se registraron en horas de la tarde en Caracas, donde manifestantes encapuchados incendiaron parcialmente un edificio administrativo del TSJ.

El Parlamento, el martes, discutirá un procedimiento para designar nuevos magistrados del TSJ; al tiempo que dirigentes opositores convocaron a volver a las calles el miércoles.

- "Inepta e incapaz" -

La fiscal se distanció de Maduro desde que el 31 de marzo consideró una "ruptura del orden constitucional" un fallo con el cual el TSJ se adjudicó las funciones del Parlamento. Esa fue la chispa que encendió las protestas.

La impugnación de los magistrados la presentó después de que el TSJ declarara "inadmisible" un recurso de nulidad que interpuso el pasado jueves contra una Asamblea Constituyente convocada por Maduro.

El TSJ argumentó que el recurso contenía una "inepta acumulación de pretensiones" y frenó así una movilización de venezolanos que, convocados por la MUD, pretendían adherirse a esa solicitud.

Unos 200 seguidores del gobierno y opositores intercambiaron en la mañana insultos y golpes en los alrededores del TSJ, aunque los accesos habían sido bloqueados por militares.

"No quieren que el pueblo se manifieste contra la Constituyente, que se vea la cantidad de gente que la rechaza", declaró a AFP la manifestante María Rodríguez.

Según una encuesta de Datanálisis, 85% de los venezolanos rechaza modificar la Constitución de 1999.

La sentencia "despeja toda duda sobre ausencia de remedios judiciales" a la crisis, opinó el constitucionalista José Ignacio Hernández.

"Inepta significa que es incapaz", dijo irónicamente el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente.

- "Amenazas" -

Ortega rechaza la Constituyente al considerar que su convocatoria y la definición del sistema de elección de sus 545 asambleístas no son potestad de Maduro y que el mandatario debió consultar a los venezolanos en referendo, como hizo el expresidente Hugo Chávez -fallecido en 2013- con la Carta Magna de 1999.

En abierto desafío a Maduro, la fiscal, a quien apoyan figuras del chavismo disidente, llamó a la población a oponerse.

Ortega denunció este lunes, en una entrevista radial, que ella y sus familiares han sido víctimas de amenazas telefónicas y acoso, y responsabilizó al Estado de lo que "pueda pasar".

Según un documento difundido por el Ministerio Público, fiscales y procuradores generales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay expresaron "profunda preocupación" por "actos de hostigamiento" contra la funcionaria venezolana.

Maduro aseguró el domingo que Ortega pasó a ser "líder de opinión de los sectores opositores" a la Constituyente; al tiempo que dirigentes oficialistas advierten que, una vez elegida el 30 de julio, esa asamblea será un "suprapoder" que tendrá entre sus primeras tareas destituir a la fiscal.

La MUD descartó participar en la Constituyente al considerarla un "fraude" de Maduro para instaurar una Carta Magna "a la cubana" y perpetuarse en el poder.

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